PAÍS
Elaborada por El Mostrador
El triángulo de la sospecha: Jouannet, Yang y Correa en el corazón de la (in)seguridad
El eventual arribo de Andrés Jouannet a la Subsecretaría de Seguridad abrió un flanco inesperado: más que su inexperiencia, inquietan sus sociedades con el lobbista Bo Yang —bajo la lupa por vínculos con redes criminales— y el operador Harold Correa, en un cruce donde política y sombras se tocan.
La escena es conocida en la política chilena: un nombre se filtra antes de oficializarse y el ruido comienza a crecer por capas. Esta vez, el protagonista es el diputado Andrés Jouannet, nominado como futuro subsecretario de Seguridad Pública. El cargo no es cualquier destino administrativo. Es el lugar desde donde se coordina la respuesta del Estado frente al crimen organizado. Y ahí, cada vínculo importa.
Jouannet intentó encapsular la polémica con una frase breve: que lo juzguen por sus acciones. Pero el debate no se quedó en su biografía. Se desplazó hacia un punto más incómodo: su ecosistema.
Porque el ruido no proviene solo de su inexperiencia en materias de persecución penal o inteligencia policial —déficit que en otra cartera podría pasar inadvertido—, sino del cruce de nombres que reapareció cuando se revisaron registros societarios y lobby.
El cruce
Agosto de 2021. Se constituye Labs Latin America Business Strategy SpA. En la escritura aparecen tres nombres: Andrés Jouannet, Bo “Emilio” Yang y Harold Correa. El objeto social es amplio, elástico, transversal: consultorías de todo tipo, asesorías comerciales, planificación financiera, importaciones, exportaciones. Una empresa lista para moverse en el territorio donde política y negocios suelen conversar sin micrófono.
El segundo nombre del triángulo es el que tensiona la historia.
Bo Yang —o Emilio, como se presenta en Chile— no es un empresario cualquiera. Su nombre irrumpió con fuerza en el caso Chinamart, cuando salieron a la luz gestiones de la entonces diputada Karol Cariola en favor de personas vinculadas a él.
En los registros judiciales y policiales su figura aparece orbitando un entorno más denso: comerciantes del Barrio Meiggs, domicilios allanados en la Operación Muralla Oriental, menciones en causas por trata de personas y redes financieras asociadas a mafias de origen chino, particularmente de la provincia de Fujian.
Yang también es, oficialmente, un prolífico gestor de intereses. Está en la Ley de Lobby desde 2016: reuniones con InvestChile, CORFO, ministerios y subsecretarías. Ha representado multinacionales estatales chinas, empresas de energía, proyectos ferroviarios. En 2018 y 2019 compartió encuentros oficiales con Jouannet ante el SAG y el Ministerio de Obras Públicas. Años después, terminarían como socios.
No hay sentencia que lo condene. Pero su nombre circula en carpetas investigativas activas sobre crimen organizado, casinos ilegales y trata internacional.
Y en seguridad pública, el entorno pesa tanto como el expediente.
El operador
El tercer vértice es Harold Correa. Un nombre que no grita, pero que siempre aparece. Fue investigado en la arista SQM del financiamiento irregular de la política, cercano a figuras de la ex Concertación, asesor legislativo, gestor territorial. Nunca formalizado. Siempre mencionado.
Correa no es solo un socio comercial. Es también asesor parlamentario de Jouannet, figura registrada en transparencia activa. Su especialidad es el tejido fino: reuniones con dirigentes, audiencias con municipios, gestiones ante servicios públicos. La política en su dimensión más orgánica.
La sociedad entre los tres —diputado, lobbista chino bajo la lupa y operador político con historia en el financiamiento irregular— es el núcleo del problema. Más aún cuando la empresa constituida no registró iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
El barrio y el poder
La trama no se entiende sin el Barrio Meiggs. Allí confluyen comercio, importaciones, tragamonedas ilegales y —según investigaciones en curso— redes de las mafias Bang de Fujian y Hongmen. En esas indagatorias aparecen domicilios, empresas contables y direcciones comerciales que también figuran en sociedades vinculadas a Yang.
En los chats del caso Chinamart, Yang gestionó favores para terceros con antecedentes penales. En los registros de lobby, lideró delegaciones de Fujian ante autoridades chilenas, incluyendo reuniones para hablar —paradoja incluida— sobre cooperación contra el crimen organizado.
El contraste es el que enciende la polémica: mientras el Estado intenta desarticular mafias con arraigo transnacional, uno de los nombres asociados a esas redes fue socio comercial del eventual coordinador de esa lucha.
La señal
Formalmente, nada impide el nombramiento. No hay condenas que lo bloqueen. Pero la política no opera solo en la legalidad. Opera en la percepción.
La Subsecretaría de Seguridad no es un ministerio técnico más. Es el espacio desde donde se articulan policías, inteligencia, prevención y coordinación con la Fiscalía. Es el lugar donde se define cómo enfrentar estructuras criminales que mezclan comercio, lobby y violencia.
Por eso el ruido no se apaga con una cita a Churchill.
En el cruce entre Jouannet, Yang y Correa no hay, hasta ahora, una sentencia. Hay algo distinto: una trama donde política, lobby y mundos opacos se tocan en una misma escritura social. Y cuando un gobierno promete orden, ese tipo de triángulos no pasan inadvertidos.
El dilema no es judicial. Es político.
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