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Robo de niños en dictadura: El insólito fallo que levanta procesamiento de imputado
El sujeto más cercano a la exjueza de San Fernando quedó exonerado (de momento) gracias a fallo de sala de la corte de Santiago, pese a todos los antecedentes en su contra. Según dirigente de organización allegada al caso, uno de los ministros es un “negacionista” respecto del tráfico de niños.
Hace algunas semanas no hubo quien no felicitara el trabajo realizado por el ministro de en visita designado para investigar a nivel nacional el masivo robo de niños ocurrido en Chile a partir de los años ‘60, Alejandro Aguilar, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se trata de un delito que tuvo su peak en la dictadura militar, gracias a la connivencia de juezas de menores a lo largo de todo el país, y que hasta hoy contabiliza cerca de 25 mil niños robados.
A inicios de junio el magistrado sometió a proceso a la exjueza de menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez (hoy, Ivonne Bronfman) y a varios de quienes eran parte de la red de trata de menores que ella conformó con su pareja de aquel entonces, el también abogado Alberto Bronfman, quien falleció en 1985.
En dicho esquema, un papel fundamental era el que cumplía un sujeto que cumplía las veces de chofer y de guardaespaldas de ella, Ismael Espinoza León, quien no solo movilizaba todos los días a la jueza, sino que también se preocupaba de llevar a personas a tramitar pasaportes en un lugar cercano al Palacio de la Moneda. Asimismo, declaró que fue él quien llevó a Gutiérrez y Bronfman hasta el aeropuerto Pudahuel en 1983, cuando huyeron de Chile rumbo a Israel, luego de que la jueza se enterara de que al día siguiente sería detenida y sometida a proceso, dado que algunos meses la había denunciado el secretario del tribunal.
En dicho sentido, Espinoza confesó su participación en la organización criminal al ministro Aguilar. Otros testigos dijeron que él era uno de los más cercanos a la exjueza, por lo cual el magistrado lo sometió a proceso como autor de los delitos de asociación ilícita y sustracción de menores, por su participación directa en uno de los casos, en el cual fue sustraído un niño de poco más de un año a su madre, Ruth Reyes Reyes. El fallo dictado por Aguilar está lleno de antecedentes al respecto, todos los cuales fueron exhibidos ante la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que los abogados de Espinoza y otros dos de los imputados (Carlos Vega y Sylvia Vilches) apelaran de la resolución que los procesaba.
Sin embargo, el tribunal emitió un fallo muy escueto, que no solo dejó en libertad a los demás implicados, sino que revocó el auto de procesamiento en contra de Espinoza, pues la Primera Sala consideró que no hay presunciones fundadas de su participación (a diferencia de lo que piensa el instructor del caso), sin explicitar a qué obedece tan evidente diferencia de opinión, pues el pronunciamiento se limita a mencionar que no se cumplen los requisitos del numeral 2 del artículo 274 del antiguo Código de Procedimiento Penal.
Lo más peculiar del asunto es que la sala que decidió de ese modo estaba conformada por el ministro subrogante Fernando Valderrama, el abogado integrante Jorge Benítez y el ministro Guillermo de la Barra Dünner, quien a juicio de varios abogados consultados por El Mostrador debió haberse inhabilitado de conocer el caso, dado que él mismo estuvo a cargo de este, pues en abril de 2024 fue designado por la Corte Suprema para investigar a nivel nacional (obviamente incluyendo San Fernando) las sustracciones de menores, como lo informó el propio Poder Judicial.
Sin embargo, pocos meses después, en julio de 2024, De la Barra pidió a la Corte Suprema “reconsiderar” su nombramiento, lo cual fue acogido por el máximo tribunal, que asignó la investigación al ministro y exjuez del crimen Alejandro Aguilar.
Al respecto, Ana María Olivares, de la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS), que se dedica a buscar a familiares que fueron separados a la fuerza por agentes del Estado, dijo a El Mostrador que lo realizado por la Primera Sala les genera mucha molestia, pues según la dirigenta, el ministro De la Barra, así como Jaime Balmaceda (el magistrado que lo antecedió a cargo de este tipo de causas) son “negacionistas” del robo de niños, aseverando que el que haya quedado en libertad a un sujeto confeso, respecto del cual existen además varios otros antecedentes, evidencia “una actitud sesgada y prejuiciosa”.
