El 8M y el reconocimiento de los cuidados como derecho social

El Día Internacional de la Mujer, que cada 8 de marzo conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos sociales, políticos y laborales, nos invita a reflexionar no solo sobre los avances alcanzados, sino también sobre las desigualdades que persisten y que atraviesan la vida cotidiana de millones de mujeres, especialmente en el ámbito del trabajo y del cuidado. Cuidar, sostener la vida de otros, acompañar, atender, gestionar la casa, criar, contener emocionalmente, ha recaído históricamente en las mujeres, sin reconocimiento ni protección social. Sin embargo, el cuidado es también salud, y reconocerlo implica avanzar hacia una Educación para la Salud que forme una ciudadanía crítica, capaz de comprender la interdependencia que sustenta nuestra sociedad.

En este contexto, este 8M cobra especial relevancia la entrada en vigencia de dos normativas que marcan un punto de inflexión: la Ley Chile Cuida y la Ley Yo Cuido, Yo Estudio. Ambas son fruto de décadas de movilización feminista y de organizaciones de cuidadoras que han exigido que su trabajo, durante años invisibilizado, sea reconocido como un derecho y una responsabilidad compartida. Estas leyes responden así a una deuda histórica con quienes han sostenido el bienestar colectivo: las mujeres cuidadoras, cuyo trabajo ha sido por décadas un pilar silencioso del sistema social y sanitario.

La entrada en vigencia de la Ley Chile Cuida, publicada en febrero de 2026, establece por primera vez un Sistema Nacional de Cuidados que reconoce el derecho de las personas a recibir y brindar cuidados en condiciones dignas. Esta ley no solo resitúa el cuidado como un derecho social, sino también como un componente fundamental de la salud pública. Un país que cuida de manera corresponsable, entre el Estado, las familias y la comunidad, es un país más saludable y más justo.

Por su parte, la Ley Yo Cuido, Yo Estudio, impulsada por el Ministerio de Educación, garantiza el derecho a la educación de estudiantes cuidadoras y cuidadores, quienes han enfrentado barreras para continuar sus estudios superiores debido a la sobrecarga de cuidado. Esta ley es también una política de salud, que permite que quienes cuidan no abandonen su proyecto educativo y, con ello, rompe ciclos de precarización, estrés crónico y desigualdad que afectan mayoritariamente a mujeres jóvenes. 

Ambas iniciativas comparten una convicción transformadora: el cuidado es trabajo, es un derecho y debe ser garantizado por el Estado. Este enfoque no solo cuestiona la idea de que las mujeres “naturalmente” cuidan y con ello desafía estereotipos de género arraigados, sino que también se alinea con una concepción contemporánea de la Educación para la Salud, que entiende la salud como el resultado de condiciones sociales, culturales y económicas. Desde esta perspectiva, reconocer el cuidado como un derecho implica asumir que las desigualdades estructurales, incluidas las de género, influyen directamente en las oportunidades de vivir una vida saludable. Así, educar para la salud significa también formar capacidades para analizar críticamente el mundo y promover la responsabilidad social en el cuidado, abriendo paso a una sociedad que distribuya de manera justa las tareas que sostienen la vida cotidiana de todas las personas.

Este 8M, mientras recordamos la fuerza de los movimientos feministas y de las mujeres organizadas que han hecho posible estos avances, es fundamental reconocer que ningún proyecto democrático puede sostenerse sin un sistema de cuidados robusto y corresponsable. La creación de un Sistema Nacional de Cuidados y el reconocimiento de las estudiantes cuidadoras representan pasos significativos en ese camino, pero su puesta en marcha requerirá que estos compromisos no queden solo en el papel, sino que se concreten en financiamiento suficiente, implementación efectiva, formación de profesionales, corresponsabilidad institucional y transformaciones culturales profundas. Son desafíos de gran envergadura para un gobierno que recién comienza, y cuya capacidad de impulsar estos cambios será clave para avanzar hacia una sociedad más justa. Porque la transformación no se logra solo con nuevas leyes, sino con un compromiso cotidiano, colectivo y sostenido por el Estado, capaz de dejar atrás siglos de desigualdad.