Gobierno reactiva debate sobre el aborto legal en un escenario incierto en derechos reproductivos

En un movimiento significativo para los derechos reproductivos en Chile, el Gobierno anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta iniciativa, prometida por el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública de 2024, busca ampliar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las tres causales actualmente permitidas: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, confirmó que el proyecto será ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados en los próximos días. Orellana destacó que, tras un año de trabajo para mejorar la implementación de la ley de aborto en tres causales, es momento de abrir el debate sobre la interrupción legal del embarazo en determinados plazos.

Este anuncio es el más reciente capítulo de un debate que ha evolucionado lentamente en Chile. Durante más de 60 años, el aborto terapéutico fue legal en el país bajo el Código Sanitario de 1931, hasta que en 1989, en los últimos días de la dictadura, se prohibió totalmente. Solo en 2017, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se aprobó la actual ley de tres causales. Posteriormente, un proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 fue rechazado en 2022, durante el primer año de la administración Boric.

El debate chileno se enmarca en un contexto internacional dinámico. En América Latina, Argentina legalizó el aborto en 2020 y México lo despenalizó a nivel federal en 2023. En contraste, países como El Salvador y Nicaragua mantienen prohibiciones absolutas. En Europa, Francia marcó un precedente histórico en 2024 al consagrar el derecho al aborto en su Constitución. En Estados Unidos, en cambio, el panorama se ha fragmentado tras el fallo de la Corte Suprema que revirtió Roe v. Wade, dejando el acceso al aborto a criterio de cada estado.

En este nuevo intento por avanzar hacia una legislación más amplia, el Gobierno chileno se enfrenta a un escenario polarizado. Lo que está en juego no solo es el acceso a un procedimiento médico, sino la definición política de cuánto vale la libertad de decidir.

Reacciones políticas

El anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito político. El oficialismo ha respaldado la iniciativa, considerándola un avance en los derechos de las mujeres y una promesa cumplida del Presidente Gabriel Boric. La diputada Helia Molina (PPD) afirmó que “es una tremenda noticia para el país que se comience a trabajar una ley de aborto legal”, destacando que “la gran mayoría de los países del mundo tiene legalizado el aborto”.

Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) señaló que el anuncio “nos deja una tarea por delante, que es debatir con altura de miras”, mientras que la diputada Daniella Cicardini (PS) enfatizó que “el Gobierno cumple, y ahora esperamos que en el Congreso estemos a la altura, dando un debate serio, respetuoso y sin prejuicios”.

Desde la sociedad civil, organizaciones feministas y de derechos humanos han celebrado el anuncio como un paso hacia la autonomía reproductiva de las mujeres. Camila Maturana, de la Corporación Humanas, afirmó que “este anuncio del Presidente Boric ubica los derechos de las mujeres en el centro de la discusión política”.

Sin embargo, la oposición ha manifestado su rechazo al proyecto, argumentando que no responde a las prioridades del país y que busca desviar la atención de otros problemas. El diputado Roberto Arroyo (PSC) declaró que “el Gobierno legisla fuera de las prioridades de la gente” y que “Chile rechaza la cultura de la muerte y un gobierno que la promueva”.

El diputado Eduardo Durán (RN) cuestionó la iniciativa señalando que “con las calles tomadas por la delincuencia, hospitales en crisis y miles de niños sin clases, el gobierno opta por priorizar el debate sobre el aborto libre”.

La diputada Karen Medina (ind.-DC) criticó a la ministra Orellana por priorizar el aborto libre sobre la atención urgente a mujeres víctimas de violencia, indicando que “no tiene el apoyo ministra, no es necesidad urgente y de verdad que el país no quiere esta idea”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también se pronunció en contra, afirmando que “el aborto no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres” y que “esto es pura ideología, no tiene nada que ver con lo que las mujeres necesitan”.

Por su parte, la Iglesia Católica ha reiterado su oposición al proyecto. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile emitió una declaración señalando que “lamentamos profundamente estas iniciativas, que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana”.

El cardenal Fernando Chomali calificó la promoción del aborto como “un error” y “un fracaso de la sociedad”, indicando que “el aborto elimina a un ser humano inocente” y que “la solución es el acompañamiento, el cuidado y la atención médica”.

La presentación del proyecto de aborto legal en Chile representa un paso importante en la agenda de derechos sexuales y reproductivos del país, pero el camino legislativo será complejo. Mientras sectores del oficialismo celebran el cumplimiento de una promesa de campaña y un avance en los derechos de las mujeres, otros consideran que el debate es artificial y podría polarizar aún más al país.

A nivel internacional, el avance o retroceso de los derechos reproductivos continúa siendo un indicador clave del compromiso de los países con la igualdad de género y los derechos humanos.