Por cierto, la referencia a Balmaceda dice relación con las polémicas declaraciones que formuló en el diario El País, cuando estaba a cargo del caso y le preguntaron por qué no había procesamientos, ocasión en la cual dijo que “se ha tomado declaración indagatoria a todos los que aparecen vinculados y que están vivos, pero no se ha estimado justificada la existencia de un hecho punible, ni se han estimado presunciones que permitan atribuirle participaciones en los hechos como autor, cómplice o encubridor”.
Frente a todo ello el abogado Ciro Colombara, que representa a decenas de familias víctimas de estos delitos, que están en Chile, EEUU, Holanda, Suiza, Suecia, Francia y Argentina, y que es querellante respecto de víctimas de la arista San Fernando dijo a El Mostrador que “el ministro Aguilar y su equipo ha venido desarrollando una investigación seria, acuciosa y profunda desde el momento de su designación, y este auto de procesamiento es muy relevante porque deja en evidencia a una de las bandas criminales, encabezada por la jueza Ivonne Gutierrez, que huyó a Israel hace más de 40 años, y a los abogados que participaron en estos delitos”.
En ese sentido, precisó que “estamos avanzando con abogados en Israel para que la extradición de la exjueza sea aprobada y, respecto de la revocación del procesamiento de Ismael Espinoza por parte de la Corte de Apelaciones, confiamos en que la realización de diligencias claves permitirá procesarlo en un futuro cercano”.
El inicio del fin de la pesadilla
Mientras todo ello sucede en lo netamente penal comienza a finalizar la espera de Reyes, cuyo hijo Alex, nacido en 1981, le fue sustraído en diciembre de 1982 por la exjueza Gutiérrez. Esta le dijo que el niño sería internado en un hogar de menores, por lo cual la víctima -una muchacha de Nancagua, de 16 años al momento de los hechos y madre de otro menor- trató de ir a verlo un par de semanas después de que la magistrada se quedara con él.
Sin embargo, como consta en la querella de capítulos que Reyes presentó en 1983, “a mi requerimiento la juez se mostró amenazante y burlona; me dijo que no debía preguntar más por él pues se encontraba bien y que si yo insistía en preguntar me iba a encarcelar“, agregando que “desde que la juez se apoderó de mi pequeño, no lo he vuelto a ver y no tengo certeza sobre su actual paradero y su estado, y en poder de quién se encuentra“.
Sin embargo, la semana pasada y luego de una serie de gestiones realizadas por HMS, el pequeño Alex, hoy un hombre de 44 años, fue finalmente ubicado. Tal como sucedió en muchos otros casos, fue vendido a una pareja de ciudadanos estadounidenses y por ende hoy, con otra identidad, es un ciudadano de EEUU, residente en Iowa, que hasta la semana pasada nada sabía de su origen, y que -como es obvio- quedó en estado de shock cuando le relataron la historia.
Actualmente está comunicándose en forma virtual con su madre biológica, aprendiendo algunas palabras en español y, por supuesto, considerando la posibilidad de viajar a conocerla.
Cabe recordar que los extranjeros pagaban 50 mil dólares de la época por cada bebé chileno que vendía la mafia encabezada por Gutiérrez y Bronfman. De acuerdo con lo indagado hasta el momento, al menos 47 bebés robados a mujeres jóvenes y pobres de San Fernando y Santa Cruz fueron vendidos a matrimonios de EEUU, de Italia, Bélgica y Francia, por lo cual las ganancias del grupo eran como mínimo de dos millones 350 mil dólares, monto que, ajustado a la inflación, equivale a 7.6 millones de dólares en la actualidad; es decir, unos 7.500 millones de pesos.
Gutiérrez, que también fue sometida a proceso, se encontraba hasta algunas semanas atrás en un suburbio de Tel Aviv, en Israel, donde ejerce como abogada. Junto con su procesamiento, el ministro Aguilar solicitó además a la Corte Suprema que se inicien los trámites destinados a extraditarla desde dicho país, a fin de que responda por los delitos que se le imputan en Chile, que parecen extraídos de un cuento de horror, más que de la vida real.
