Produje se lanza contra ley de Humedales en Valdivia

Abril arrancó en Los Ríos con una noticia que golpeó a Valdivia: la muerte de José “Pepe” Araya, histórico dirigente social y ambientalista, cuya partida llevó al municipio a decretar duelo comunal. Más abajo volveremos sobre esa historia.

Al mismo tiempo, desde el 1 de abril comenzó a regir la Gestión de Episodios Críticos del Plan de Descontaminación Atmosférica, que estará vigente hasta el 30 de septiembre y que vuelve a poner sobre la mesa un dato estructural: el 97% de las emisiones de partículas finas de material particulado en la comuna proviene de la combustión residencial de leña. Y en la Delegación Presidencial, mientras tanto, el gabinete regional siguió completándose con nuevos nombres: Juan Agustín Meléndez en Seguridad, Juan Taladriz en Energía, Rodrigo Bahamondez en Agricultura, Rodrigo Oñate Betanzo en Bienes Nacionales, Daniela Coello en Justicia, además de Oriet Montecinos Durán en Mujer y Hugo Ortiz de Filippi en Culturas.

Vamos ahora con lo que preparamos para esta edición.

• El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instaló en la Cámara una tesis sensible para Valdivia: que la ciudad se está quedando sin suelo para vivienda por una “mala interpretación” de la ley de humedales. Carla Amtmann lo desmintió con cifras y dos arquitectos locales ponen el foco en otro lado: la falta de infraestructura, un modelo urbano que sigue sin resolverse y un problema que no pasa necesariamente por debilitar la protección de humedales.
• Nancy Boullosa, matrona con discapacidad física y casi dos décadas de trabajo en el Cesfam Angachilla, sostiene que el municipio de Valdivia se negó a reincorporarla pese a que existían certificados médicos que recomendaban teletrabajo y descartaban afectación cognitiva. El municipio responde que no había obligación legal de hacerlo y que no existían condiciones para evaluar ajustes razonables.
• La Unión quedó entre las 11 comunas del país con mayor gasto en celebraciones entre 2024 y 2025, según Contraloría. Fue la única de Los Ríos en ese listado. La actual administración asegura que la cifra se explica sobre todo por el período anterior y defiende una baja del gasto, pero el dato igual dejó a la comuna entre las más gastadoras del país.
• En sus últimos días, Pepe Araya seguía en reuniones, monitoreando conflictos y empujando temas ambientales en Valdivia. La reconstrucción de su última semana muestra a un dirigente todavía activo en Catrico, en Comunidad Humedal y en la discusión por la calidad del agua, antes de una muerte que sorprendió a su entorno y a la ciudad.

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“Mala interpretación de la ley”: Poduje culpa a la delimitación de humedales por falta de suelo para vivienda en Valdivia

En una sesión de la Cámara del 25 de marzo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó que Valdivia enfrenta un severo problema de suelo para proyectos habitacionales y vinculó parte de esa dificultad a la delimitación de humedales en la ciudad. Lo hizo al responder una intervención del diputado por Los Ríos Omar Sabat, quien planteó que en la capital regional existe un problema grave de disponibilidad de terrenos para vivienda.

“En el caso de Valdivia tenemos tierra en Guacamayo, que queda poca, y en Las Ánimas hay unas opciones que también son limitadas“, señaló el ministro. Luego agregó que “los humedales que se han definido en Valdivia, por una mala interpretación de la ley de humedales, abarcan casi toda la ciudad“, y sostuvo que, por esa razón, hoy están “sin posibilidades de comprar terreno” para las familias. También indicó que existe un paño fiscal “en el regimiento Bueras“, donde, según dijo, se realiza el último trámite con Bienes Nacionales y que estaría destinado a viviendas en altura.

La respuesta de Poduje surgió luego de que Sabat advirtiera que en Valdivia las condiciones del suelo han ido empujando soluciones habitacionales en altura, con dificultades para personas mayores y personas con discapacidad. Fue en ese intercambio que el ministro instaló el diagnóstico más duro sobre la relación entre vivienda, humedales y expansión urbana en la capital regional.

La afirmación abrió un frente sensible en una ciudad donde la protección de humedales se ha vuelto parte central de la discusión urbana. La arquitecta Karen Andersen, académica de la UACh, sostiene que la protección de los humedales Krahmer, Catrico, Angachilla, Bosque Miraflores, Las Mulatas, Guacamayo e Isla Teja, bajo la Ley 21.202, “lejos de ser una medida arbitraria que obstaculiza el desarrollo, posee fundamentos científicos y representa un diálogo importante de saberes territoriales“. Recuerda, además, que en 2025 Valdivia fue reconocida por la Convención Ramsar como la primera “Ciudad Humedal” de Latinoamérica, integrando “un selecto grupo internacional comprometido con la gestión y valorización de estos ecosistemas“.

