El problema es la amenaza real

En reciente columna en este medio, César Miranda acusa a Guillermo Pickering de ejercer una particular moral selectiva. De ver el autoritarismo solo cuando viene desde la derecha. De inflar el miedo a José Antonio Kast mientras calla, dice, ante el Partido Comunista y sus silencios históricos frente a regímenes como Cuba o Venezuela.

Y tiene razón… a medias.

Porque sí: una parte de la izquierda chilena ha sido negligente, cómplice o calculadora frente a dictaduras cuando las banderas eran rojas y no azul marino. Lo hemos dicho, lo hemos discutido, y muchos -yo entre ellos- lo seguimos advirtiendo hoy, cuando nos jugamos en las primarias del progresismo qué izquierda liderará de cara a noviembre.

No es irrelevante que haya sectores que aún reivindican gobiernos como el cubano, o que relativizan la represión en Venezuela. El PC ha tenido y sigue teniendo una relación tóxica con ciertos regímenes autoritarios, a los que se acerca más por nostalgia ideológica que por estándares democráticos. Lo ha hecho en nombre de una supuesta “autodeterminación de los pueblos”, aunque esos pueblos ya no tengan cómo autodeterminar nada.

Ese doble estándar ha dañado la credibilidad de una izquierda que aspira a representar valores universales como la libertad y los derechos humanos. Y es legítimo, y también insistiré, es necesario, interpelarla por eso.

Pero lo que Miranda omite, lo que convenientemente diluye en su afán de empate, es que no es lo mismo justificar dictaduras extranjeras que prometer una local.

José Antonio Kast no solo minimiza lo ocurrido en dictaduras ajenas: revindica la nuestra. No como un hecho complejo y doloroso, sino como un modelo funcional, replicable, deseable. Y no lo hace en un café entre adherentes, sino en su programa de gobierno.

Ahí está, literal: la medida 33 de su plan presidencial de 2021 proponía la “persecución de activistas radicalizados de izquierda”. No se trata de lenguaje vago o de interpretación forzada. Se trata del uso propuesto del Estado para perseguir por razones ideológicas, en nombre del orden.

¿Quién más en la política chilena contemporánea ha incluido una amenaza semejante en su oferta programática? ¿Qué otro partido postdictadura se ha atrevido a prometer represión política como una virtud?

Comparar eso con los silencios del PC sobre La Habana o Caracas no es solo una falacia del tipo “y tú más”. Es una distorsión grave del presente. Porque una cosa es no condenar lo suficiente lo que pasa afuera. Otra muy distinta es querer aplicarlo adentro.

Miranda quiere empatar lo que no es empatable. Quiere hacernos creer que un eventual gobierno de Kast, que promete indultos a agentes represivos, cierre del INDH, estado de sitio, allanamientos militares en poblaciones y censura a medios, es moralmente equivalente a un gobierno del PC que, con todos sus ripios, no ha suprimido ni ha propuesto suprimir un solo derecho civil en Chile desde que volvió la democracia.

No. No es lo mismo. Y no porque el PC sea ejemplar, lejos de eso, sino porque el peligro real hoy no viene de un silencio vergonzoso, sino de un proyecto explícito.

El peligro hoy no es que nos parezcamos a Venezuela por omisión. Es que empecemos a parecernos a Bukele por decisión. Es que se normalice la excepcionalidad como forma de gobierno. Kast no necesita dar un golpe: le basta con ganar y gobernar desde la excepción, con la venia de un electorado seducido por el miedo.

El Partido Comunista chileno puede ser criticado, con razón, por su complicidad discursiva con regímenes como el cubano o venezolano. Pero no ha propuesto en Chile cerrar el Congreso, militarizar las calles, ni perseguir opositores. No hay un solo proyecto de ley, ni medida programática del PC postdictadura, que apunte a eliminar libertades civiles. José Antonio Kast, en cambio, sí lo ha hecho. Lo puso por escrito.

Entonces, una cosa es tener una mirada indulgente hacia gobiernos extranjeros. Otra muy distinta es tener un plan de gobierno que propone explícitamente perseguir activistas, suprimir instituciones de derechos humanos, indultar represores y usar el Estado de Excepción como forma habitual de gobierno. Kast no es un opinólogo cubanófilo: es un político chileno que quiere replicar un modelo autoritario desde La Moneda.

En esta línea, el PC ha omitido condenas. Kast promete acciones. Lo primero es criticable. Lo segundo, alarmante. El problema con Kast no es lo que calla, sino lo que dice. No lo que tolera en terceros, sino lo que quiere hacer él mismo. El autoritarismo no se mide solo por lo que se aprueba en La Habana, sino por lo que se planea para La Pintana. La democracia no se sostiene sobre empates retóricos ni relativismos oportunistas. No basta con denunciar el autoritarismo solo cuando conviene. Se requiere una ética política pareja, pero también una mirada crítica que distinga entre los errores del pasado y los riesgos concretos del presente.

Porque mientras algunos callan ante lo que ocurre lejos, otros están diseñando mecanismos para aplicar aquí, ahora y por escrito, una agenda de regresión autoritaria. No es paranoia. Es literalidad programática. Y cuando una candidatura no disimula su desprecio por los contrapesos democráticos, por las libertades civiles, por el derecho al disenso, no cabe ambigüedad: no se trata de una opción más, sino de una amenaza real.

Finalmente, seguiré criticando al Partido Comunista por relativizar lo que ocurre en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Esa ambigüedad moral no puede naturalizarse. Pero también reconozco que parte de su militancia más joven, como Camila Vallejo, ha comenzado a desmarcarse de esos regímenes con claridad pública. Eso, al menos, indica que hay un debate interno y una evolución en curso. En el Partido Republicano, en cambio, no hemos escuchado a una sola figura cuestionar la dictadura chilena, ni el uso del Estado para reprimir al que piensa distinto. Ahí no hay ambigüedad: hay coherencia autoritaria. Por eso, aunque las críticas al PC sean necesarias, creo que no es pertinente que se fabriquen empates donde no los hay.