¿Quién “rema” hacia un mejor sistema REP?

Recientemente se dio a conocer el Reporte del Estado del Medio Ambiente (REMA) 2025, una herramienta clave del Ministerio del Medio Ambiente para comprender la situación ambiental del país frente a la triple crisis ambiental: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

En materia de economía circular, el reporte evidencia la magnitud del desafío. En 2023, Chile generó en promedio 2,3 toneladas de residuos municipales por habitante, con una fuerte concentración en zonas urbanas. La Región Metropolitana lidera con más de 3,3 millones de toneladas, seguida por Biobío y Valparaíso, lo que refleja que el modelo de consumo y la gestión de residuos siguen estrechamente vinculados a la densidad poblacional, el turismo y los patrones de consumo local. En paralelo, la expansión acelerada de los Sistemas de Gestión REP, que pasaron de uno en 2022 a treinta y cuatro en 2025, demuestra avances normativos, pero también evidencia la urgencia de fortalecer capacidades reales de valorización en el territorio.

En 2016 se promulgó la Ley 20.920, conocida como Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que incorporó seis productos prioritarios: aceites lubricantes, pilas, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, y envases y embalajes. Sin embargo, los primeros decretos que establecen metas de recolección y valorización comenzaron a publicarse recién tres años después: neumáticos en 2019, envases y embalajes en 2020, aceites lubricantes en 2024, mientras que los decretos para AEE, pilas y baterías aún se encuentran en elaboración.

En este contexto, y considerando que en junio pasado se anunció la incorporación de los textiles como nuevo producto prioritario, es razonable proyectar que las metas específicas podrían tardar entre tres y más de diez años en definirse, reflejando la complejidad del proceso.

La implementación de la Ley REP para textiles enfrenta un obstáculo central: la falta de una valorización efectiva. El caso de Francia, pionero en esta normativa, muestra que gran parte de su estrategia se basa en la reexportación de ropa usada, práctica replicada en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo y ha convertido a Chile en receptor de grandes volúmenes de prendas sin valor comercial, muchas de las cuales terminan como residuos en el desierto.

Surge entonces una pregunta clave: ¿tiene Chile la capacidad de gestionar los volúmenes de ropa en desuso, tanto domésticos como corporativos? La respuesta es no. La incineración o valorización energética no soluciona el problema, y los rellenos sanitarios no pueden recibir textiles. El desafío es priorizar el diseño antes que el residuo, incentivando productos con viabilidad técnica y económica para ser reincorporados a nuevos ciclos.

Finalmente, la Ley REP fue diseñada para canales tradicionales, pero el auge del comercio digital ha generado un vacío regulatorio que permite el online free-riding: productores que venden exclusivamente en plataformas digitales sin registrarse ni contribuir al sistema. Esto debilita su sostenibilidad financiera y genera competencia desleal, por lo que resulta urgente fortalecer la fiscalización y trazabilidad del comercio electrónico.

El REMA 2025 cumple un rol fundamental al entregar datos actualizados sobre aire, agua, biodiversidad, cambio climático y economía circular. El desafío es que esta evidencia no quede solo en diagnóstico, sino que oriente decisiones políticas oportunas. En un nuevo ciclo presidencial, el reporte debiera ser considerado una línea base para avanzar hacia una economía circular con impactos reales y medibles en los territorios.