Explosión de tensiones en Sernageomin por contrataciones no idóneas tras accidente en El Teniente

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) enfrenta momentos críticos desde el fatal accidente ocurrido el 31 de julio en las obras de extensión de la División El Teniente, de Codelco. A la falta de claridad técnica tras la tragedia se suma ahora un elemento detonante: la apertura de un sumario contra el director nacional subrogante del servicio, Andrés León Riquelme, cuya primera arista apunta directamente a la contratación de personal sin las competencias técnicas necesarias para investigar el accidente, particularmente en el área geomecánica.

La contratación cuestionada –según antecedentes denunciados ante la Asociación de Funcionarios AFUSER y revisados por El Mostrador– involucra a Antonio Muñoz Caballero, exseremi de Minería y exdirector regional del propio Sernageomin, cuyo perfil académico y profesional no incluiría la especialidad requerida para evaluar estabilidad de labores, un elemento clave para comprender por qué colapsó la estructura en El Teniente. Pese a que la Dirección de Presupuestos había destinado recursos para integrar especialistas altamente calificados, Muñoz habría obtenido la peor evaluación técnica, lo que reforzó las sospechas de contratación política.

Este episodio se vincula con un problema de fondo: la falta de personal experto en geomecánica dentro del servicio, un déficit que quedó al descubierto tras el accidente fatal. Hasta mediados de año existían solo tres profesionales especializados en el nivel central y ninguno en las regiones, pese a que más de 3 mil faenas requieren fiscalización. La decisión de incorporar perfiles no aptos para estas labores gatilló la arista principal del sumario y reactivó críticas previas sobre la falta de liderazgo técnico en la institución.

Paralelamente, el caso abrió un segundo frente: cuatro denuncias de maltrato laboral, hostigamiento y presuntas represalias, todas ingresadas bajo la Ley Karin ante la Contraloría y el Ministerio de Minería, tanto contra León como contra el jefe jurídico (s), Salustio Montalva. Los denunciantes señalaron temer que el director habría iniciado sumarios administrativos en su contra como forma de represalia, lo que vulneraría expresamente la normativa que protege a víctimas y denunciantes.

El ambiente interno acompaña esa percepción. Una encuesta de salud mental realizada por la ACHS entre septiembre y octubre reveló un clima profundamente deteriorado: un 54,3% de los funcionarios reportó sentirse vulnerable y un 63% manifestó insatisfacción en materias de confianza y justicia organizacional. Funcionarios describen un entorno marcado por tensiones, exclusión profesional, desorden operativo y pérdida de rumbo técnico.

Frente a las consultas de El Mostrador, León afirmó haber sido notificado del sumario y aseguró que los hechos denunciados serían anteriores a su llegada al cargo. Recalcó que en sus cinco meses de gestión habría actuado apegado a los estándares de probidad. Desde el Ministerio de Minería, en tanto, no hubo comentarios.

El episodio se suma a críticas más amplias sobre la conducción técnica del servicio. Tras el accidente, el Senado cuestionó abiertamente que la plana mayor del organismo –incluyendo al propio director– no contara con las competencias requeridas para liderar una institución eminentemente técnica. El perfil profesional de León, proveniente del área ambiental, y su historial previo en el Servicio de Evaluación Ambiental, donde también fue acusado de operar políticamente, profundizan la controversia.

El sumario recién iniciado amenaza con abrir un capítulo mayor en la crisis institucional del Sernageomin, donde las tensiones internas, las denuncias por maltrato y la falta de especialistas confluyen en un momento clave: esclarecer las causas de uno de los accidentes mineros más graves de los últimos años.