PAÍS
Presupuesto llega al Senado marcado por rechazo a carteras políticas y nuevo Ministerio de Seguridad
Con un total de 14 partidas rechazadas, entre las que se cuentan Educación, Salud, Seguridad Pública, Energía y Medio Ambiente, el proyecto pasa ahora a la revisión del Senado.
La Sala de la Cámara de Diputados culminó la discusión, en primer trámite, de la Ley de Presupuestos 2026 con la aprobación de 19 partidas y el rechazo de las restantes 14 que componen la propuesta de gastos del sector público para el próximo año. Asimismo, se repuso el articulado del proyecto con diversas indicaciones parlamentarias.
De igual modo, en las partidas, el Ejecutivo acogió propuestas de los parlamentarios, así como una reducción general en materia del pago de funciones críticas.
En esta segunda jornada de discusión, los diputados aprobaron 8 de las 16 partidas revisadas en la sesión, que se suman a las 12 aprobadas por la Corporación en su primera jornada.
De este modo, se dio el visto bueno a la reposición de recursos correspondientes a Vivienda, Transportes, Desarrollo Social, Mujer, Cultura, Ciencia y el Ministerio Público, así como la ratificación del presupuesto del Servicio Electoral. En la sesión del día lunes, se habían aprobado las partidas del Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Economía, Hacienda, Justicia, Defensa Nacional, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales y Trabajo.
En tanto, se rechazó la reposición presupuestaria de los ministerios Secretaría General de Gobierno (Segegob), Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Energía, Medio Ambiente, Deporte, Seguridad Pública, junto a los recursos de la partida de gobiernos regionales y de Tesoro Público. Estos rechazos se suman a las partidas de Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud y Minería.
La iniciativa se remitió así a segundo trámite en el Senado.
Discusión partidas 2026
En la segunda sesión de debate de la Ley de Presupuestos 2026, el análisis de las partidas de Vivienda y Seguridad Pública concitaron una mayor discusión.
En el primer caso, se debió a la rebaja en materia de subsidios que contenía la propuesta del Gobierno y que desde el Congreso se pidió corregir. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aclaró que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) ya ha logrado entregar 230 mil soluciones habitacionales, de una meta de 260 mil. Adelantó, además, que se van a dejar más de 120 mil casas que se inaugurarán por el próximo Gobierno.
Asimismo, informó que se recogió la solicitud parlamentaria y se aumentó la cantidad de subsidios DS49, pasando de 25 mil unidades a 40 mil, con un incremento del programa de 17,4 millones de UF. El punto favoreció la aprobación del ítem.
Por el contrario, en materia de Seguridad Pública, partida que se discute por primera vez desde la creación del nuevo ministerio, sus recursos fueron rechazados en forma transversal por la Sala (5 votos a favor, 116 en contra y 9 abstenciones).
La principal crítica de la oposición fue que el Gobierno no atiende una demanda fundamental de la ciudadanía. Así, se observó negativamente que se redujeran sustancialmente los fondos para el plan contra el crimen organizado y prevención del delito. Igualmente, que se mantenga un congelamiento de los dineros destinados a las policías.
Rechazo a carteras políticas y Medio Ambiente
El rechazo de la provisión presupuestaria de la Segegob y de la Segpres se motivó en argumentos de la UDI y republicanos, que propusieron eliminar ambas carteras. Dichas bancadas plantearon que pasen a ser parte del Ministerio del Interior, para disminuir el aparataje estatal.
En cuanto a los fondos rechazados del Ministerio del Medio Ambiente, desde la bancada republicana se sostuvo que esta repartición es la mayor amenaza al crecimiento económico del país.
Por el contrario, otros sectores llamaron a disponer de mayores recursos para programas en pos del cuidado ambiental, como programas de reciclaje que llevan adelante los municipios.
Además, en particular, la diputada Yovana Ahumada (PSC) llamó a terminar con la auto fiscalización de Codelco que, sostuvo, es el mayor responsable de la polución en la región de Antofagasta, territorio que hoy presenta los mayores índices de cáncer del país.
Desde el Ejecutivo, Grau aseguró que el cambio climático es un fenómeno que está comprobado y ha sido una prioridad de los últimos dos gobiernos. Adicionalmente, respecto de quienes creen que la protección del medio ambiente es incompatible con la inversión, informó que este año cerrará con el mayor número de proyectos aprobados, que suman 34 mil millones de dólares.
Indicaciones parlamentarias
Durante la votación del articulado del proyecto, la Sala aprobó algunas indicaciones presentadas por el diputado Frank Sauerbaum (RN) que buscan delimitar procesos referidos a la migración irregular.
En primer lugar, se prohíbe con cargo a la Ley de Presupuestos 2026 “la implementacion o ejecución de todo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular”. Además, que en el proceso de Admisión Escolar 2027, el Ministerio de Educación deberá ejecutar acciones para priorizar la asignación de vacantes a chilenos y extranjeros en situación migratoria regular.
En tanto, la Sala rechazó el artículo del Gobierno que limitaba a 6.500 el traspaso de honorarios a contrata en la administración del Estado. Al respecto, se aprobó una indicación presentada por el diputado Sauerbaum que dispone que el cambio de calidad jurídica de honorario a suma alzada a contrata, estará sujeto a ser calificada como necesaria para el continuo y buen funcionamiento del servicio por parte del jefe superior del servicio y, en caso de duda, podrá ser consultado a la Contraloría General de la República.
En estos casos, el Ejecutivo anunció reserva de constitucionalidad, toda vez que las normas incidirían en la administración financiera o presupuestaria del Estado, al señalar el modo de ejecutar los recursos.
Finalmente, entre otros puntos, se aprobó una indicación parlamentaria que señala que todos los órganos del Estado deberán informar a la Comisión Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de enero de 2026, el estado de avance de los procesos disciplinarios instruidos a funcionarios por mal uso de licencias médicas.
