Bajo amenaza

Era la madrugada del 14 de mayo del 2016 Mauricio Ortega atacó a Nabila Rifo, dejándola con múltiples lesiones y sin sus dos globos oculares. Aunque el caso ocurrió en Coyhaique, la brutalidad del ataque lo hizo conocido en todo Chile, convirtiéndolo en un símbolo de la violencia de género en el país, y exponiendo las fallas en la protección hacia las víctimas y la crudeza de la revictimización mediática e institucional.

En abril del 2017 finalizó el juicio oral que contó con la presentación de numerosos testigos, peritos y profesionales, siendo televisado por el canal del poder judicial y retransmitido por diversos canales, donde se indagó en la vida íntima de la víctima refiriendo aspectos de su vida sexual, consumo de alcohol, fiestas y relaciones previas, lo que fue cuestionado por especialistas en derecho penal y por agrupaciones feministas y de derechos humanos, quienes la consideraron una forma de revictimización.

También se señaló como problemático que el tribunal permitiera la exposición de esta información privada sin resguardar a Nabila, lo que podría interpretarse como violencia institucional.

Incluso un programa matinal difundió íntegramente el informe ginecológico presentado en el juicio, que contenía detalles íntimos de la víctima. Tras lo que el Ministerio Público solicitó al Servicio Médico Legal un informe pericial de daño psicológico, que sin duda se acrecentó tras el trato que dieron los medios de comunicación, la defensa y el sistema judicial.

El fallo del tribunal de primera instancia condenó a Ortega por femicidio frustrado y lesiones graves-gravísimas, además de violación de morada, pero la Corte Suprema modificó la calificación de primer ilícito a lesiones simplemente graves, aludiendo a que “no había dolo”, es decir, la intención de matarla, rebajando la sentencia de 26 a 18 años de presidio, lo que reabrió un debate sobre la justicia y la protección de las víctimas en Chile.

Esa no fue la única revictimización a la que fue sometida Nabila, ya que recientemente la Corte de Apelaciones de Coyhaique otorgó la libertad condicional a Ortega, aludiendo a una “conducta intachable”, lo que significa que no estaría cumpliendo ni siquiera la mitad de su ya rebajada condena.

Desde la psicología forense y la ciencia criminológica se puede señalar que la intención de Ortega era marcar a Nabila y no matarla, es decir, que ella quedara con secuelas físicas y psicológicas, ya que privar a una persona de la visión es dejarla vulnerable y dependiendo de otros, por mencionar algunos aspectos.

Además, el agresor tenía una denuncia de violencia intrafamiliar previa, y es que el victimario tiene una estructura de personalidad que no cambiará, aunque presente una buena conducta en la cárcel. Por lo anterior, la posibilidad de que Ortega pueda salir libre es una pésima señal.

Aunque finalmente la Corte de Coyhaique revocó la libertad condicional de Ortega, luego de acoger el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), en este escenario es inevitable recordar lo sucedido con Hugo Bustamante, conocido como “el psicópata del tambor”, a quien dejaron libre sin haber cumplido su condena, por matar a su pareja y al hijo de ella, tras lo que ocultó sus cuerpos dentro de un tambor relleno con cal y cemento.

En el caso de Bustamante los informes lo describen con una personalidad antisocial y narcisista, con rasgos psicopáticos, que son rasgos estáticos de la personalidad, por lo que no cambiará bajo ningún tipo de sistema de rehabilitación y su libertad es un gran riesgo para la sociedad, lo que se comprobó luego de que una vez libre, asesinó a Ámbar Cornejo, la joven de 16 años que era hija de su pareja más reciente.

Por esto, la eventual libertad de Ortega es un riesgo latente para Nabila, afectando su salud mental, emocional y física, manteniéndola en un estado de hipervigilancia, ansiedad y gatillando sentimientos de indefensión, desesperanza y miedo, ya que siente que independiente de lo que haga, el aparato judicial puede liberar a su agresor.

Además, se estableció en el juicio oral que el trastorno de estrés postraumático que padece Nabila es severo y aunque se puede tratar, siempre vivirá con el miedo de que su victimario pueda salir antes y cumplir con sus amenazas, lo que no es un temor infundado, porque son cosas que el victimario ya ha hecho.

Por eso, debemos preguntarnos, ¿Qué seguridad se le puede transmitir a las personas si el sistema judicial está dando estas señales?, las que son contrarias a velar por la protección de las víctimas directas, sus familias y el resto de la ciudadanía.