Más del 90% de los colegios en Chile sigue sin psicólogo escolar

En 2026, la salud mental escolar en Chile continúa siendo una deuda estructural. Diversos análisis muestran que más del 90% de los establecimientos educacionales no cuenta con un psicólogo escolar dedicado a tiempo completo. Esto significa que millones de niños y adolescentes transitan su vida escolar sin acceso permanente a un profesional capacitado para detectar, contener y prevenir problemas emocionales en etapas críticas de desarrollo.

No es un fenómeno reciente. Hace más de una década, informes oficiales ya advertían que apenas un porcentaje reducido de escuelas contaba con algún profesional de salud mental, psicólogo, orientador o psicopedagogo, y, en muchos casos, solo en jornada parcial. Hoy la relación promedio bordea un psicólogo por cada 1.200 estudiantes, muy lejos del estándar internacional que recomienda aproximadamente un profesional por cada 200 a 250 alumnos para asegurar un acompañamiento efectivo. En la práctica, esto se traduce en especialistas que deben dividir su tiempo entre varios establecimientos o que simplemente no alcanzan a cubrir la demanda existente.

La evidencia es contundente: más del 70% de los trastornos de salud mental se manifiestan antes de los 18 años, y en Chile los primeros síntomas suelen aparecer incluso antes de los 14. Ansiedad, depresión, autolesiones o ideación suicida no surgen de manera abrupta; se desarrollan progresivamente y pueden ser detectadas a tiempo cuando existen mecanismos adecuados de observación y apoyo. Sin embargo, la estructura actual del sistema educativo obliga a reaccionar frente a la crisis en lugar de prevenirla.

La brecha es aún más profunda en establecimientos públicos y subvencionados, donde el presupuesto por estudiante limita la posibilidad de conformar equipos multidisciplinarios estables. La normativa vigente no establece de manera explícita la obligación de contar con un psicólogo por establecimiento, por lo que la cobertura depende en gran medida de la capacidad financiera del sostenedor. Así, el acceso al acompañamiento emocional termina siendo desigual y condicionado por el territorio.

Paradójicamente, muchas comunidades educativas han incrementado el gasto en sistemas de vigilancia y control para enfrentar conflictos escolares, mientras el apoyo psicosocial sigue siendo insuficiente. Se prioriza la supervisión reactiva por sobre la prevención formativa. Sin contención profesional estable, los síntomas escalan y afectan tanto la convivencia como el rendimiento académico. La deserción escolar y los episodios de violencia no pueden comprenderse al margen del deterioro de la salud mental estudiantil.

En 2023 se impulsaron estrategias interministeriales para fortalecer la salud mental en comunidades educativas. Si bien representan un avance, su alcance sigue siendo parcial y no cubre de manera universal al sistema escolar. La magnitud del problema exige una política estructural que garantice presencia profesional estable en cada establecimiento, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad, e incorpore la educación emocional como parte central del proyecto formativo.

No disponer de psicólogos escolares no es solo una carencia técnica; es una definición de prioridades. Cuando la mayoría de los colegios carece de apoyo especializado, se debilita la capacidad de detección temprana y se postergan intervenciones que podrían evitar consecuencias mayores en la adultez. En un escenario global donde la salud mental se reconoce como un desafío central de desarrollo, Chile enfrenta la oportunidad de asumir esta brecha como un compromiso país.

Lo que está en juego no es únicamente el desempeño académico, sino el bienestar emocional de una generación que necesita acompañamiento oportuno dentro de su propio espacio educativo.