Justicia civil: el colapso de la gran caja cobradora de deudas en Chile

“Hay proyectos que parecen dormir el sueño de los justos”, dice Cristián Maturana, académico de la Universidad de Chile, intentando dimensionar los más de 20 años transcurridos desde que se abrió el debate por una nueva reforma procesal civil, en el año 2004, y los 13 años desde que se ingresó por primera vez el proyecto de ley a la Cámara de Diputadas y Diputados, en marzo de 2012.

La propuesta legislativa se presentó en el Parlamento a mediados del primer Gobierno de Sebastián Piñera y fue materia de discusión pública durante la campaña presidencial del año 2013, al punto que los representantes de los candidatos debatieron sobre la iniciativa en la Casa Central de la Universidad de Chile. “En esa época había algo de voluntad política, pero hoy no se menciona siquiera una línea por parte de los candidatos”, dice Maturana, refiriéndose a la ausencia casi absoluta del tema en las presentes campañas electorales, salvo contadas excepciones, como lo explicó El Mostrador.

El proyecto ha pasado por cuatro gobiernos distintos y se mantiene en segundo trámite constitucional en el Senado desde hace 4 años, mientras abogados, expertos y académicos insisten desde hace décadas en reformar el Código de Procedimiento Civil –vigente en nuestro país desde el año 1903– y que nos tiene con el triste récord de ser el único país en Iberoamérica sin una reforma de este tipo.

Los expertos coinciden en que se trata de un sistema engorroso, lento y de raigambre colonial, cuyo origen se remonta a la sociedad española de mediados del siglo XIX –hace más de un siglo y medio–, periodo en el que su vigencia se ha mantenido inalterable. Todavía, incluso, las acusaciones se realizan por escrito, con un sistema complejo de pruebas y sin un vínculo presencial con un juez. “Un régimen obsoleto”, plantean.

Cristián Maturana ocupa un viejo refrán para intentar explicar la tardanza de los juicios en material civil, que en algunos casos pueden llegar a superar los cinco años. “La justicia que tarda, es justicia que se niega”, dice, argumentando que su ausencia atenta contra los valores democráticos. “Si tú no tienes procesos para proteger esos derechos, en el fondo, no tienes derechos. Entonces, empiezas a tener una democracia meramente formal y no una democracia sustancial que resuelve realmente los conflictos”, explica.

Si esta situación se mantiene a nivel social, advierte Maturana, “nos vamos a encontrar con la ley de la selva”, agregando que “lo que pasa es que la denegación de solución a los problemas de la gente va degradando toda la visión que tienen sobre el mismo sistema de justicia, que desde hace tiempo está mal catalogado, por no brindar un servicio eficiente para resolver conflictos. A esto se suma la desconfianza de que todos los jueces son flojos, cuando la verdad es que trabajan, pero tienen un tsunami de trabajo encima y no tienen la posibilidad de salir de él”.

La papelería de la burocracia

José Pedro Silva es director del Programa de Reformas a la Justicia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha encabezado la propuesta, junto a otros expertos del mundo académico, desde el año 2004. El abogado asegura que el impacto más importante de esta reforma es ofrecer un acceso a la justicia a personas de menos recursos, resolviendo sus problemas cotidianos de manera más eficiente.

“Es insostenible, en cualquier parte del mundo, que un juicio demore 8 años. Los conflictos civiles o patrimoniales requieren de una rápida solución. Y el propósito de los sistemas reformados es acortar los tiempos de respuesta y eso implica que tienes que tener una respuesta diferenciada para cada tipo de problemática”, sostiene, en referencia a los costos de litigación asociados, que por lo general solo pueden ser cubiertos por personas con buena situación económica.

Una de las dificultades, precisamente, es que los juicios de cobranza han copado el sistema de justicia civil. Las cifras, en ese sentido, son elocuentes. Todos los años ingresan al sistema civil 1 millón 200 mil causas, una cifra que representa un 40% de los ingresos totales del sistema judicial. De ese total, el 84% son causas relacionadas con cobranzas de tarjetas de crédito, pagarés bancarios u otro tipo de deuda financiera o comercial.

