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Muñeca Bielorrusa: Migueles, Vargas y Lagos siguen en la cárcel por riesgo para la investigación
Se confirmó la resolución que mantiene la medida cautelar más gravosa, al concluir que existen antecedentes de coordinación entre los imputados, movimientos financieros injustificados y diligencias pendientes que podrían verse afectadas en caso de liberarlos.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, investigación que indaga pagos irregulares para favorecer a la empresa bielorrusa Belaz Movitec en litigios con Codelco ante la Corte Suprema.
La Segunda Sala del tribunal —integrada por la ministra Danai Hasbún, el ministro Mauricio Rettig y la abogada integrante Francisca Amigo— rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas y ratificó la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que el 5 de noviembre decretó la medida más gravosa para los tres imputados. Con ello, continuarán recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanecen desde hace 20 días.
El fiscal Marco Muñoz Becker, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, valoró la resolución, señalando que “confirma el análisis de esta fiscalía y de los querellantes respecto de la existencia de los delitos y la participación de los imputados”. El persecutor agregó que la denominada trama bielorrusa provocó un perjuicio superior a $17 mil millones, cifra que —según dijo— impactó directamente al patrimonio fiscal.
Peligro para la seguridad de la sociedad
En el fallo, el tribunal de alzada sostuvo que la libertad de los imputados representa un riesgo para la seguridad pública y para el éxito de diligencias aún pendientes. La Corte enfatizó que los hechos investigados muestran reiteración delictiva, lo que eleva la pena probable a rango de crimen.
El fallo recalca que los ilícitos imputados afectan bienes jurídicos esenciales:
- La recta administración de justicia, en el caso del cohecho y el soborno.
- El orden socioeconómico, en el caso del lavado de activos.
“Los hechos conocidos por esta Corte dan cuenta de una reiteración que, en materia concursal, eleva la pena probable a la de crimen (…) No se puede obviar que el injusto ha recaído en la máxima instancia de nuestro sistema judicial, mermando significativamente la confianza en la administración de justicia”, sostiene la resolución.
El tribunal también apuntó al riesgo de entorpecimiento de la investigación, señalando que aún existen diligencias sensibles —algunas relativas a terceros formalizados o aún no formalizados— que podrían verse afectadas por la liberación de los imputados.
Coordinación entre los imputados y movimientos de dinero
Entre los argumentos para mantener la prisión preventiva, la Corte destacó que la conducta de los acusados no puede analizarse en forma aislada. “Entre todos ellos existían vínculos de confianza y cercanía que les permitían actuar de manera coordinada en la realización de los tipos penales”, sostuvo la sala.
El fallo detalla antecedentes sobre triangulaciones de fondos ligadas al caso:
- pagos de la empresa beneficiada con las resoluciones cuestionadas;
- posterior distribución de dinero entre los coacusados;
- compra de dólares en una misma casa de cambio;
- gastos en objetos adquiridos en el extranjero;
- pagos de tarjetas de crédito e inversiones sin justificación aparente.
La arista Silber y los nuevos antecedentes
Durante la revisión de la medida, la Fiscalía destacó la declaración del exdiputado Gabriel Silber, quien hasta agosto fue socio de Vargas y Lagos. El exparlamentario declaró voluntariamente en Puerto Montt y se desligó de sus exsocios, aportando datos que se consideran relevantes para la investigación.
Silber afirmó que:
- Mario Vargas habría facilitado un departamento en Papudo a la exministra Ángela Vivanco durante la tramitación del litigio entre Belaz Movitec y Codelco.
- Fue citado a Capitán Yáber para elaborar una declaración que justificara un pago de $45 millones a Gonzalo Migueles, monto que Fiscalía indaga como una posible coima.
- El exdiputado DC Jorge Cornejo habría tenido acceso al fallo antes de su publicación y, por instrucción de Lagos, contactó al gerente general de Codelco para intentar un “acuerdo”.
“La declaración del imputado Silber es más allá de eso (…) sus afirmaciones han sido negativas para los coacusados cada vez que se han verificado diligencias”, sostuvo el persecutor en audiencia.
Los alegatos de las defensas
Las defensas alegaron que la prisión preventiva sería desproporcionada y que existen medidas menos gravosas que permitirían asegurar los fines del proceso.
La defensa de Lagos subrayó que su representado se entregó voluntariamente a Carabineros y facilitó su teléfono celular. En tanto, el abogado de Migueles propuso una fórmula de arresto domiciliario total, prohibición de salida del país y prohibición de contacto con terceros relacionados, incluida la exministra Vivanco, cuestionando que ninguna de esas alternativas fuera considerada suficiente.
“El día que supo de la orden de detención compareció voluntariamente. Eso no es huir”, alegó la defensa de Lagos.
Sin embargo, la Corte sostuvo que las medidas solicitadas no garantizan la seguridad de la investigación ni mitigan el riesgo de coordinación o fuga.
Con todos estos elementos, el tribunal de alzada concluyó que la prisión preventiva permanece plenamente justificada y resolvió:
“Se confirma la resolución apelada (…) por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
El caso Muñeca Bielorrusa continúa avanzando con diligencias consideradas sensibles por el Ministerio Público y con una red de actores —operadores, abogados y exautoridades judiciales— bajo escrutinio por operaciones para influir en fallos de la Corte Suprema en beneficio del consorcio bielorruso.
