Informes sobre demencia a agentes DINA: fallo ordena nuevo peritaje por bajo estándar de prueba

El martes de esta semana, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó la sentencia a favor del exagente de la DINA, César Manríquez Bravo. En mayo del año pasado Manríquez fue autorizado a cumplir el resto de su condena en custodia de su esposa, luego de que una serie de informes, entre ellos uno del Servicio Médico Legal, detectaran una supuesta condición clínica de enajenación mental.

Tras la apelación presentada por los abogados Nelson Caucoto y Andrea Gattini, el tribunal resolvió solicitar un nuevo informe psiquiátrico de un especialista del hospital El Salvador, buscando acreditar la real condición mental del exjefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, Villa Grimaldi y Rinconada de Maipú.

Esto, luego de que los abogados querellantes en la denominada Operación Colombo acusaran que los informes emitidos eran insuficientes para demostrar la enajenación mental de Manríquez, condenado como uno de los autores de la desaparición de la asistente social Jacqueline Binfa y el veterinario Jorge D’Orival en el año 1974.

Ambos casos, cabe consignar, son víctimas del montaje comunicacional realizado por la DINA, junto a servicios de inteligencia de Brasil y Argentina, para encubrir la muerte y desaparición de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. “Exterminados como ratones”, el titular de La Segunda, representa probablemente el recuerdo más vergonzoso del episodio.

Las quejas respecto al fallo anterior, apuntaban a que en ninguno de los cinco informes presentados “se hace referencia a los elementos por los cuales llegan los peritos a la conclusión de que el condenado tiene efectivamente demencia, ni el grado o etapa de desarrollo de dicha patología en la actualidad”, explica la resolución judicial.

La reciente sentencia es categórica en señalar que al menos “cuatro informes referidos en el considerando anterior fueron realizados en circunstancias distintas de un diagnóstico psiquiátrico de enajenación mental”. El documento, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, señala que incluso uno de ellos es de carácter social.

Respecto al informe elaborado por el Servicio Médico Legal, el fallo sostiene que “no indica con precisión la patología o condición médico-psiquiátrica particular que padecería el condenado conforme el correspondiente catálogo de diagnósticos empleado”. No solo eso, además señala que el diagnóstico fue realizado en base a una sola entrevista al condenado y su cónyuge.

Para la abogada querellante, Andrea Gattini, la resolución judicial es relevante debido a que “aumenta el estándar para poder mandar a la casa a criminales de lesa humanidad”. “No estamos hablando de delincuentes comunes, sino de los peores crímenes posibles de cometer por funcionarios públicos. Por lo tanto, el estándar para poder enviar a la casa a un sujeto condenado por crímenes de esta naturaleza tiene que ser el más alto posible”, arguye.

Los informes proporcionados a la justicia, agrega Gattini, son absolutamente insuficientes para poder acreditar una enajenación mental, debido a que estos “ni siquiera son capaces de llegar a un diagnóstico”. El gran problema, agrega la abogada, es que tampoco a través de ellos se logra acreditar una patología.

“La metodología que emplean es insuficiente. Generalmente se hacen a través de entrevistas con el sujeto o con algún familiar cercano. Tampoco hay que olvidar que estas personas son especialistas en inteligencia y simulación. Además, estas entrevistas se hacen sin tener absolutamente ningún antecedente médico a la vista, por tanto, las conclusiones son insuficientes”, apunta la abogada querellante.

Fiebre de informes

Los casos de agentes de la DINA que han argumentado enajenación mental se han ido incrementando desde el año 2022, a partir de la presentación de informes médicos que diagnostican demencias u otros trastornos cognitivos de dudosa calidad técnica. El aumento de estos informes ha llevado a abogados de derechos humanos a considerar la instancia como una verdadera “fiebre de informes”.

Uno de los casos emblemáticos es el de Edwin Dimter, condenado por el homicidio de Víctor Jara, quien evitó la cárcel por peritajes que lo declaraban con enajenación mental. Sin embargo, diligencias posteriores demostraron que llevaba una vida autónoma –incluyendo visitas al supermercado manejando–, lo que permitió descartar esos informes y reintegrarlo nuevamente a Punta Peuco. Este tipo de casos, coinciden algunos expertos, garantizarían la impunidad por secretaría.

En una investigación previa de El Mostrador, el abogado Francisco Bustos apuntaba precisamente a este mismo concepto. “Si la persona efectivamente tiene una situación de salud mental, no hay nada que hacer. La Justicia no puede reclamar, pero si la persona está simulando, eso implicaría salir de la cárcel por secretaría y constituye una forma de impunidad por motivación fraudulenta”, comentó en septiembre del año pasado.

En el mismo reportaje, aparece otro caso paradigmático: un informe elaborado por el médico y perito judicial, Hugo Lara Silva, un exlíder neonazi que elabora un documento a favor de Raúl Iturriaga Neumann –condenado a más de 500 años de cárcel por diversos delitos–, argumentando que la condena en su contra es una muestra de venganza.

“No es un delincuente, es un ex soldado de la patria… que cumplió con la reglamentación vigente en su tiempo y lugar, para su institución y para la República”, argumentó el médico en el informe.

Para el neurosiquiatra Luis Fornazzari –consultor de la Clínica de la Memoria y del Programa de Geriatría Psiquiátrica del Hospital St Michael en Canadá y uno de los encargados de los peritajes al exdictador Augusto Pinochet–, la solución para que no se repitan este tipo de errores es realizar peritajes multidisciplinarios.

“En la actualidad, todos los centros asistenciales que evaluamos a pacientes con cualquier tipo de demencia, lo hacemos con equipos multiprofesionales con el objetivo de tener una visión múltiple del trastorno cognitivo y analizarlo desde varios ángulos”, explicó a El Mostrador.

La inexactitud en los diagnósticos, agregó el facultativo, no implicaría una eventual exculpabilidad. “No hay que olvidar que se trata de crímenes de lesa humanidad que tienen dos caras: el respeto a las víctimas, por un lado, y que los pacientes puedan tratarse al interior de las cárceles, con una buena calidad de vida, aunque tengan demencia. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, sostuvo.