Diez tesis sobre el Pase Cultural: cuando la cultura se reduce a voucher

El Pase Cultural fue presentado como un avance histórico en materia de acceso a la cultura. Un gesto de justicia cultural orientado, supuestamente, a disminuir las brechas de desigualdad y a reconocer la cultura como un derecho.

Sin embargo, a pocos meses de su implementación en julio de 2025, lo que observamos es otra cosa. Una política pública mal diseñada, desconectada de los territorios, incapaz de generar apropiación social y que, lejos de fortalecer el ecosistema cultural, termina profundizando una lógica de mercado sobre aquello que debiera concebirse como un bien común.

Compartir estas reflexiones personales como diez pequeñas tesis/ideas, pero que son fruto de diálogos con diversos colegas, no buscan alimentar la polémica coyuntural, sino abrir una discusión política de fondo. Porque lo que está en juego no es solo un instrumento fallido, sino el modelo de política cultural que se nos está proponiendo:

1. En primer lugar, es necesario decirlo con claridad, la implementación del Pase Cultural es responsabilidad política directa de la ministra de las Culturas Carolina Arredondo Marzán, quien impulsó este programa como uno de los ejes centrales de su gestión. Y cuando una autoridad presenta un proyecto como emblema, también debe asumir el costo político de su fracaso. No hacerlo es eludir la rendición de cuentas y evadir la responsabilidad política.

2. La intención del Pase es positiva sin duda, principalmente con respecto a disminuir la desigualdad en el acceso a bienes, servicios culturales y actividades artísticas. Pero expresa una contradicción de fondo, pues se presenta como política de derechos, pero se formula desde la lógica del voucher. Cambia el lenguaje, pero no el paradigma. Se disfraza de justicia cultural, pero opera como estímulo al consumo. Como consecuencia, la cultura sigue tratándose como mercancía y no como derecho social garantizado.

3. El “mal uso” del Pase Cultural responde a diversos problemas estructurales y culturales. Y no se resuelve criminalizando a jóvenes de 18 años, quienes no son responsables de las falencias en el diseño, estructura e implementación de esta política pública. Esconder la precariedad institucional con un relato moralizante es una operación clásica del poder de la toma de decisiones.

A esto se suma un problema menos visible, pero igualmente grave; el Pase opera en una concepción restringida y adultocéntrica de lo cultural, legitimada únicamente a través de circuitos formales asociados al Merchant Category Code (MCC), es decir, al código bancario que clasifica los comercios según rubro. En la práctica, solo aquellos espacios que cumplen con ciertos estándares comerciales pueden ser parte del sistema, dejando fuera una enorme cantidad de prácticas culturales vivas como las culturas urbanas, espacios comunitarios, colectivos autogestionados, experiencias barriales y circuitos alternativos donde se produce tejido cultural. En definitiva, el Estado termina reconociendo como “cultura válida” aquello que es legible para el mercado.

4. Por otra parte, resulta especialmente alarmante que, existiendo antecedentes de mal uso de esta política pública en experiencias similares, como en España, no se hayan tomado las medidas necesarias para prevenir situaciones como las actuales. Era posible anticiparlo. No se hizo. Y hoy el Ministerio vuelve a quedar mal posicionado y debilitado políticamente.

5. El bajo porcentaje de aplicabilidad del Pase Cultural, en aproximadamente un 21% de activación desde su implementación es un síntoma elocuente. Habla de una política que no dialogó con los territorios, que no comprendió a sus públicos y que no generó confianza ni pertinencia. Cuando un instrumento no logra ser apropiado socialmente, no es porque la gente no lo entienda, sino porque el instrumento no funciona.

Pero esta baja valoración no debe ser entendida como apatía hacia la cultura, sino como una profunda crisis de confianza y de sentido entre el Estado y sus destinatarios. Una política que se formula desde el consumo y desconectada de las condiciones materiales de la vida no puede ser apropiada como un derecho. Mientras la cultura se ofrezca como voucher y no como experiencia construida colectivamente, ninguna herramienta logrará producir ciudadanía y democracia cultural real.

6. En su primera versión fallida, el Pase Cultural comprometió 15 mil millones de pesos. A pesar de que el fracaso ya era evidente, la ministra decidió sumar otros 10 mil millones adicionales. Esto da cuenta de una gestión irresponsable, carente de autocrítica y desconectada de la realidad del sector. En un país donde espacios culturales, compañías, centros comunitarios y trabajadores sobreviven con presupuestos mínimos, esta obstinación resulta ofensiva.

7. Estas decisiones estratégicas se tomaron sin diálogo vinculante con los gremios. Mientras el sector cultural exige desde hace años el cumplimiento del compromiso de un Estatuto del Trabajo Cultural, la ministra optó por priorizar una política cosmética. Se gobierna para la foto y no para la transformación. A la fecha, no existen respuestas claras sobre el Estatuto, pero sí observamos cómo se mal destinan recursos públicos que hoy, producto de esta mala gestión política, probablemente se perderán.

8. Si el objetivo real fuera disminuir las brechas de acceso a la cultura, los recursos podrían haberse destinado a fortalecer ecosistemas culturales existentes. Como por ejemplo Puntos de Cultura Comunitaria, programa que con presupuestos muy inferiores han demostrado una alta efectividad en garantizar participación y desarrollo cultural en todas las regiones, especialmente en territorios históricamente desfavorecidos. Asimismo, podrían haberse fortalecido otros programas y creado nuevas iniciativas para ampliar el acceso real a bienes culturales y actividades artísticas para públicos diversos, más allá del acotado rango etario del Pase.

Invertir en territorios es fortalecer la soberanía cultural.

Invertir en vouchers es fortalecer plataformas de mercado.

9. No es razonable ni serio que un futuro ministro plantee la “suspensión” de una política cultural pública a partir de algunos usos indebidos, como ha señalado el diputado Francisco Undurraga. Lo que corresponde es corregirla, fortalecerla y rediseñarla. Lo esperable de una autoridad es que proponga políticas culturales contundentes, construidas en diálogo con quienes las trabajamos en los territorios, y que ofrezca claridad sobre su destino, así como alternativas que profundicen la disminución de las brechas de desigualdad en participación cultural y acceso a los bienes de la creación artística.

10. Hoy el Pase Cultural se ha convertido en el símbolo de una gestión desconectada del sector que dice representar. Y, como suele ocurrir, quienes pagamos el costo no somos quienes diseñaron el fracaso, sino las y los trabajadores culturales, precarizados, invisibilizados y cansados de promesas incumplidas. Pero es fundamental reiterar que no debemos perder de vista los objetivos de fondo tales como disminuir las brechas de acceso a bienes y servicios culturales, reducir la desigualdad social en materia de participación cultural y ampliar la forma en que la ciudadanía valora sus culturas y creaciones artísticas.

Finalmente, la pregunta es simple, pero incómoda:

¿Queremos una política cultural basada en vouchers o una política cultural basada en derechos?