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La grave amenaza de los narcos

por 9 diciembre, 2019

La grave amenaza de los narcos
Lo único que me queda por hoy es suplicarles a quienes marchan pacíficamente y también a los partidos políticos, que se alejen de la violencia, los incendios y los saqueos, que no los aplaudan, que los rechacen con fuerza, que denuncien y, sobre todo, que sepan distinguir el quién es quién de este caótico escenario, que no lo vean todo con la blanca pureza de las reivindicaciones o el negro color del Gobierno y sus secuaces carabineros. Entremedio, hay muchas tonalidades de gris y por ahí se nos está infiltrando un poder narco que nos podría dejar un paso más cerca de un Estado fallido.
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Hay un cierto sector de opinólogos en las redes sociales que reaccionan virulentamente cuando algunos, entre los que me encuentro, denunciamos que detrás de muchos de los hechos de violencia –sobre todo saqueos e incendios– hay narcos o anarcos involucrados. Como explicaré a continuación, las evidencias que se están acumulando lo hacen indesmentible, la “subida por el chorro” –de los narcos en particular en este legítimo proceso de protesta ciudadana– se está convirtiendo en una amenaza de creciente gravedad para nuestra nación y, al convertir estas denuncias en “políticamente incorrectas” y tratar de acallarlas, estos opinólogos le están haciendo un flaco favor a al país, que muy probablemente va a terminar más pobre y más desigual que al inicio de la explosión ciudadana.

Esta explosión es legítima y sus reivindicaciones son de altísima prioridad, cuestión que la elite de derecha aún se resiste a aceptar. Sin embargo, según Mario Marcel, presidente del Banco Central, por efectos de la violencia, destrucción económica y desempleo, en dos meses el índice de Gini se habrá deteriorado en el equivalente a 27 años de (insuficientes) esfuerzos por la equidad en Chile.

¿Por qué esta reacción opinológica tan virulenta? En mi opinión, en su psiquis, si es que llegara a haber narcos (o anarcos) en medio o detrás de la violencia, se arruinaría la “pureza revolucionaria” de los encapuchados y de los que marchan pacífica y legítimamente. Por cierto, encapuchados y los que marchan pacíficamente son dos categorías muy diferentes, pero esa distinción no viene al caso hoy y la dejaremos para otro día. Como para las redes sociales solo existe un mundo de blancos y negros, cualquier asunto que haga borrosa la línea divisoria entre ambos, se hace insoportable y quienes advertimos sobre la presencia de los narcos en esta crisis, pasamos a ser fachos ante sus impolutos y virginales ojos.

En vista de la evidencia presentada, ya es hora que se organice nuestra propia DEA, un servicio altamente especializado antinarcos, con buena gestión, inteligencia y, por qué no decirlo, con poder de fuego. En ella, debieran concurrir el OS-9 de un muy reformado Carabineros y la PDI, pero también los servicios de inteligencia de las FF.AA. que seguramente manejan información. Un equipo multidisciplinario, que obtenga la inteligencia suficiente, coordinado con servicios similares del exterior, para después actuar sobre la información y dar la batalla que se necesita para detener esta negra amenaza que se cierne sobre nuestra sociedad. Esto no tiene nada que ver con los imprescindibles y urgentes cambios que exige la ciudadanía en términos de Constitución y pacto social y económico. Pero, si no se hace a la brevedad, libre de complejos, no tendremos mucho país sobre el cual aplicar nuestras anheladas mejoras sociales.

¿Cómo calificar los primeros incendios simultáneos en 7 estaciones del metro, con acelerantes potentes e iguales en todas, más un incendio intencional en el centro de despacho de subtransmisión eléctrica, más 450 incendios en supermercados, ataques a 220 comisarías, más otros ataques al metro que en total dejaron 57 estaciones inutilizadas? Evidentemente, no todo es acción de anarcos, con seguridad hay otros violentistas, delincuentes, narcos o barras bravas involucradas en una confusa maraña. Pero, como veremos, al menos el inicio de las hostilidades parece ser claramente adjudicable a ellos.

