El enjambre societario detrás de los PMGD que el informe de Quiroz & Asociados omitió

Las mayores presiones en torno al debate sobre la naturaleza de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y la distorsión que causa en el mercado eléctrico debido al precio estabilizado y que generó compensaciones millonarias capturadas por grandes actores financieros de alcance global, se dieron durante la discusión legislativa sobre subsidio eléctrico que impulsó el Gobierno anterior.

El lobby que se hizo –cuentan fuentes que conocieron los detalles– fue brutal. Para amortiguar el fuerte aumento en las cuentas de la luz en hogares vulnerables tras el fin del congelamiento tarifario, el proyecto buscaba recoger dinero fresco de las utilidades que percibían los PMGD por el precio estabilizado.

Las presiones para evitar que se concretara el proyecto llegaron por el lado de influyentes estudios de abogados, de agencias de asuntos públicos bien conectadas y –aseguran las fuentes– de organismos como la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), dirigida por entonces por Paula Estévez –del riñón del PS–, hoy subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno del Presidente Kast.

En ese escenario de alta tensión se presentó un informe económico, que tuvo por finalidad disputar la narrativa que señalaba la distorsión generada por los incentivos regulatorios en favor de los PMGD.

Al igual que en la colusión de los pollos y de las farmacias, el estudio fue realizado por Quiroz & Asociados, matriz laboral del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

De acuerdo con altas fuentes consultadas, el estudio fue utilizado para advertir efectos críticos sobre la viabilidad financiera del segmento. Según ese informe, 64 de 180 PMGD solares analizados entrarían en default en el primer año si se aplicaba el nuevo cargo, comprometiendo inversiones cercanas a US$ 1.000 millones .

El argumento central del informe de Quiroz para mostrar el grave riesgo financiero al que se exponía este segmento, si prosperaba el gravamen a los PMGD, fue el de presentar a estas empresas financieramente frágiles y altamente dependientes de estabilidad regulatoria.

En resumen, la estrategia fue presentar a estas generadoras como proyectos individuales y vulnerables a cambios en ingresos. O sea, como proyectos sin espalda.

Un análisis “aguas arriba” a la propiedad de estas centrales sugiere una cosa muy distinta: detrás de varias de esas plantas hay un gestor global con acceso a capital, compras de portafolio, administración profesionalizada y varias capas societarias.

El enjambre societario de los PMGD

El negocio PMGD en Chile no está dominado por “pequeños generadores”, sino por fondos globales, plataformas internacionales y vehículos financieros locales que empaquetan activos bajo estructuras de inversión sofisticada.

¿Cómo funciona? Tras consultar múltiples fuentes, lo que se ve es ingeniería financiera en estado puro. Un desarrollador identifica y construye un proyecto PMGD. Este se estructura en una sociedad por acciones (SpA). Una vez aprobado, el activo es vendido. Un fondo o plataforma internacional adquiere uno o varios proyectos. Estos se agrupan en portafolios de inversión. Un administrador local gestiona los activos.

Estos actores: gestionan carteras de activos, compran proyectos en bloque, operan con lógica de portafolio.

Así tenemos que BlackRock –una de las mayores gestoras de inversiones del mundo, que administra dineros de grandes fondos de pensiones como California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), entre otros–, a través de su fondo Global Renewable Power III, adquirió activos en Chile utilizando estructuras intermedias como Aediles Capital, consolidando cerca de 297 MW en PMGD.

Otro ejemplo es el de JP Morgan Asset Management –el “brazo inversionista” de JP Morgan, cuya misión es tomar dinero de grandes clientes e invertirlo a nivel global para generar rentabilidad–, que opera mediante Sonnedix, con alrededor de 125 MW, incluyendo compras a Grenergy y al vehículo ARCO II, vinculado al fondo Arroyo Investors.

Después está Brookfield Renewable Partners, filial del grupo canadiense Brookfield Asset Management, uno de los mayores gestores de activos del mundo. Esta empresa global controla activos a través de Interenergy, con unos 44 MW, tras adquirir plantas a desarrolladores locales.

En esta red de sociedades aguas arriba figura también Macquarie Asset Management –la división de inversiones del banco australiano Macquarie Group–, la que participa indirectamente del mercado chileno mediante Reden, plataforma que suma alrededor de 180 MW y está respaldada también por British Columbia Investment Management Corporation y MEAG.

Por su parte, Antin Infrastructure Partners –fondo de inversión especializado que administra dinero de grandes inversionistas como fondos de pensiones y aseguradoras– controla Blue Elephant Energy, con cerca de 173 MW en Chile, estructurados a través de joint ventures y adquisiciones a fondos como Rockville Solar Energy.

A estos se suman plataformas como Matrix Renewables –propiedad del fondo TPG a través de The Rise Fund–, que supera los 430 MW tras comprar carteras a Trina Solar y Verano Capital; CarbonFree, con más de 360 MW respaldados por Connor, Clark & Lunn Infrastructure, que ha adquirido activos a Grenergy y JREL Solar; y CVE Group, con más de 255 MW estructurados mediante una serie de vehículos financieros en Chile.

La estructura jurídica que sostiene este modelo es igualmente reveladora. Cada proyecto suele alojarse en una sociedad por acciones distinta: Parque Solar Villa Seca SpA, Los Paltos SpA, Pegasus Solar SpA, Orión Solar SpA, en el caso de CarbonFree; o una serie de vehículos numerados, como CVE Chile Fin 1, 2, 3 y 4, en el caso de CVE.

A fin de cuentas, todos estos grandes fondos globales se nutren del subsidio chileno que nació para fomentar la generación de energía de pequeños actores locales.