El fiscal Hervé Tétier identificó como principales instigadores de los ataques a Aurélien Poirson-Atlan, quien operaba en redes bajo el seudónimo Zoé Sagan, además de Amandine Roy y Bertrand Scholler, dueño de una galería de arte y con más de 100.000 seguidores en X. Según consignó Le Parisien, otras siete personas fueron procesadas como seguidores de las acciones impulsadas por este trío. Un tribunal de París determinó que los diez imputados participaron activamente en campañas de acoso en línea que difundieron mensajes ofensivos sobre la identidad, el género y la edad de Brigitte Macron.
La investigación judicial acreditó que los acusados replicaron comentarios “maliciosos” sobre su género y amplificaron teorías conspirativas que circulan desde 2017, cuando Macron fue elegido presidente. Esas narrativas sostenían falsamente que su esposa era una mujer transgénero nacida con genitales masculinos. Los ataques también incluyeron insinuaciones de pedofilia y la difusión de acusaciones sin pruebas sobre supuestos delitos, elementos que llevaron a Brigitte Macron a presentar la denuncia formal.
El caso cobró mayor relevancia por el alcance masivo que lograron los contenidos: publicaciones, retuits y comentarios multiplicaron la desinformación en redes sociales y alcanzaron a cientos de miles de usuarios. De acuerdo con Le Parisien, incluso circularon alusiones a presuntos delitos de pedofilia, un factor determinante en la decisión de la primera dama de judicializar los hechos.
Durante el juicio, los acusados intentaron ampararse en la libertad de expresión, describiendo sus publicaciones como “humor” o “sátira”, y negando que constituyeran ciberacoso. El tribunal, sin embargo, desestimó esos argumentos y subrayó la gravedad del daño provocado por el hostigamiento virtual y la viralización sostenida de teorías conspirativas.
En declaraciones recogidas por TF1, Brigitte Macron reflexionó sobre la importancia del ejemplo público en la lucha contra el acoso. “Estoy constantemente defendiendo a los adolescentes que luchan contra el acoso, pero si no doy ejemplo, va a ser difícil”, sostuvo en un mensaje que luego fue citado por Le Parisien.
La documentación judicial mostró que la denuncia se centró tanto en los ataques transfóbicos como en la imputación de delitos falsos sin sustento probatorio, base del fallo condenatorio. En su resolución, el tribunal advirtió que la suspensión de las penas está condicionada al cumplimiento de las medidas impuestas y que cualquier reincidencia podría derivar en el ingreso efectivo a prisión.
El fallo reabrió en Francia el debate sobre los límites de la libertad de expresión en la esfera digital y la responsabilidad de usuarios e influencers en la propagación del acoso y la desinformación. Como concluyó Le Parisien, el caso instala una señal clara sobre las consecuencias legales del hostigamiento en línea y refuerza la necesidad de protección tanto para figuras públicas como para víctimas anónimas, especialmente jóvenes.