El metro había sido blanco de ataques desde el episodio del subcentro de Escuela Militar en 2014. Los rayados anarquistas han aparecido periódicamente en las estaciones. En mayo 2019, un dispositivo dirigido al presidente del directorio del metro, fue enviado por el mismo grupo que se atribuyó el atentado al expresidente de Codelco y la explosión en un paradero del Transantiago en Vicuña Mackenna. En la página web ContraInfo –la misma donde un grupo se atribuye las cartas bombas contra la 54° Comisaría de Huechuraba y el exministro Hinzpeter– hay un posteo del 7 de octubre de 2019, con la imagen de un bus envuelto por el fuego y un llamado a una semana de sabotaje y evasión del transporte público. El texto del póster es: "Llamado a una semana de sabotaje y evasión del sistema de transporte público. Lunes 7 de octubre – Lunes 14 de octubre. Anonimato subversivo".

El comunicado señala que “hoy 6 de octubre del 2019 hacemos un llamado al territorio de Santiago-Chile al sabotaje y la evasión masiva de los sistemas de transporte público. No podemos quedarnos de manos cruzadas a las arremetidas de los gobiernos de turno, las alzas en los pasajes no son cosa menor, por eso hacemos el llamado a alzarse contra la oligarquía, contra el sistema y el capital”.

En el mismo sitio web ContraInfo, un participante de los incendios iniciales se lamenta a posteriori: “Sin embargo, faltó dinamita. Escaseó el diésel y la gasolina. Se escatimó en el ataque. Hubo carencia de expropiaciones. No fueron demolidas las sedes de todos los partidos políticos. No se asaltaron prisiones ni manicomios. Se arremetió contra los símbolos pero faltó tiro al blanco. Quedó pendiente una fogata gigantesca con los cientos de banderas que se perciben en las marchas (incluyendo la rojinegra, porque todas las banderas están llenas de sangre y de mierda). Esa penuria ha permitido que la potencia negadora se desvíe hacia el 'triunfo', en lugar de inyectarle vida al conflicto y exceder los cantos instituyentes que ya amenazan con imponer la paz de los sepulcros”.

Con estos pocos datos, parece bastante evidente concluir que en estas semanas de crisis hubo uno o más grupos anarquistas altamente coordinados que iniciaron las hostilidades. Es más, lo ocurrido en Chile quedará en los anales mundiales del anarquismo de las últimas décadas por su dimensión. Nada hay que se le parezca. No es su objetivo principal causar muertes, como en el terrorismo, sino caos y, como aparece en sus manuales, el eventual colapso del “Estado opresor”. Finalizan: “Una micro quemada no nos devolverá nada, un pako tampoco. Pero es la forma que hemos tenido que tomar en contra del poder y sus esbirrxs”.

Con todo, para efectos de este análisis, los anarcos no pasan más allá de ser grupúsculos con pronunciadas características sicopáticas, pero incomparablemente más pequeños que los narcos, en su número y potencial efecto de largo plazo. Estos últimos no son sicópatas, son amorales empresarios de la droga, que usan la violencia y el asesinato sin empacho.

Ciper no podría tildarse de publicación fascistoide, aunque a estas alturas los que solo leen lo que quieren leer e interpretan lo que quieren interpretar podrían tildarla como tal en sus publicaciones sobre este tema. Destaco entre otros este párrafo: “Mientras el Estado se achicaba, silenciosamente primero y ahora de un modo pirotécnicamente vistoso, el narcotráfico se fue apoderando de varias zonas en el país. En Chile, 1,5 millones de personas viven a merced de bandas narco. Es un problema social grave que estuvo ausente del debate durante el estallido del 18-O hasta que los saqueos comenzaron a causar alarma pública. Los narcos podrían estar involucrados en los disturbios y saqueos sobre todo para asegurar su control territorial. Son emprendedores y se les abrió una oportunidad de negocio con total impunidad. Ellos quieren un Estado débil”.

Agregaríamos: ellos necesitan un Estado débil, para que su negocio se afirme y expanda. Cuando se apoderan de un territorio, se estima que solo 1/3 de su negocio es la droga. El resto es mafia pura, tal como venderle “protección” a las casas y negocios, conseguir niños-soldados y negocios turbios de toda índole.

El Ministerio Público presentó los resultados del “Observatorio 2016 del Narcotráfico en Chile”, documento que reúne estadísticas actualizadas y análisis cualitativos sobre la evolución del tráfico de drogas en los últimos 10 años y, las estructuras jerárquicas de las bandas barriales. Los narcotraficantes ciertamente no aparecieron en Chile en octubre de 2019. Previamente, ya había nada menos que 426 barrios críticos en materia de venta ilícita de drogas en el país.