Para Andersen, la discusión de fondo no es humedal versus vivienda, sino el modelo urbano que Valdivia necesita. “El real desafío del desarrollo urbano en Valdivia está en innovar en modelos de habitabilidad“, plantea, y propone densificar terrenos aptos y entender el humedal como un servicio ecosistémico que cumple funciones de control de inundaciones, regulación térmica y purificación de aguas. Su advertencia final apunta directo al diagnóstico ministerial: “retroceder en la protección de nuestros humedales bajo la premisa de la urgencia habitacional es una visión cortoplacista“.

La respuesta más directa llegó desde la Municipalidad de Valdivia. La alcaldesa Carla Amtmann cuestionó que el ministro haya instalado ese diagnóstico y lo desmintió con cifras. “Me preocupa que un ministro de Vivienda no conozca la realidad de nuestra ciudad, y que se exponga comunicando información que no se ajusta a la realidad“, señaló. Luego agregó: “La información es objetiva yl a realidad es que hay más de 140 hectáreas disponibles dentro de nuestro territorio operacional“.

Amtmann añadió que “más que ocupar el desafío habitacional para criticar la protección de los humedales“, el foco debiera estar en destinar urgencia y recursos a construir “donde tenemos suelo apto, no inundable y disponible“.

Más allá de la polémica, Cristóbal Lamarca, arquitecto de Visión Valdivia, magíster en Geografía y académico de la USS Valdivia, plantea que el estudio Déficit Cero y el plan de acción local ya identifican una necesidad de 21 mil viviendas en la ciudad y que, además, existen 29 proyectos en cartera. “Hay una oportunidad concreta que hay que pasar a ejecución“, señala.

Lamarca, sin embargo, también matiza la tesis de Poduje. A su juicio, en una ciudad con escasez de suelo como Valdivia, “el modelo de casa con patio” no parece ser el más adecuado, porque requiere nuevas urbanizaciones y más calles. Por eso, plantea que la salida deberá considerar mayor densidad y altura en terrenos con oportunidad urbana ya existente. Su principal contrapunto apunta a la infraestructura. “El principal problema no es el área protegida, sino que el 84% del suelo disponible con buena calidad para construir está fuera del área de operación de las empresas sanitarias“, dice. En su mirada, el desafío pasa por activar infraestructura pública y concesionada que permita habilitar suelo urbano. “Con esas dos combinaciones, sin tener que echarle mano a la naturaleza, podríamos seguir desarrollando la ciudad y proveyendo viviendas“, concluye.

Valdivia: matrona con discapacidad denuncia que municipio se negó a reincorporarla

Hoy, martes 7 de abril, Nancy Boullosa, matrona de 46 años que trabajó casi dos décadas en el Cesfam Angachilla de Valdivia, enfrenta el cese de sus funciones. La medida fue dictada luego de una jubilación por invalidez parcial transitoria, en el contexto de una enfermedad a la columna que le dejó secuelas permanentes. Pero el conflicto, dice Boullosa en conversación con Aquí Los Ríos, tiene relación con lo que ocurrió después: cuando pidió continuar en funciones compatibles con su estado de salud.

Boullosa relata que su enfermedad fue diagnosticada como un síndrome de columna fallida, con una fibrosis que comprimió las raíces nerviosas de las vértebras L5 y S1. Fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas y hoy tiene una fijación lumbar con cuatro tornillos y un implante de disco intervertebral. “Perdí función motora y sensitiva de la pierna izquierda. No siento los relieves, no muevo los dedos, no tengo reflejos”, dice. Los antecedentes médicos confirman una radiculopatía L5-S1 crónica y una discapacidad física de 52,5% con movilidad reducida. Uno de los certificados agrega que la patología no compromete sus facultades cognitivas e intelectuales, las que se mantienen “sanas y plenamente funcionales”.

Según Boullosa, el 13 de agosto de 2025 envió los primeros correos al DESAM para pedir una reunión orientada a su reincorporación con ajustes razonables. Esa reunión se concretó el 1 de septiembre, con presencia del equipo directivo y del gremio Aprosam. “Fue una reunión bastante emotiva… estaban todas las voluntades para que yo me pudiera reincorporar. Nunca se cuestionó las actividades que yo puedo hacer”, asegura. En su relato, sobre la mesa estuvieron desde entonces labores de telesalud, seguimiento telefónico de usuarias y funciones de gestión, ámbito en el que ya se había desempeñado antes como gestora de sector.

