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Santiago Escobar: “Cualquiera puede meterse en un expediente judicial y adulterarlo”

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Francisco Leturia Infante
Por : Francisco Leturia Infante Abogado, profesor PUC, expresidente del Consejo para la Transparencia.
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Ha dedicado buena parte de su vida a asesorar gobiernos de distintos países en materias de defensa y seguridad. Y muy especialmente, de ciberseguridad. Su diagnóstico sobre la situación de Chile es tan alarmante como bien documentado.


“Chago”, como le dicen sus amigos, está preocupado. Afirma que nuestras autoridades aún creen que estamos en la época de la fotocopia. Y ello trae como consecuencia una gran inseguridad en el resguardo de los datos más críticos que el Estado debe manejar y custodiar (defensa, salud, economía, expedientes judiciales, datos bancarios, etc.) y explica por qué todo diseño de nuestras políticas públicas equivoca el tiro. “Como no tenemos sistema de información y de resguardo de información adecuado, ni siquiera las autoridades pueden saber qué es lo que realmente pasa en Chile”, señala.

“Tenemos que trabajar sobre esa realidad y sobre la base de la evidencia. Es decir, tenemos que saber cuánta plata tenemos, cuánta gente hay, cuánto se exporta, qué porcentaje de cobre tiene un buque de 15 toneladas que está llevándose a China un cargamento importante, pero ni siquiera tenemos esa información. Es decir, ni siquiera podemos garantizar que trabajamos sobre antecedentes correctos. Hay un problema en la generación de la información… luego tenemos un problema en la custodia de la información… así, no debería habernos sorprendido tanto que lo del sicario haya sucedido, si ya estaba sucediendo a diferentes niveles en muchas partes y en los propios tribunales”.

Relata con detalle el caso de adulteración del expediente judicial que afectó al Presidente Boric, y que quedó prácticamente en nada, en su opinión, porque Fiscalía no fue capaz de explicar el delito, porque no tenían profesionales capaces de entender y explicar cómo funciona un “hackeo”.

En otro caso ya famoso, el de la “jueza suplente del 28° (Juzgado Civil de Santiago) y la regularización de los camiones hechizos”, le resulta inexplicable cómo se logró que casi la totalidad de las demandas presentadas al sistema de distribución computacional automatizado llegaran al mismo tribunal. “Eso es como lanzarse al pajar y clavarse la aguja, pero 200 veces seguidas”, dice.
Comenta que, pese a que la jueza suplente era parte relacionada con los autores de la operación, la investigación del Ministerio Público no avanzó, y del sumario interno anunciado nada se supo. Hoy es la secretaria titular del 28° Juzgado Civil de Santiago y “la puedes pasar a saludar al edificio de los juzgados civiles”.
Más allá de lo grotesco de este caso, Escobar lo usa para graficar la baja seguridad de todos nuestros sistemas. “Se gasta muy poco en ciberseguridad. Cualquiera puede meterse a un expediente y eliminar prueba, o conseguir que un caso caiga en el tribunal que te conviene, sin que prácticamente nadie se de cuenta. Lo del sicario que se escapó no debió extrañarnos, porque esas cosas pasan hace mucho rato en nuestros tribunales”.
En una conversación larga y amena, se abarcan este y otros temas. Pero, sobre todo, se enciende una señal de alerta: lo mismo puede suceder en el SII, en el Ejército, en los hospitales, en Aduanas, y en muchas otras partes. Y si bien por un lado no tenemos ni el equipamiento ni las leyes adecuadas, lo más grave es que “no tenemos la suficiente conciencia de la magnitud del problema y del sentido de urgencia que impone”.
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