En Radio Cooperativa se informó en octubre que “producto de la investigación iniciada el 7 de octubre (de este año) tras el hallazgo de un container con armamento en el sector portuario de Iquique, la Fiscalía en conjunto con la PDI, Aduanas y la Armada, lograron incautar un nuevo cargamento con armas y municiones. El análisis de la información recogida durante la investigación, permitió determinar que un nuevo container llegaría al puerto y que posiblemente traería armamento consigo, por lo que –tras confirmar su llegada y posterior revisión– se comprobó la presencia de armas y municiones en su interior el 18 de octubre”.

Obvia y felizmente, la Fiscalía sabe cosas que aún no han sido divulgadas, por obvias razones. Pero ¿quién estuvo internando armas justo antes del estallido social y otro container el mismo día del estallido? ¿Mera casualidad? ¿Habrán sido los espontáneos ciudadanos indignados o, bien, los únicos que tienen recursos suficientes para hacerlo… los narcos? ¿Por qué esto no se discute en los cientos de programas de radio y TV que despluman el acontecer de la crisis a diario?

Esta es información de la mayor gravedad pero que, a pesar de haberse publicado en un par de medios radiales, no forma parte, hasta ahora, del análisis nacional. Señora Cecilia Morel, estos sí son sus alienígenas y el Estado de Chile sí está en guerra con ellos. Y son los narcos o algunos de sus socios, les guste o no a quienes quieran preservar la pureza de imagen de los violentistas y los legítimamente indignados. Son los que quieren conseguir un Estado fallido en Chile.

La DEA (Drug Enforcement Administration), de EEUU, ya puso a nuestro país en la mira. Según la revista Capital, esta agencia ya en marzo de 2018 advirtió que Chile había dejado de ser un mero pasadizo o destino final para las drogas, puesto que la manufactura de cocaína y drogas sintéticas ya forma parte de su floreciente negocio local e internacional.

El Mostrador, en un artículo de mayo de este año, ya nos había informado sobre los tentáculos narco infiltrando al PS en San Ramón. Es de suponer que no lo hicieron por bolitas de dulce. En ese reportaje, el analista Ernesto Águila indicó que hay que “poner una muralla china entre el narcotráfico y el sistema de partidos. Esa infiltración es un riesgo real que cruza la política aquí y en muchos países. En eso hay que actuar con anticipación y de manera drástica”. El poder corruptor del narco es una amenaza incluso para la seguridad nacional. Corrompen con montañas de dinero y también con amenazas a fiscales, jueces, policías, militares, empresarios y políticos.

Como ejemplo, la corrupción de altos niveles militares en México llegó a tal punto en el pasado reciente, que el oficial de más alto rango en la lucha contra el narcotráfico, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, era asalariado de Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos" del cartel de Juárez. Nada garantiza hoy que en Chile no pudiera producirse la tentación del gran dinero para militares y carabineros de alto rango, cuya pureza no está precisamente garantizada, especialmente a la luz de los casos "Pacogate" y "Milicogate".

Hace exactamente un año, The Clinic reveló, a través de un audio secreto que obtuvieron, que el comandante en Jefe del Ejército pronunció un discurso privado con una dura crítica interna, ya que oficiales habían traficado armas para bandas de narcos.

El Fiscal de la Metropolitana Sur, Héctor Barros, apareció en entrevista a La Tercera el 6 de diciembre de este año, en pleno conflicto. Es el mismo que había investigado exitosamente los atentados en la estación Escuela Militar. Con la cautela que le impone la ley, dice que ya hay “indicios” en las 20 mil horas de grabaciones, sobre la participación de grupos organizados en los incendios del metro. Indesmentiblemente, nos señala dicho fiscal, “entre los múltiples apresados en saqueos, al principio hubo mayoritariamente personas sin antecedentes, ahora ya hay muchos con antecedentes previos de narcotráfico. Por otro lado, ya hay información sobre los sectores más duros de las barras bravas, aquellos vinculados al narco, apresados por su participación en hechos violentos”.

Al día siguiente, también en La Tercera, se publicó sobre un violento ataque al cuartel policial de La Granja, con más de 100 disparos de armamento de grueso calibre. Tres policías con heridas graves de bala. ¿Tienen ese armamento los jóvenes violentistas de 18 años? ¿Los ciudadanos indignados? El modus operandi de los narcos a estas alturas es casi obvio: expulsar a la fuerza pública de un barrio o comuna para apoderarse de ese territorio.

