Ni mercado de vientres ni prohibición: una tercera vía en el debate sobre maternidad subrogada

La discusión sobre maternidad subrogada suele atraparse en caricaturas. Para algunas personas es libertad absoluta de mercado; para otras, explotación inevitable. Sin embargo, esa polarización impide distinguir algo fundamental: no es lo mismo la subrogación comercial que la subrogación altruista. Confundir ambas categorías empobrece el debate público y bloquea la posibilidad de una regulación democrática centrada en la dignidad humana.

Desde un enfoque humanista, el punto de partida es reconocer que la infertilidad no es un capricho ni un deseo trivial. La Organización Mundial de la Salud ha definido la infertilidad como una condición médica que afecta a millones de personas en el mundo (OMS, 2023). La posibilidad de formar una familia forma parte del proyecto vital de muchas personas y no puede ser desestimada sin más como consumismo reproductivo. Pero reconocer ese valor no implica aceptar su mercantilización.

La experiencia comparada demuestra que el vacío normativo no elimina la práctica, sino que la empuja hacia circuitos opacos. En América Latina, la ausencia de regulación ha trasladado el problema al poder judicial, generando inseguridad jurídica y respuestas dispares (Martínez-Muñoz y Rodríguez-Yong, 2021). Cuando el Estado se inhibe, el mercado ocupa el espacio. Y es precisamente en ese terreno donde la explotación se vuelve estructural.

El feminismo ha sido clave en complejizar esta discusión. Carole Pateman advirtió hace décadas que el lenguaje liberal de la “propiedad sobre el propio cuerpo” puede ocultar relaciones de subordinación si se naturaliza la idea de que todo es alienable (Pateman, 1988). Más recientemente, Anne Phillips ha mostrado que el problema no es la autonomía en sí misma, sino su traducción automática en lógica contractual y mercantil (Phillips, 2013). La pregunta, entonces, no es si las mujeres pueden decidir, sino bajo qué condiciones esa decisión es genuinamente libre y no resultado de desigualdades estructurales.

Reducir toda subrogación a explotación supone, paradójicamente, desconocer la agencia moral de las mujeres. Pero asumir que cualquier contrato es expresión de libertad también es ingenuo. Martha Nussbaum ha sostenido que la autonomía debe evaluarse en función de las capacidades reales disponibles y no solo de la ausencia formal de coerción (Nussbaum, 2000). Desde ese enfoque, la distinción entre subrogación comercial y altruista no es menor: cuando existe remuneración lucrativa en contextos de desigualdad socioeconómica, el riesgo de explotación es evidente; cuando la práctica se limita a la cobertura de gastos y se enmarca en reglas estrictas, el análisis cambia.

La historia regulatoria ofrece lecciones importantes. El Informe Warnock en el Reino Unido (Warnock, 1984), uno de los documentos fundacionales en bioética reproductiva, consideró la gestación por sustitución moral y socialmente problemática, y la mayoría de sus miembros recomendó su prohibición. Sí existió unanimidad en rechazar de manera tajante cualquier forma de comercialización. Sin embargo, el desarrollo legislativo posterior (en particular la Surrogacy Arrangements Act de 1985 y las reformas de 1990 en adelante) optó por criminalizar la intermediación lucrativa y la publicidad comercial, pero no prohibió la modalidad altruista, que quedó permitida bajo estrictas condiciones y supervisión judicial. El modelo británico que terminó consolidándose, por tanto, no surgió como una recomendación directa del informe original, sino como una evolución normativa que distinguió entre lucro y solidaridad.

Desde la evidencia biomédica, también sabemos que la gestación implica vínculos biológicos y psicológicos complejos entre gestante y criatura. Investigaciones en medicina reproductiva han mostrado la importancia del entorno gestacional en el desarrollo fetal y los procesos de apego temprano (Golombok et al., 2011). Precisamente por eso la regulación es indispensable: consentimiento informado robusto, acompañamiento psicológico independiente, prohibición de publicidad comercial, definición clara de filiación antes del nacimiento y garantía del interés superior del niño. No regular no protege; expone.

Prohibir toda forma de subrogación tampoco evita que personas viajen a jurisdicciones con mercados desregulados. Solo desplaza el problema hacia contextos con menos garantías. La política pública responsable no es la que se refugia en la prohibición simbólica, sino la que distingue entre prácticas explotadoras y prácticas solidarias.

La subrogación altruista, estrictamente regulada y despojada de toda lógica de lucro, puede entenderse como una forma de solidaridad reproductiva. No convierte el cuerpo en mercancía, porque no hay precio. No transforma al niño en objeto contractual, porque el centro normativo debe ser su interés superior, principio consolidado en el derecho internacional de la infancia. Y no niega la autonomía femenina, sino que la reconoce dentro de un marco institucional que previene abusos.

En el contexto chileno, donde el debate legislativo oscila entre la prohibición total y la ausencia de regulación, urge abandonar las consignas y asumir responsabilidad democrática. La prohibición total no es neutral: es permitir que la desigualdad global haga el trabajo sucio. La tarea del Congreso no es abrir un mercado reproductivo, pero tampoco es cerrar los ojos ante una realidad que ya existe. Es diseñar un marco jurídico que impida la mercantilización, garantice derechos y establezca límites claros. Si el Estado no define las reglas, las definirán los intermediarios. Y esa no puede ser la política pública de una democracia que se tome en serio la dignidad humana.