Entre los documentos revisados por Aquí Los Ríos aparece una solicitud formal presentada por ella el 17 de febrero de 2026 a la directora del DESAM, Cristina Ojeda, en la que pide un pronunciamiento por escrito sobre su reincorporación y deja constancia de reuniones previas con directivos, el gremio y una abogada del convenio CAJ-Senadis. En ese escrito también señala que, pese al tiempo transcurrido, no había recibido una resolución administrativa que definiera su situación.

Cedida por Nancy Boullosa.

En enero de 2026, Boullosa recurrió al Servicio Nacional de la Discapacidad para pedir orientación sobre la vía administrativa aplicable a su caso. En una respuesta enviada a Aquí Los Ríos, la dirección regional de Senadis Los Ríos señaló que tomó conocimiento del caso tanto por la propia Boullosa como por requerimiento del DESAM de Valdivia. El servicio agregó que Boullosa ya cuenta con abogado particular y que Senadis seguirá atento a la evolución de la situación para brindar orientación dentro de sus competencias. En esa misma respuesta, Senadis indicó que la Contraloría General de la República es la entidad facultada para revisar los actos administrativos y la documentación que sirvió de base para la declaración de irrecuperabilidad y la cesación en el cargo.

La posición formal del municipio quedó plasmada el 3 de marzo de 2026, cuando el administrador municipal Cristian Oñate envió un correo electrónico a la directiva de Aprosam Valdivia, con copia a la alcaldesa Carla Amtmann. En el texto, al que accedió este medio, Oñate reconoce que la legislación vigente permite “en abstracto” que una persona con pensión de invalidez reingrese a la administración pública, pero sostiene que esa posibilidad “no constituye un derecho automático ni impone al empleador público la obligación de reincorporar o mantener a una persona determinada en el servicio”. El municipio agrega que las funciones que desempeñaba Boullosa “fueron oportunamente cubiertas” y que la estructura del DESAM responde a una programación presupuestaria.

Consultado por este medio, Oñate sostuvo que en este caso no se alcanzó a realizar una evaluación concreta de ajustes razonables porque la funcionaria se mantuvo con licencias médicas prolongadas, “sin una reincorporación efectiva que permitiera analizar alternativas en terreno”. Sobre la posibilidad de telesalud, agregó que ese sistema no corresponde a un “tipo de cargo” que pueda asignarse libremente, que en salud municipal no existe un régimen general de teletrabajo y que la solicitud planteada involucraba varias condiciones simultáneas que, a su juicio, no podían modificarse parcialmente dentro del marco vigente. Al preguntarle por el cumplimiento de la cuota de 1% de personas con discapacidad exigida por la ley, respondió que ese porcentaje se analiza a nivel municipal general, considerando a todas las unidades, incluida Salud, y que al momento de la entrevista no contaba con esa cifra.

Boullosa sostiene que nunca pidió recuperar exactamente el mismo cargo que ocupaba antes del cese, sino volver en funciones compatibles con sus capacidades actuales. “Yo podría apoyar hasta en gestión, si estuve mis últimos años en gestión”, afirma. “Siempre mi objetivo fue volver a trabajar”. En su testimonio agrega que durante su rehabilitación siguió capacitándose por cuenta propia en materias ligadas a telesalud y acreditación. “No hubo ningún análisis a hacer ajustes razonables”, asevera. Entre los antecedentes revisados figuran además los certificados que recomiendan teletrabajo y la carta firmada por sus colegas del Cesfam Angachilla en la que solicitan evaluar su continuidad en funciones “administrativas, de apoyo técnico o de asesoría”.

La fiesta salió cara: La Unión entre los municipios con mayor gasto en celebraciones

La Unión fue el único municipio de Los Ríos que apareció entre las 11 comunas del país con mayor gasto acumulado en celebraciones durante 2024 y 2025, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 22 publicado ayer por la Contraloría General de la República. El informe revisó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades a partir de órdenes de compra y registros de Mercado Público y Sicogen, y advirtió que dispondrá fiscalizaciones y exámenes de cuentas respecto de los municipios que no hayan dado cumplimiento a la normativa vigente.