A estas alturas del texto, algunos estarán preguntándose por qué no abordo aquí la brutalidad policial. Por supuesto que la abordo. Según Infobae el 1 de diciembre, la Fiscalía ha abierto en esta crisis 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200 lesionados oculares y/o ceguera total o parcial. Pero hay además un “detalle” que es relevante mencionar para los propósitos de esta columna: en junio de 2019, tres carabineros fueron detenidos en Punitaqui durante un operativo antidrogas.

Consecuencias potenciales

Nunca sabremos a ciencia cierta si los detonantes iniciales, es decir, los primeros y simultáneos incendios del metro que estuvieron claramente planificados, fueron organizados por los anarcos, los narcos u otros grupos interesados en el debilitamiento del Estado, como podría ser el PC que siempre transita con una pata en la democracia y la otra en la subversión... el discurso subversivo, presumido y estúpido en Caracas de su militante, Florencia Lagos, ha recorrido las redes. Posiblemente fue una coincidencia oportunista entre muchos de estos grupúsculos, puesto que algunos de sus personajes comparten militancias en el turbio submundo.

Tampoco podremos establecer a ciencia cierta la línea divisoria entre los narcos, las barras bravas –cuyos clientes son los narcos– y los jóvenes enrabiados al punto de la ira ciega, aquellos del “baile de los que sobran”, que están y seguirán participando en destrozos, incendios y saqueos, pues sienten que no tienen nada que perder y están dedicados a demoler un Chile que sienten que no les pertenece. Ellos no van a parar. Así, desgraciadamente, se han convertido en compañeros de viaje con narcos, que tienen propósitos muy diferentes y que tampoco tienen incentivos para parar, sino todo lo contrario. Esto es muy propio de situaciones caóticas, en que cada subgrupo participa según sus propias visiones e intereses.

Espero haber logrado convencer a los lectores de que los narcos ya estaban presentes en Chile antes de la explosión social de octubre, en dimensiones mucho mayores de lo que las elites de clase media y alta han tenido en consideración hasta ahora. A pesar de la gravedad del problema, la prensa impresa y televisiva no los suele mencionar, porque hasta ahora solo lo han sufrido mayoritariamente las comunas de menores ingresos.

Es otra demostración del clasismo informativo, en que un asesinato o portonazo en Las Condes equivale a 50 en La Pintana. Los saqueos también han ocurrido preponderantemente en comunas con escasa protección policial. En la distribución de carabineros, también aparece el clasismo de la sociedad. Los narcos son, además, otra verdad inconveniente que a los más ricos no les apetece ver, tal como los masivos problemas de patología mental, el analfabetismo funcional de los adultos o la violencia intrafamiliar. Mientras la cosa no se ponga fea en Las Condes o Vitacura, nuestro Versalles chilensis, sigamos pasándola bien.

Ya es indesmentible que los narcos han tenido participación relevante, no necesariamente en los combates entre la “primera línea” y carabineros (asunto que no les interesa), sino que en los incendios de supermercados y sobre todo saqueos a gran escala, para llevar bienes de consumo a sus territorios y aparecer como los gentiles salvadores del desabastecimiento que ellos mismos están ayudando a provocar. Los arrestos masivos y formalizaciones de narcos por la Fiscalía así lo demuestran. De pasada, obsequian parte de sus fuegos artificiales en las demostraciones de la Plaza de la Dignidad, ex-Italia, los mismos que usan para sus narcofunerales o anunciar la llegada de la droga al barrio.

Hasta ahora los narcos, ante la ineptitud, gruesos errores y sobrepasamiento policial, han estado ganando la batalla por el territorio, expandiendo así la mayoría de sus 426 barrios críticos, especialmente los de Santiago. Cuando estos logren fusionarse, podríamos llegar a tener comunas completas controladas por los narcos y, muy posiblemente, con muchos de sus efectivos policiales corruptos, al punto que el Estado chileno pasará a tener una presencia secundaria e irrelevante en las mismas. Así, de tener hoy el 8% de los ciudadanos bajo su control territorial, podrían acercarse al 20 o 30 por ciento después de la crisis. No muy lejos del caso mexicano.

En suma, todo apunta a que esta legítima explosión social le abrió la enorme oportunidad de expandir su negocio a los narcos, mismos que ya estaban internacionalizando la importación y exportación de estupefacientes. Tienen una lógica de empresa transnacional, tal como Pablo Escobar en Colombia o El Chapo en México. Para dar una idea del tamaño del negocio, 3.6 toneladas de cocaína fueron incautadas tan solo en Tarapacá entre 2016 y 2017, que equivale aproximadamente a US$ 70 millones y quién sabe cuánto es lo no incautado en todas las regiones. Una parte muy importante de esa droga es reexportada a Europa.

