El espejismo de la productividad legislativa

Inicia un nuevo ciclo político legislativo y reaparece con fuerza el debate sobre qué tan productivo fue el Congreso saliente. Se publican rankings de asistencia, tablas de intervenciones, listados de mociones ingresadas y porcentajes de proyectos que finalmente se convierten en ley. La tentación es inmediata: medir la calidad del trabajo parlamentario en función de la cantidad. Pero el dato aislado suele ser un mal consejero. 

Que un diputado tenga 100% de asistencia no necesariamente significa incidencia real en la agenda pública. Del mismo modo, liderar el número de intervenciones en Sala puede reflejar protagonismo comunicacional más que capacidad de articulación normativa. Y presentar decenas de mociones tampoco asegura impacto, especialmente cuando una parte importante de ellas nunca supera el primer trámite constitucional.

Además, hay dimensiones que simplemente no se miden. No se contabiliza, por ejemplo, el aporte técnico que muchos parlamentarios realizan sobre mensajes del Ejecutivo. Hay legisladores que presentan pocas mociones propias, pero que inciden sustantivamente en indicaciones, perfeccionamientos regulatorios y mejoras de técnica legislativa que terminan siendo decisivas en la calidad final de una ley. Esa contribución es menos visible, pero muchas veces más determinante.

Tampoco se pondera adecuadamente que los parlamentarios no solo legislan. Tienen un mandato constitucional de representación política que implica presencia territorial, intermediación institucional y canalización de demandas ciudadanas. En el caso de los diputados, además, existe un rol fiscalizador del Ejecutivo que, aunque muchas veces desmejorado en términos de herramientas efectivas, sigue siendo una función esencial del equilibrio democrático. Oficios, comisiones investigadoras y citaciones ministeriales rara vez entran en los rankings de productividad, pero son parte sustantiva del trabajo parlamentario.

La verdadera pregunta, entonces, no es quién habló más, sino quién logró incidir en decisiones sustantivas.

Un proyecto convertido en ley depende de múltiples factores: patrocinio del Ejecutivo, respaldo transversal, coherencia técnica y oportunidad política. El porcentaje de “efectividad” —mociones publicadas versus leyes aprobadas— puede ser un indicador interesante, pero es incompleto si no se considera la naturaleza de las iniciativas y el marco constitucional vigente. La Constitución otorga al Presidente de la República iniciativa exclusiva en materias que irroguen gasto fiscal, creen o modifiquen atribuciones de servicios públicos, regulen seguridad social y otras áreas estratégicas. Son precisamente esas materias —pensiones, salud, seguridad, empleo público— las que la ciudadanía valora como prioritarias. Sin patrocinio del Ejecutivo, simplemente no avanzan.

Existe, además, un fenómeno menos visible: la hiperfragmentación legislativa. La proliferación de proyectos similares, muchas veces reiterativos o declarativos, congestiona la tramitación y diluye el foco en reformas estructurales. La sobreoferta normativa no mejora necesariamente la calidad legislativa; a veces la deteriora.

De cara a la próxima legislatura que se iniciará en marzo, el desafío no será aumentar el volumen de iniciativas, sino elevar la calidad de la deliberación y la capacidad de acuerdo. Si el nuevo ciclo parlamentario (2026-2030), vuelve a medir su desempeño en función de estadísticas de protagonismo, repetirá el espejismo. Si, en cambio, pone el acento en incidencia real, articulación transversal y coherencia normativa, podrá ofrecer resultados más sustantivos.

La ciudadanía necesita menos tablas de ranking y más evidencia de soluciones efectivas. Porque legislar no es acumular iniciativas: es resolver problemas públicos con reglas claras, sostenibles y aplicables.