Usó licencia para pitutear en el Core: ordenan devolver dinero a nuevo delegado provincial

Es imposible que los nombramientos políticos dejen a todo el mundo conforme. Por definición, los cargos se disputan hasta el final y no siempre alcanzan consenso. Fue lo que pasó tras conocerse la última nómina de delegados presidenciales provinciales, presentada el viernes pasado por el nuevo Gobierno, cuando se supo de la designación de Pedro Marileo Lavín para la provincia de Arauco.

Como en otras ocasiones, también fueron antiguos tuits los que alimentaron la discordia. Marileo es cercano al Partido Social Cristiano y fue candidato a alcalde de Tirúa en el año 2024. Su nombramiento generó molestia en varios partidos oficialistas, pero particularmente en la UDI, debido a una serie de publicaciones donde manifiesta su rechazo a la militarización del “Wallmapu” y tilda el Plan Araucanía de Piñera como un “guiño al empresariado y latifundios”.

La diputada de la UDI Flor Weisse sostuvo que “es difícil de entender la designación” y Jacqueline van Rysselberghe, exsenadora del mismo partido, aseguró que el nuevo Gobierno “no puede nombrar a alguien que avaló la violencia del 18 de octubre y que habla de nación mapuche”. “Hay tanta gente que puede ser un aporte a este Gobierno”, agregó.

El caso de Marileo, en todo caso, no fue la única polémica por un nombramiento. En Melipilla también hubo discrepancia por la nominación del nuevo delegado provincial presidencial, Gastón Libuy Loyola (UDI), exasesor jurídico de la misma repartición que hoy le toca encabezar. Varios alcaldes de la provincia se manifestaron en contra de la designación, como la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, quien aseguró que necesitaban “alguien con dedicación, conocimiento y empatía”.

Lo que no se sabía hasta ahora, sin embargo, es un sumario en contra de la nueva autoridad, donde se lo sanciona por no cumplir con el reposo de una licencia médica, acudiendo a distintas audiencias judiciales y sesiones del Consejo Regional Metropolitano, donde le tocó reemplazar a la consejera Paula Gárate. El problema no solo fue asistir cuando se supone que no debía, sino que parte de su remuneración la recibió de manera irregular.

En medio de la investigación interna, Contraloría envió al Compin los antecedentes de la denuncia presentada por la entonces delegada presidencial provincial de Melipilla, Sandra Saavedra, en contra del entonces asesor jurídico, por uso irregular de licencia médica.

Apenas la Seremi de Salud confirmó el incumplimiento del reposo a Contraloría, esta última solicitó a Libuy devolver poco más de $1 millón, tras comprobar que recibió remuneraciones de manera improcedente, algo que para quienes conocen el caso constituye una “conducta inexcusable”.

Licencia y pagos

A propósito de la detección de más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante el periodo de sus licencias médicas –lo que fue revelado por un informe de Contraloría, publicado en mayo del año pasado–, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast calificó el escándalo como “una de las estafas más vergonzosas y masivas de los últimos años”.

A fines de mayo de ese mismo año anunció una iniciativa para terminar con la impunidad del sistema, que llamó “sin licencia para estafar”. El proyecto contemplaba, entre otras medidas, reformar el Estatuto Administrativo para que el mal uso de licencias médicas sea causal directa de despido y prohibición de contratación.

Como en el caso de Marileo, el nombramiento de Libuy ha generado controversia básicamente, básicamente por la misma razón: la contradicción entre la propuesta presidencial y la elección de personeros con conductas contrarias al discurso oficial. “El tema es complejo, porque él era asesor jurídico y es imposible que no supiera que estaba incurriendo en una falta administrativa”, asegura una fuente que trabajó con el abogado cercano a la UDI.

El caso del nuevo delegado presidencial provincial de Melipilla partió el 19 de noviembre de 2024, cuando la Subsecretaría del Interior instruyó un sumario administrativo en su contra por incumplimiento del reposo médico prescrito en licencia laboral.

El cierre de la etapa de investigación y formulación de cargos, según los antecedentes a los que pudo acceder la Unidad de Investigación de El Mostrador, determinó que Libuy desarrolló actividades en calidad de consejero regional metropolitano, participando en sesiones plenarias y comisiones durante la vigencia de la licencia, “conducta contraria a la obligación de observancia del principio de probidad y cumplimiento del reposo prescrito”, explica el sumario.

Además –agrega la investigación–, el exasesor jurídico habría reconocido que durante el periodo en cuestión participó en audiencias judiciales, debido a que el otro abogado de la Delegación Presidencial Provincial de Melipilla se encontraba haciendo uso de feriado legal, argumentando que se trató de una “situación de fuerza mayor”.

El actual representante de José Antonio Kast en la provincia de Melipilla reconoció a El Mostrador que debió realizar la gestión producto de que “no existía otro abogado disponible para asumir dichas audiencias”, viéndose en la necesidad de interrumpir su reposo médico, “con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias del cargo”. Sobre su trabajo en el Consejo Regional Metropolitano, prefirió no pronunciarse.

La etapa de investigación del sumario se cerró el 06 de octubre del año pasado, sugiriendo cargos en contra de Gastón Libuy por incumplimiento de labores funcionarias y observancia al principio de probidad administrativa. Contraloría, en tanto, ordenó la restitución de poco más de 1 millón de pesos, cifra que el actual delegado provincial solicitó pagar en siete cuotas de 2,27 UTM.

Pese a que Libuy ya asumió oficialmente su nuevo cargo, el sumario en su contra aún está en trámite, lo que genera todavía más suspicacias sobre el resultado de este. La nueva autoridad provincial aseguró a este medio que “la totalidad de estos antecedentes fue debidamente informada y aclarada con anterioridad a mi nombramiento”.

Respecto de esto último, El Mostrador se comunicó con el Ministerio del Interior para aclarar si efectivamente estaban al tanto del sumario, cuya investigación concluyó con faltas al principio de probidad, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.