En otras palabras, cobro de deudas.

“Eso es lo que está cooptando al sistema y, en la práctica, obstaculiza el acceso a los servicios de justicia de toda la ciudadanía. Por consiguiente, si logramos racionalizar la tramitación del sistema de cobranza, que es una de las propuestas de la reforma, liberaríamos ese tiempo fantástico a los jueces para resolver los conflictos de las personas, que hoy no llegan al sistema por demoras, costos y falta de acceso”, puntualiza, refiriéndose a cómo la justicia civil afecta a los más desposeídos.

La solución, según el proyecto, es la creación de nuevas unidades administrativas en manos de funcionarios especializados o mediadores, que puedan resolver los conflictos antes de llegar a un juicio de cobranza. “Uno de los mandatos que tiene la gestora administrativa es que los deudores puedan llegar a acuerdos con sus acreedores. Entonces, lo que se propone no es borrar esta conflictividad real, sino reconducirla, para despejar el tiempo de los jueces y que puedan resolver los conflictos verdaderos”, añade Silva.

Las problemáticas restantes se resolverían en juicios declarativos, con presentación de demandas, acompañamiento de pruebas y estructurados sobre la base de audiencias, igual que los procedimientos orales de la justicia penal. Esto implica, en el fondo, “la participación de un juez que escucha a las partes que, además de sentirse consideradas por el Estado, tienen una disposición natural a buscar una solución para resolver su conflicto, que antes figuraba escondido en la papelería de la burocracia”, explica Silva.

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Mirada cortoplacista

La demora en la aprobación de la ley que permita implementar un nuevo sistema de justicia civil, según Cristián Maturana, no solo afecta la protección de derechos de eventuales víctimas, sino que también influye en el correcto funcionamiento de la economía. “Un país que protege sus derechos es un país que progresa. Si tienes una propiedad tomada y no la puedes recuperar, termina valiendo menos. Y eso, en estricto rigor, afecta la paz social”, aclara.

Sobre las razones respecto a la tardanza en el trámite legislativo que lleva varios años durmiendo en el Senado, los abogados aseguran que falta voluntad política. José Pedro Silva plantea que el proyecto requiere destinar equipos ministeriales, como sucedió durante el segundo Gobierno de Piñera, para defender de manera adecuada la iniciativa en el Parlamento. “Fuimos todos los martes, durante dos años, al Congreso, porque estaba la agenda reservada para tramitar el proyecto”, recuerda.

No solo eso, agrega el abogado, sino que también viajaron a distintos países buscando empaparse de otras experiencias, realizaron seminarios en diferentes ciudades del país y recorrieron diversas Cortes de Apelaciones, junto a autoridades políticas y representantes del Ministerio de Justicia, promoviendo una reforma que entonces parecía encaminada a transformarse en ley.

Pese a aprobarse una glosa presupuestaria de 80 mil millones de pesos para la implementación del proyecto, los equipos de trabajo que funcionaban en el Ministerio de Justicia fueron desmantelados durante el Gobierno de Gabriel Boric. Silva asegura que no han existido avances en este sentido y que ha faltado voluntad para reimpulsar la iniciativa.

“Fuimos a hablar con el ministro Cordero en su momento, él fue muy gentil y nos dijo que para el Gobierno, al igual que los gobiernos anteriores, el tema era una prioridad y que nos iba a llamar. La verdad es que no nos llamaron nunca”, aclara Silva.

Cristián Maturana asegura que la postergación de la reforma tiene que ver con una visión cortoplacista de la política. “Mientras tengamos una mirada a corto plazo y no con políticas de Estado para desarrollar proyectos importantes, no vamos a tener reformas de este tipo, porque los gobiernos se preocupan de sus cuatro años y no de los 12 que implica montar una reforma procesal civil”.