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Agencia UNO
Jueza Ibacache decreta prisión preventiva para Migueles, Vargas y Lagos en caso Muñeca Bielorrusa
La jueza Patricia Michelle Ibacache decretó prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, acusados de sobornos y lavado en la arista “Muñeca Bielorrusa”, que buscaba influir fallos de la Corte Suprema. La resolución, basada en rutas de dinero, encuentros y georreferencias,
La jueza Patricia Michelle Ibacache decretó este sábado prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en el caso “Muñeca Bielorrusa”, la arista del caso Audio que investiga sobornos, cohecho y lavado de activos destinados a influir en fallos de la Corte Suprema en favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.
Tras ocho días de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la magistrada acogió íntegramente las cautelares solicitadas por la Fiscalía Regional de Los Lagos, afirmando que la libertad de los tres imputados constituye “un peligro para la seguridad de la sociedad”. La decisión se basó en una serie de antecedentes presentados en audiencia, incluidas rutas de dinero, georreferenciaciones y encuentros clave entre los involucrados.
“El Poder Judicial ha tenido que vivir con el fantasma de la corrupción. Ese fantasma dejó de ser una idea en el aire”, dijo la jueza al justificar la máxima cautelar. Apuntó también al uso que los acusados habrían dado a los recursos obtenidos ilícitamente: “Quienes han sido formalizados se han reído de un país manteniendo reuniones sociales”, afirmó.
Los hechos claves para la cautelar
La fiscalía imputa a Vargas y Lagos soborno y lavado de activos, mientras que a Migueles—pareja de la exministra Ángela Vivanco—se le atribuye cohecho reiterado y lavado de activos. Durante los alegatos, el Ministerio Público sostuvo que ambos abogados habrían pagado millonarios sobornos a Vivanco y a Migueles para obtener fallos favorables en causas donde Belaz Movitec litigaba contra Codelco.
En su resolución, Ibacache destacó las “irregularidades graves” detectadas en dos causas que involucraron a Vivanco y que, según la fiscalía, habrían sido influenciadas mediante pagos coordinados. La jueza recalcó que para justificar la prisión preventiva “se requería mayor precisión” respecto de cómo y cuándo se habrían producido los encuentros y transferencias, antecedentes que —según dijo— fueron aclarados por diligencias practicadas durante la misma formalización.
Un punto crítico fue la georreferenciación presentada por la fiscalía, cuestionada durante la semana por las defensas. Incluso se incorporó el testimonio de una estilista de Vivanco, quien aseguró haber atendido a la exministra el 4 de julio de 2023, fecha en que la fiscalía sostiene que recibió una primera coima por US$ 15.600. No obstante, Ibacache estimó que la declaración no descartaba completamente la reunión, pues existía “al menos un lapso de 30 minutos” en el que tal encuentro pudo haberse producido.
La jueza también dio por acreditada preliminarmente la presencia de Vargas y Lagos en su oficina el 18 de diciembre de 2023 —el día en que Migueles habría recogido otro pago por gestiones atribuidas a Vivanco— y consideró que las cifras involucradas no tendrían explicación plausible “sin la comisión previa de los otros delitos”.
Plazo de investigación y solicitudes de la defensa
Tras un breve debate, el tribunal fijó en 90 días el plazo de investigación. Por su parte, las defensas solicitaron acceso a la totalidad de los informes y diligencias practicadas por la fiscalía, documentación que será remitida por correo electrónico.
Con esta resolución, los tres imputados iniciarán la etapa investigativa privados de libertad, mientras continúa escalando una causa que ha remecido nuevamente al Poder Judicial y cuyos efectos aún están lejos de agotarse.
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