Educación para personas jóvenes y adultas en Chile

La educación constituye un proceso permanente a lo largo de la vida, orientado al desarrollo integral de las personas en múltiples dimensiones: ética, moral, intelectual, artística, física, entre otras. Este proceso, de carácter formal, estructurado y secuencial, se sustenta institucionalmente en diversas organizaciones educativas articuladas entre sí.

El sistema educativo chileno contempla una respuesta institucional destinada a cerrar las brechas de escolaridad cuando, por distintas razones, no se ha logrado completar el proceso mínimo de al menos 12 años de estudios formales, equivalentes al cuarto medio. Esta alternativa, denominada Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), está dirigida principalmente a personas mayores de 18 años; aunque incidentalmente también puede acoger a menores que hayan interrumpido su trayectoria escolar y requieran retomarla. La EPJA se distingue de la educación regular por ofrecer un currículo que combina equivalencia de egreso con flexibilidad en duración y modalidad, adaptándose a las realidades particulares de adultos y jóvenes que han descontinuado estudios.

Según estadísticas oficiales, en Chile existen actualmente más de 4,5 millones de personas sin 12 años de escolaridad completa, lo que representa aproximadamente un cuarto de la población nacional.  Este agregado estadístico muestra una leve mayoría femenina, mientras que ocho de cada diez personas en él superan los 46 años.  Pero debe destacarse en cualquier caso que hay cerca de un millón de personas en edad plenamente activa (entre 19 y 45 años) que no han completado la educación media, lo que limita significativamente sus oportunidades laborales.

La cobertura actual del sistema para atender esta demanda es muy baja. En 2023, la matrícula en educación de adultos alcanzó apenas al 3 % de quienes potencialmente la requieren, lo que evidencia una brecha considerable en la oferta para la nivelación de estudios.

Dentro de las principales implicancias de lo señalado, la falta de escolaridad completa constituye un factor determinante en la medición de la pobreza multidimensional, específicamente en el indicador de “escolaridad”. Por ello, las políticas públicas orientadas a reducir el número de personas sin educación media podrían tener un impacto directo en la disminución de la pobreza en el país.

Factores que explican la baja cobertura

Una revisión de las condiciones que inciden en la oferta para la EPJA permite identificar, al menos de manera hipotética, los siguientes elementos:

• Falta de incentivos para la oferta: La subvención mensual por estudiante en nivelación de adultos es aproximadamente un tercio inferior a la otorgada en la educación regular.
• Infraestructura insuficiente: No existe infraestructura especialmente diseñada para la educación de adultos, salvo casos excepcionales. En general, se reutilizan espacios destinados a la población escolar, principalmente en horarios vespertinos.
• Escasa articulación territorial: La ausencia de estrategias locales de trabajo en red limita la coordinación entre instancias municipales, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y el sector privado.
• Características de la población atendida: La diversidad demográfica y psicosocial de los estudiantes plantea desafíos metodológicos y organizacionales. Un grupo particularmente importante de las personas con educación incompleta son jóvenes que desertan del sistema escolar, ya que suelen provenir de contextos de marginalidad urbana y rural, lo que dificulta también su acceso y permanencia en los programas de nivelación.

Estos factores, no exhaustivos, evidencian la necesidad de fortalecer la educación de jóvenes y adultos no solo como un mecanismo formativo, sino también como un espacio de inclusión social con impacto más allá del ámbito escolar.

Un desafío país

Existe un consenso ético y político transversal respecto de la importancia de ampliar el acceso a la educación. No obstante, esta temática en particular, salvo iniciativas puntuales, no se ha posicionado como una prioridad relevante para las políticas públicas.

A su vez, esta necesaria acción para mejorar los niveles educativos de la población puede convertirse en un punto de encuentro independiente de posiciones ideológicas, brindando además un amplio espacio de innovación en políticas públicas a nivel local y regional, así como aprovechando y propiciando sinergias y alianzas entre distintos actores públicos y privados.  Se configura de esta manera una plataforma de trabajo colaborativo de alta rentabilidad social para contribuir a reducir desigualdades sociales, mejorar las oportunidades laborales y de ingreso de los grupos más desfavorecidos y, en definitiva, aportar al desarrollo integral de Chile.