Según la tabla incluida en el CIC, La Unión registró un gasto total de $ 367.203.947 en celebraciones en el período analizado. De ese monto, $ 265.168.859 corresponden a 2024, cuando la Municipalidad de La Unión estaba encabezada por el entonces alcalde Juan Andrés Reinoso Carrillo, del Partido Socialista, y $ 102.035.087 a 2025, ya bajo la actual administración del independiente Saturnino Quezada. Eso ubicó a la comuna en el décimo lugar nacional dentro del grupo de municipios con mayores desembolsos en este ítem. En el ranking, el listado es encabezado por Alto Hospicio, seguido por comunas como Vitacura, Padre Las Casas y Antofagasta.

El dato abre además una tensión con un episodio reciente. En enero de 2025, en la antesala de la Semana Unionina, la directora de Desarrollo Comunitario, Mónica Guarda, informó en un concejo extraordinario que el alcalde Quezada había instruido una “disminución considerable del presupuesto a destinar” al evento, a partir de antecedentes financieros recibidos a última hora. Esa decisión redujo la celebración de cinco a cuatro días.

Tras la publicación del informe, la Municipalidad de La Unión emitió un comunicado en el que sostuvo que la cifra acumulada se explica principalmente por la ejecución presupuestaria de 2024, correspondiente a la administración anterior. En esa declaración, la actual gestión afirmó haber aplicado una política de austeridad y destacó una reducción de $ 163.133.772 en el gasto en festividades entre 2024 y 2025. También señaló que las celebraciones realizadas bajo la administración actual han cumplido con los principios de eficiencia y economicidad.

Los últimos días de Pepe Araya: reuniones, humedales y una agenda que no soltó hasta el final

José “Pepe” Araya Cornejo fue durante décadas una de esas figuras que aparecen una y otra vez en distintas causas de Valdivia: conflictos ambientales, organización territorial, derechos humanos, cultura. Tenía 64 años y murió el jueves 2 de abril. En sus últimos días, según quienes lo conocían de cerca, seguía metido en lo mismo que había marcado buena parte de su vida pública: reuniones, proyectos, monitoreo de conflictos y trabajo comunitario.

Ximena Rosales, educadora ambiental, vocera de Acción por los Cisnes y expareja de Araya, cuenta que en el último tiempo él estaba “en el monitoreo de todos los conflictos que seguía”, trabajando en la Corporación Catrico, en Comunidad Humedal y atento a materias ligadas a la norma secundaria de calidad de agua. “Estaba en todos los temas que había estado trabajando mucho tiempo”, dice.

El sábado anterior a su muerte había participado en el lanzamiento del proyecto Minga, del artista audiovisual Pablo Chalcha, en el que ofició como maestro de ceremonia. “Eso fue recién el sábado en el río”, recuerda Rosales.

Las alertas se encendieron pocos días después. Lo esperaban en una reunión en el Parque Catrico que él mismo había citado, pero no llegó. “Era muy raro que no llegara a una reunión”, dice Rosales. Ahí empezó a quedar claro que algo no andaba bien.

Según su relato, lo que terminó provocando su muerte fue “una influenza mal cuidada”, que derivó en “una insuficiencia respiratoria que le provocó el paro cardíaco”. Rosales cuenta que Araya pensó inicialmente que se trataba de un resfrío y siguió trabajando. “Él pensó que era un resfrío. Como cualquiera, entonces lo pasó así trabajando”, señala.

No era, según ella, una excepción. “Era más importante lo que había que hacer que el autocuidado”, dice. Y agrega: “Tiene que ver con su práctica de vida, de no preocuparse tanto de él, sino más bien de lo colectivo”.

Nacido en Puerto Montt, Araya llegó a Valdivia a mediados de los años ochenta para estudiar en la Universidad Austral de Chile. Con el tiempo, su nombre quedó ligado a distintas causas de la ciudad y la región. Tras su muerte, fue recordado como parte de Acción por los Cisnes en el contexto de la crisis del río Cruces, y también por su participación en iniciativas vinculadas a la creación de la Región de Los Ríos.

En 2025 había sido reconocido por el municipio como dirigente social destacado. Tras su muerte, la Municipalidad de Valdivia decretó duelo comunal los días 2 y 3 de abril.

La despedida reunió a vecinos, dirigentes, organizaciones y autoridades. Rosales dice que la magnitud de esa reacción sorprendió incluso a la familia. “Muchísima gente ha acompañado este dolor de la partida del José”, señala. “Ha sido como también una celebración desde lo cultural, con artistas, con gente de las organizaciones”.

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