Independientemente de lo que resulte en materia de los esperados y positivos pactos constitucionales o sociales, Chile está dando un triste paso en dirección a su “mexicanización”, no precisamente en los muy gratos aspectos de la cultura de nuestros hermanos latinoamericanos, que constituyen mi segunda patria, sino en la siniestra pérdida de territorio, criminalización masiva y elevadas tasas de asesinato, al punto que partes significativas de su geografía ya están calificadas como de alta peligrosidad. Siete carteles de la droga están hoy disputándose prácticamente todo el país y, en sus fronteras de interfase, la violencia está totalmente descontrolada.

La corrupción de Chile, que aunque no se crea figuraba en los rankings internacionales en un nivel comparable a países de la OCDE, podría derramarse como un virus pernicioso a todos los niveles de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y de ahí al resto de la sociedad. Como lo dije en una columna anterior y lamento profundamente ser nuevamente el portador de las malas noticias, Chile esta al borde del precipicio narco.

¿Qué hacer?

En materia de combate al narco como política pública, la primera tentación sería legalizar las drogas para no dejarles mercado a los maleantes. Lamentablemente, las experiencias de países como Portugal, Holanda y de estados como Colorado dentro de Estados Unidos, demuestran que el consumo y la adicción han aumentado en lugar de disminuir. En un caso como el chileno, aunque los narcos dejaran de traficar droga, su componente delincuencial es de tal magnitud, que bien podrían dejar este negocio y redefinirse como grupos o bandas de delincuencia organizada igualmente peligrosos.

Por otro lado, la muy exitosa experiencia de Islandia para promover una juventud libre de drogas y alcohol, debiera replicarse en Chile en cualquier caso y con muchos recursos. Su beneficio sería, no solo la disminución del consumo, sino también el tener un país más sano y con jóvenes dedicados a practicar deportes en lugar de perder la conciencia en las calles, al mismo tiempo disminuyendo la demanda de mercado tan apetecida por los narcos. Es un muy deseable programa que hasta ahora solo ha dado pasos incipientes y pobremente financiados. Igual, los grupos delincuenciales organizados podrían continuar su nefasta labor de crimen y corrupción, siendo conducto de importación, producción y exportación de droga aunque disminuya su consumo en Chile.

Por cierto, en algún momento habrá que declarar una amnistía general para jóvenes enrabiados, los del “baile de los que sobran”. Fue nuestra neoliberal sociedad la que los incubó y merecen una reparación, con programas de capacitación, formación, empleo, asistencia social y psicológica, de modo de rescatarlos para la sociedad. Mandarlos al Sename o la cárcel no es la solución, sino todo lo contrario. De no hacerse, los estallidos seguirán repitiéndose, con o sin pacto constitucional y pacto social.

En vista de la evidencia presentada, ya es hora que se organice nuestra propia DEA, un servicio altamente especializado antinarcos, con buena gestión, inteligencia y, por qué no decirlo, con poder de fuego. En ella, debieran concurrir el OS-9 de un muy reformado Carabineros y la PDI, pero también los servicios de inteligencia de las FF.AA. que seguramente manejan información. Un equipo multidisciplinario, que obtenga la inteligencia suficiente, coordinado con servicios similares del exterior, para después actuar sobre la información y dar la batalla que se necesita para detener esta negra amenaza que se cierne sobre nuestra sociedad. Esto no tiene nada que ver con los imprescindibles y urgentes cambios que exige la ciudadanía en términos de constitución y pacto social y económico. Pero si no se hace a la brevedad, libre de complejos, no tendremos mucho país sobre el cual aplicar nuestras anheladas mejoras sociales.

En materia de actitudes ciudadanas, lo único que me queda por hoy es suplicarles a quienes marchan pacíficamente, y también a los partidos políticos, que se alejen de la violencia, los incendios y los saqueos, que no los aplaudan, que los rechacen con fuerza, que denuncien y, sobre todo, que sepan distinguir el quién es quién de este caótico escenario, que no lo vean todo con la blanca pureza de las reivindicaciones o el negro color del Gobierno y sus secuaces carabineros. Entremedio hay muchas tonalidades de gris y por ahí se nos está infiltrando un poder narco que nos podría dejar un paso más cerca de un Estado fallido.

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