Cuestionan a director jurídico de la Municipalidad de Ovalle por defensa privada a violador de DDHH

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• Una fuerte polémica sacude al municipio de Ovalle tras revelarse que su director jurídico, Sergio Cortés Beltrán, realizó un alegato ante la Corte Suprema en favor de un condenado por violaciones a los derechos humanos. Mientras Cortés asegura que la labor es “perfectamente compatible” y que contaba con permiso administrativo, desde el mundo político y social las críticas no tardaron en llegar. Autoridades oficiarán al municipio para revisar la legalidad y ética de este doble rol. Para las agrupaciones de DD.HH. el hecho de que un funcionario público defienda a victimarios de la dictadura es una situación que “riñe con lo moral”.
• En nuestro segundo tema, abordamos sobre cómo la convivencia escolar en Chile enfrenta un cambio de paradigma con la entrada en vigencia de la Ley 21.801. Esta normativa busca erradicar el ciberbullying, limitando el uso indiscriminado de celulares en las aulas. El abogado experto, Rodrigo Valdivia Briceño, explica que los colegios tienen hasta junio de 2026 para implementar el “Modo Aula”.
• En un avance inédito para la preparación de emergencias en la zona, Bomberos de la Región de Coquimbo contará con su primer simulador de incendios de alta fidelidad, financiado íntegramente con fondos públicos. Este proyecto permitirá a los voluntarios entrenar en escenarios críticos y controlados, mejorando la respuesta ante siniestros estructurales. Conoce en nuestra tercera nota los detalles del proyecto
• Finalmente, les contamos que tras un complejo “ajedrez político” y reclamos por la demora en los nombramientos, el Gobierno de José Antonio Kast ratificó a dos figuras de la UDI para liderar las provincias de la región. Ivón Guerra Aguilera (periodista y exeseremi) asumió en Limarí y el exconsejero regional Cristian Rondanelli tomó el mando en Choapa. Analizamos el pálpito político tras estas designaciones.
• Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV.

El cuestionado doble trabajo del jefe jurídico de Ovalle: defiende al municipio y a su vez busca la rebaja de penas para un violador de DD.HH.

El pasado lunes 12 de enero de 2026, entre las 10:59 y las 11:27 horas, los intereses de la Municipalidad de Ovalle no fueron la única preocupación de su director jurídico, el abogado Sergio Cortés Beltrán. A esa hora, Cortés se encontraba ante la Segunda Sala de la Corte Suprema alegando en favor de Juan Iván Vidal Ogueta, condenado por su participación en el secuestro y desaparición de la estudiante uruguaya Mónica Benaroyo Penco en 1973.

Un caso reconocido

El cliente de Sergio Cortés Beltrán no es un procesado cualquiera. Se trata de Juan Iván Vidal Ogueta, quien fue condenado por el secuestro calificado (desaparición) de Mónica Benaroyo Penco, una estudiante uruguaya y militante de izquierda que fue detenida en septiembre de 1973 en Arica.

La historia de la víctima es una de las más crudas de la dictadura en el norte del país. Tras décadas de incertidumbre, sus restos fueron hallados recién en 2008, en un campo de entrenamiento del Ejército en el sector de Pampa Chaca. Su cuerpo fue encontrado decapitado, lo que evidenció el nivel de ensañamiento de los agentes del Estado de la época con la víctima.

Aunque la Corte Suprema, en el fallo de febrero de 2026, terminó reduciendo la pena de Vidal Ogueta a tres años y un día de presidio menor en calidad de cómplice (recalificando su participación inicial como autor).

Cortés: “Tengo permiso y es legal”

Consultado por este medio, Sergio Cortés salió al paso de las críticas asegurando que su actuación se ajusta a derecho. “Es perfectamente compatible una defensa privada en un juicio y el cargo de jefe jurídico municipal”, afirmó el profesional, apelando al artículo 85 del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, que regula las prohibiciones y compatibilidades del ejercicio libre de la profesión.

