Sala cuna universal: calidad en tiempos de baja natalidad

La baja natalidad en Chile dejó de ser una tendencia para convertirse en una urgencia. En 2024 se registraron cerca de 135 mil nacimientos, un 50% menos que en 1994, y la Tasa Global de Fecundidad cayó en 2025 a 0,97 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. Las proyecciones advierten un escenario de crecimiento natural negativo, con efectos sociales, económicos y educativos que marcarán a varias generaciones.

En este contexto, el debate sobre la Ley de Sala Cuna Universal resulta decisivo. Su sentido va más allá de ampliar cobertura: busca reconocer el cuidado y la educación temprana como un derecho, independiente de la condición laboral de las familias. Garantizar acceso desde los primeros meses de vida favorece la corresponsabilidad, reduce brechas de género y entrega un respaldo concreto a familias que hoy postergan la maternidad y paternidad por falta de apoyo estructural.

Las señales recientes son alentadoras. Pese a la baja natalidad, durante 2025 se observó un aumento sostenido en la asistencia a la Educación Parvularia y al nivel sala cuna. Entre marzo y julio, la asistencia superó a la del año anterior, con alzas de hasta 6% en mayo. En julio, históricamente crítico, se alcanzó cerca del 79% de asistencia, la más alta de los últimos cinco años.

Este aumento también invita a mirar con atención la calidad. Para las familias, una buena sala cuna es aquella donde saben que sus hijos e hijas están bien cuidados, acompañados por equipos cariñosos y preparados, en espacios seguros, limpios y estimulantes. Es importante que exista un proyecto educativo que valore el juego, los vínculos y el bienestar, con adultos suficientes e idóneos para la educación de cada lactante, protocolos claros de salud y una comunicación abierta y permanente con madres, padres y cuidadores. Son estas condiciones las que entregan tranquilidad, generan confianza y hacen posible que la asistencia sea sostenida.

La Sala Cuna Universal puede convertirse en una respuesta significativa frente a la baja natalidad si se concibe y desarrolla con estándares exigentes, financiamiento suficiente y responsable, con mecanismos de fiscalización efectivos. Avanzar en esta dirección requiere una mirada compartida y de largo plazo, donde invertir en educación inicial de calidad se entienda no solo como una garantía de derechos para la infancia, sino también como un apoyo concreto a las familias y una base sólida para construir una sociedad y un país más equitativo desde el inicio de la vida.