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Andes Iron recurre al Tribunal Ambiental para impugnar rechazo de Dominga por Comité de Ministros
La minera también presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Andes Iron acusa que se estarían vulnerando principios legales y asegura que el proyecto cuenta con informes técnicos favorables.
La compañía minera Andes Iron presentó un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para impugnar la decisión del Comité de Ministros que, en enero de 2025, rechazó el proyecto Dominga. Según argumenta la empresa, la instancia gubernamental habría incorporado fundamentos nuevos relacionados con la algarrobilla, el pacul y el plan de contingencias ante derrames, aspectos que ya habrían sido evaluados y resueltos durante el proceso de calificación ambiental y que no formaban parte de las reclamaciones originales.
El recurso presentado busca restablecer la legalidad del procedimiento, asegurando que el Comité de Ministros no tiene competencias para reabrir materias ya evaluadas. La empresa sostiene que reintroducir nuevas causales “representa una clara vulneración a principios elementales del derecho administrativo, tales como la congruencia, la seguridad jurídica y la prohibición de desviación de poder”. En esa línea, subraya que el fallo del propio tribunal, dictado en diciembre de 2024, estableció parámetros claros respecto al alcance del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité.
Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron, enfatizó que “la justicia ambiental ha determinado que el Comité de Ministros del actual gobierno ha emitido dos pronunciamientos abiertamente ilegales, por lo cual estamos confiados en que nuevamente las instancias técnicas respaldarán nuestro proyecto. Aquí no hay una nueva discusión técnica; lo que está en juego es algo más básico: que se respeten las reglas del juego”.
En paralelo, la empresa interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 20 de febrero de 2026, que anuló un procedimiento de cumplimiento incidental.
La empresa estima que dicha resolución impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica y la correcta aplicación del derecho: “Dominga no solicita privilegios ni excepciones, sino que se respeten las decisiones adoptadas por las autoridades técnicas y confirmadas por los tribunales”.