Respecto al cuestionamiento por realizar el alegato en jornada laboral, Cortés fue enfático en señalar que “contaba con permiso administrativo para poder hacer el alegato respectivo”. Al ser consultado sobre si el lcaalde de Ovalle estaba al tanto, Cortés respondió: “Obviamente que no. Por razones de secreto profesional, mantengo la reserva de las causas que patrocino”.

Sergio Cortés, un abogado de reconocida trayectoria en la zona, ha estado vinculado históricamente a la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por esta razón, su intervención en favor de un condenado por crímenes de lesa humanidad causó sorpresa y desconcierto entre algunos de sus pares

La ofensiva política: “Es una falta ética”

Pese a los argumentos legales de Cortés, la reacción política no se hizo esperar. La diputada por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo (PC), anunció acciones inmediatas junto a la concejala de Ovalle, Fanny Vega.

“Oficiaremos al municipio para conocer la calidad contractual de la persona. Se trata de un tema delicado y complejo que debe ser tomado con fuerza desde el Concejo Municipal. Es una falta ética la vinculación de civiles defensores de violaciones a los derechos humanos en la administración pública. Espero que se aclare y se tomen las medidas correspondientes”, señaló la parlamentaria.

En tanto, el concejal Fanny Vega subrayó: “Hay algo que la ciudadanía entiende muy bien: cada persona puede ejercer su profesión y tomar las decisiones que estime en su vida privada. Pero otra cosa muy distinta es si eso ocurre en horarios en que debería estar cumpliendo funciones en el municipio, porque ahí hablamos de responsabilidades públicas que no se pueden relativizar”.

La edil agregó: “Junto a la diputada Natalie Castillo oficiaremos al municipio para conocer la calidad contractual de esta persona y aclarar si estas acciones se realizaron o no dentro de su jornada laboral”

Finalmente, la presidenta regional de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana Merino, señaló: “Me parece poco ético y que raya en lo ilegal, que un funcionario pagado por Estado esté involucrado en causas defendido a violadores de derechos humanos. Es lamentable”.

La controversia ahora se traslada al terreno de la probidad. Si bien el estatuto administrativo permite el ejercicio privado en ciertos casos, la naturaleza del delito —crímenes de lesa humanidad— y el uso de un “permiso administrativo” (que técnicamente es tiempo pagado por el Estado) para defender a un condenado por decapitación y secuestro, genera una tensión que la Contraloría podría entrar a dirimir.

Aquí Coquimbo quiso conocer la versión oficial del municipio respecto de este caso, pero tras el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Más juegos y menos pantallas: abogado Rodrigo Valdivia analiza el impacto del “Modo Aula” en los colegios

La convivencia escolar en Chile enfrenta un punto de inflexión con la entrada en vigencia de la Ley 21.801, también conocida como la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar Educacional. Esta normativa busca no solo mejorar el clima dentro de las aulas, sino atacar de raíz uno de los motores del acoso contemporáneo: el uso indiscriminado de dispositivos electrónicos y redes sociales en el entorno escolar.

Para entender el impacto de esta legislación, conversamos con el abogado Rodrigo Valdivia Briceño, especialista en bullying y asesor de comunidades educativas, quien detalla cómo esta ley obligará a un cambio de paradigma tanto para alumnos como para profesores y apoderados.

El fin del celular en la jornada escolar

Según explica Valdivia, el espíritu de la ley es impedir interacciones externas no pedagógicas durante la jornada. “Lo que busca básicamente es impedir que existan interacciones concretas dentro de la sala de clases y en la jornada escolar mediante redes sociales, evitando claramente el ciberbullying“, señaló el experto.

La normativa establece el denominado “Modo Aula”, una prohibición que se extiende a toda la comunidad educativa. “No es solo para los alumnos; profesores y asistentes también deben dar el ejemplo. El uso de dispositivos queda restringido a fines académicos y debe estar estrictamente visado por la dirección del colegio”, advirtió el abogado.

