Opinión
Las candidaturas presidenciales se centran en elaborar programas de gobierno de corto plazo, que permitan generar cambios e implementar propuestas en cuatro años. No aluden necesariamente a políticas de Estado que requieren plazos más largos para su formulación e implementación y que exceden el mandato de gobierno. Y eso, precisamente, es lo que exige el abordaje de los temas ambientales.
Economía, salud, educación, seguridad son los temas que articularon el debate presidencial de Anatel del 6 de noviembre. Temas que, según la encuesta CEP de abril-mayo de este año, coinciden con las principales preocupaciones de los chilenos y, por lo tanto, son percibidos como definitorios para su bienestar y calidad de vida.
Una percepción que no concibe al medio ambiente como relevante. Pero Chile, un país cuyo PIB depende en un 17,4% de los recursos naturales y sus exportaciones en más de un 50%, ¿puede seguir creciendo sin debatir sobre cómo va a gestionar sus ecosistemas y diversificar su matriz productiva? ¿Acaso poseer un 79% del territorio degradado no es razón suficiente para que la discusión aborde la necesidad de garantizar la seguridad hídrica? Ser uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático, ¿no debiese ser algo más priorizado en los programas de los candidatos?
Estas interrogantes –que son solo algunas de las vinculadas a los temas ambientales que afectan a Chile–, relevan que el medio ambiente es la base de la economía nacional y juega un rol esencial para garantizar la salud de las personas. Es la piedra angular sobre la que debemos actuar para reducir muchas de las inequidades que atraviesan a este país.
Si Chile pretende avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, no abordar las causas profundas de los problemas ambientales más acuciantes en la discusión política genera retrasos y barreras, y ello implica además dejar de aprovechar las oportunidades que tales desafíos presentan.
Bajo esta premisa, el PNUD lanzó en octubre el documento 10 claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo. Hicimos entrega de él a los asesores ambientales de los candidatos presidenciales, y todos coincidieron en algo: los asuntos ambientales deben ser un tema de Estado, cuya gestión trascienda a los gobiernos de turno y vaya acompañada de compromisos multisectoriales que aseguren la continuidad de las políticas públicas ambientales en proceso de discusión, aprobación o implementación.
Sin embargo −el debate así lo demostró−, se da una tendencia clara: las candidaturas presidenciales se centran en elaborar programas de gobierno de corto plazo, que permitan generar cambios e implementar propuestas en cuatro años. No aluden necesariamente a políticas de Estado que requieren plazos más largos para su formulación e implementación y que exceden el mandato de gobierno. Y eso, precisamente, es lo que exige el abordaje de los temas ambientales.
Existe el consenso técnico y político respecto a esto último; se trata de encontrar fórmulas. Transversalizar la aplicación de criterios ambientales en el diseño y la implementación de políticas públicas y aumentar el financiamiento y las herramientas e instrumentos de monitoreo dedicado a los asuntos de eje medioambiental son dos propuestas que incluimos en las 10 claves ambientales y que Chile es totalmente capaz de llevar a la práctica.
El medio ambiente debe ser priorizado como un asunto de Estado, tanto y al mismo nivel que lo son economía, salud, educación y seguridad. Ello es esencial para seguir construyendo un país que asegure una mejor calidad de vida de las personas y las próximas generaciones.
Paloma Toranzos
Oficial de Medio Ambiente y Energía del PNUD Chile
