Ley Tommy Rey: que los intérpretes y ejecutantes reciban lo que les corresponde

Este miércoles 13 de agosto, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados podría votar las indicaciones presentadas al proyecto que propone modificar la Ley N° 17.336, para resguardar los derechos de intérpretes y ejecutantes por la puesta a disposición pública de sus interpretaciones en plataformas digitales.

Se trata de un proyecto de vital importancia en el quehacer musical, ya que reitera que cada etapa en el proceso de construcción de una canción es fruto del trabajo de diversos artistas, el cual debe ser compensado cuando otros obtienen beneficios económicos del mismo. Esto es válido tanto para autores y compositores, a través del Derecho de Autor, como para cantantes e instrumentistas, a través del Derecho de Intérprete, ambos incluidos en las licencias por comunicación pública de obras musicales.

Sin embargo, hay un grupo de usuarios en particular que se ha visto exento del pago de este segundo derecho, lo que además de ser una situación desigual respecto de todos los demás rubros que utilizan música para mejorar la oferta de un negocio, constituye un perjuicio y un menoscabo a la labor de miles de intérpretes y ejecutantes. De ahí que este proyecto se denominara con el nombre de quien fuera un intérprete por excelencia, tras lograr una altísima difusión con los registros que hizo de las obras de diversos autores. “Ley Tommy Rey”, es la denominación de la propuesta, mientras que el grupo beneficiado por el vacío legal actual es nada menos que el que más dinero mueve hoy en función de la música: Las plataformas digitales.

Como todo proyecto que toca intereses, éste también ha encontrado resistencia en quienes prefieren mantener el statu quo. Del mismo modo, se ha visto una cuota de desconocimiento que ha permeado la discusión que hoy tiene lugar. Ambas situaciones quedaron en claro en la última sesión de la Comisión, el pasado miércoles 6 de agosto, cuando se escucharon aseveraciones que nada tienen que ver con la realidad de este proyecto.

Así sucedió cuando un diputado expresó que el “hecho fundante” de esta presentación sería la situación particular del fallecido Tommy Rey. Desde luego que eso no es así. Como ha ocurrido con una serie de proyectos desde el retorno a la democracia, sus nombres de fantasía aluden únicamente a casos que los inspiran, sin que se busque construir un traje a la medida de determinada persona. Patricio Zúñiga, el recordado Tommy Rey, no es otra cosa que un símbolo, el ejemplo de lo que un intérprete hace, pero en ningún caso el gran beneficiario de la ley que se pueda aprobar.

A otro diputado, en tanto, se le escuchó decir que a algunos músicos no les gustaría el proyecto, ya que “hoy tienen la libertad de negociar con distintos medios de difusión de música”, mientras que con esta Ley aprobada tendrían que gestionar sus derechos a través de SCD. Por cierto, el proyecto no obliga a vincularse únicamente a una organización, pero más allá de eso, la aseveración también asume como contracara positiva un escenario que hoy es completamente inexistente, como es la supuesta negociación individual, al tiempo que desconoce el aporte invaluable que la gestión colectiva ha representado para los artistas, como única forma plausible, viable y lógica de lograr que el trabajo creativo sea compensado por parte de quienes se benefician de él.

Ojalá que una sesión clave como la que este miércoles tendrá lugar, pueda desarrollarse sopesando debidamente los distintos aspectos que este proyecto pone en juego, a fin de que los parlamentarios puedan votar por las indicaciones en conciencia y de acuerdo con su juicio.

Por nuestra parte, seguiremos defendiendo la necesidad de que este proyecto se transforme en Ley, de modo de que se pueda garantizar que los intérpretes y ejecutantes reciban lo que les corresponde por el provecho que otros han obtenido de su trabajo. En el ámbito digital, esto es algo que las principales economías del mundo han logrado regular, sin que ello haya implicado encarecer el acceso a las plataformas para las personas, ya que se ha entendido de que la responsabilidad de cumplir con esta obligación es de las empresas que las impulsan, mas no de sus clientes.

Confiamos en que el proceso de indicaciones logre despejar las inquietudes que naturalmente se suscitan en torno a los proyectos, de modo que las siguientes etapas legislativas tengan como corolario la promulgación de una ley justa, clara y en torno a la cual todas las partes involucradas logren comprometerse.