Excepciones estrictas y justificadas

El especialista aclaró que la ley no es arbitraria y contempla casos excepcionales, aunque siempre bajo una estricta supervisión:

1. Necesidades Educativas Especiales (NEE): alumnos que requieran dispositivos para su aprendizaje.
2. Salud: niños que necesiten monitoreo médico constante (debidamente acreditado con certificado).
3. Emergencias o catástrofes: situaciones fortuitas que ameriten comunicación inmediata.
4. Uso pedagógico: actividades específicas como cine o fotografía, autorizadas por el establecimiento.

Plazos y sanciones: el 30 de junio de 2026

Valdivia enfatiza que este proceso no es opcional. Los colegios de todo el país tienen como plazo fatal el 30 de junio de 2026 para modificar sus Reglamentos Internos y de Convivencia Escolar.

“La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Educación. La sanción administrativa para los colegios que no actualicen sus reglamentos será el pago de multas respectivas”, explicó. Sin embargo, recalcó que el enfoque de la ley es formativo antes que punitivo: “la idea es instruir a los alumnos en la responsabilidad del uso de la tecnología, más que solo castigar“, comentó el jurista

Basado en su experiencia asesorando a establecimientos que ya han implementado estas medidas (como el Colegio Elena Bettini de La Serena), el abogado destaca cambios positivos inmediatos. “Vuelve la interacción uno a uno, los niños vuelven a jugar, a conversar, incluso a comunicarse de forma manual con cartas o dibujos. Se recupera la vida escolar que el teléfono había silenciado”, comentó.

Además de reducir los focos de ciberbullying, Valdivia menciona beneficios en la salud visual y en el rendimiento académico, citando experiencias exitosas en países europeos como Suecia y Suiza.

Rodrigo Valdivia, abogado experto en bullying.

Bomberos de la región contará con primer simulador de incendios financiado con fondos públicos

La Región de Coquimbo se transformará en el epicentro del entrenamiento bomberil del país tras la aprobación unánime de más de $ 1.200 millones para la adquisición del primer simulador móvil de incendios, financiado íntegramente con fondos públicos en Chile.

Este logro institucional representa un salto tecnológico sin precedentes para los bomberos de la región, fruto de una gestión estratégica ante el Gobierno Regional orientada a descentralizar la formación técnica y elevar los estándares de seguridad de los voluntarios en el territorio.

El éxito de esta iniciativa se concretó en el pleno del Consejo Regional de Coquimbo, donde se validó el financiamiento de los $ 1.200 millones para dotar a la institución del segundo equipo de estas características en todo el territorio nacional, después del que posee la Academia Nacional de Bomberos en Santiago.

El presidente regional de Bomberos, Jaime Cortínez, destacó que esta adquisición no solo beneficia directamente a más de 2.500 voluntarios de las 15 comunas de la región, y agregó: “Es un honor para nosotros encabezar este proyecto, que es el primer gobierno regional que, digamos, con fondos de la Región de Coquimbo en este caso, nos permite adquirir un simulador de control de incendio móvil, que solamente tenemos uno en nuestra Academia Nacional de Bomberos de Chile para más de 57.000 bomberos”.

La nueva unidad consiste en un avanzado sistema de entrenamiento de incendios Clase B móvil, modelo LION Training ReadyTM Smart Class B, integrado en un contenedor de cuarenta pies diseñado para realizar prácticas controladas y seguras con combustibles.

Para asegurar el despliegue del simulador por las 15 comunas de la región, el proyecto incluye un potente tractocamión Scania R500 de quinientos caballos de fuerza, equipado con normativa de emisiones Euro 6 y una transmisión automática Opticruise de 12 velocidades, que garantiza un traslado eficiente por la geografía regional. El complejo cuenta además con autonomía energética mediante un generador trifásico de 11 kVA y un kit de gas licuado de petróleo para simulaciones realistas.

El gobernador regional Cristóbal Juliá subrayó la importancia de esta herramienta frente a un clima cada vez más implacable, señalando que es fundamental que los bomberos tengan la tecnología necesaria para enfrentar incendios con comportamientos inéditos.

La consejera regional Paola Cortés valoró el impacto de esta compra. Señaló que actualmente solo existe un simulador de este tipo en Santiago, por lo que este avance, en su opinión, permitirá capacitar a 3.957 voluntarios de la Región de Coquimbo, potenciando su preparación ante cualquier situación de emergencia.

Con esta gestión, los bomberos de la Región de Coquimbo se consolidan como una institución a la vanguardia, priorizando la profesionalización de sus filas y la protección de toda la comunidad regional.

Foto del Consejo Regional y Presidente de Bomberos cuando el martes pasado se aprobaron los recursos.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central sede Región de Coquimbo marcó un nuevo hito académico con el inicio de clases de la primera generación de la carrera de Geología.

En total, 65 estudiantes comenzaron su formación en esta disciplina clave para comprender los procesos naturales que modelan el territorio y contribuir al desarrollo sostenible de la región.

La carrera se integra a la oferta académica con el objetivo de formar profesionales con una sólida base en ciencias básicas y ciencias de la Tierra, incorporando además actividades prácticas en terreno y laboratorio. De esta manera, los futuros geólogos y geólogas podrán analizar procesos geológicos y aportar al estudio y gestión de los recursos naturales.

El vicerrector de la sede, Jaime Alonso, destacó la relevancia de este nuevo programa académico. “La apertura de Geología es un paso muy significativo para nuestra sede y responde a las necesidades del norte del país, aportando a la formación de profesionales que contribuirán al desarrollo sostenible de la región”, señaló.

La UDI ruge y se queda con las dos Delegaciones Provinciales

El tablero de los delgados presidenciales terminó de configurarse el pasado jueves por la tarde. Luego de un complejo “juego de ajedrez” marcado por la incertidumbre y los duros reclamos de parlamentarios como Daniel Manouchehri —quien cuestionó públicamente la tardanza en las designaciones—, el Gobierno central ratificó a dos figuras de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para liderar las provincias de Limarí y Choapa.

Se trata de la periodista Ivón Guerra Aguilera y el administrador público Cristian Rondanelli Orrego, quienes fueron presentados oficialmente por el Delegado Presidencial Regional, Víctor Pino.

La autoridad destacó que ambos nombramientos responden a una necesidad de liderazgo con conocimiento real del territorio.

Limarí: Ivón Guerra y la “ofensiva” contra la delincuencia

La nueva Delegada de Limarí, Ivón Guerra Aguilera, no es una desconocida en la zona. Periodista de profesión, concejala de Monte Patria, ex Seremi de la Mujer (2018-2022) y  quien participó en la segunda convención constitucional se ha caracterizado por un perfil de terreno y cercanía con las organizaciones sociales.

En su asunción, Guerra envió un mensaje tajante alineado con la agenda de seguridad de La Moneda:

“Acá quienes tienen que sentir miedo son los delincuentes y los narcotraficantes. No permitiremos que se tomen los barrios. Además, somos el epicentro de la escasez hídrica; ya no queremos más diagnósticos, queremos acción”, sostuvo la delegada, comprometiendo un trabajo transversal con los cinco alcaldes de su provincia.

Choapa: La experiencia técnica de Cristian Rondanelli

En la Provincia del Choapa, el mando fue entregado a Cristian Rondanelli Orrego, quien llega al cargo con el respaldo de dos periodos consecutivos como Consejero Regional (CORE). Su perfil combina la gestión pública con una alta especialización técnica en materias estratégicas.

Administrador Público y experto en criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), Rondanelli ha liderado comisiones críticas en el CORE vinculadas a salud y recursos hídricos.

Su designación no estuvo exenta de cuestionamientos pro problemas personales del pasado, sin embargo, fue ratificado por la OPE.

El fortalecimiento de la UDI en el gabinete regional

Con estas designaciones, la UDI ruge y se queda con el control administrativo de las dos delegaciones provinciales de la región, dejando sin ese poder a Renovación Nacional y Republicanos

Recordemos que tal como lo dijimos en ediciones anteriores Choapa están en manos Renovación Nacional, pero problemas internos del conglomerado terminaron por sepultar esas aspiraciones.

Fuentes de Aquí Coquimbo señalan que habría malestar entre republicanos y Renovación Nacional por entregarle dos cupos de delegaciones presidenciales a la UDI.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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