Chile frente al desafío migratorio actual: seis puntos para el debate

La migración será uno de los temas centrales que deberá enfrentar el próximo Gobierno en Chile. La cifra de poco más de 1,6 millones de personas nacidas en el extranjero, entregada por el último Censo, junto con la alta visibilidad del tema en medios y encuestas de opinión, confirma que la migración no es una coyuntura, sino una realidad estructural que marcará la agenda gubernamental. A esto se suman decisiones pasadas de política pública que han influido significativamente en el volumen actual de población migrante.

Entre ellas, destaca la implementación de la Visa de Responsabilidad Democrática para ciudadanos venezolanos durante el Gobierno de Piñera: una política mal diseñada, que generó expectativas desproporcionadas, careció de una estrategia de integración efectiva y, en la práctica, contribuyó al aumento de la migración irregular hacia Chile.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, y en vista de los desafíos que ha generado el rápido incremento del número de personas migrantes en Chile, resulta fundamental que las propuestas de política pública sobre migración logren trascender el uso político de esta y se asuma como una realidad permanente, que exige gestión, no contención.

La migración hacia Chile no cesará. Desde la década de los noventa, la migración hacia nuestro país ha mantenido su tendencia al alza. Mientras existan causas que generen migración forzada en los países de origen, esta dinámica no cambiará. En este punto, no se debe perder de vista el poco más de 1 millón de chilenos en el exterior, pero es un tema del que se tendrá que discutir más adelante. 

El aprovechamiento político de la migración por parte de sectores de derecha ha derivado en un discurso reactivo, que propone soluciones inviables desde una perspectiva técnica, política y humanitaria. Esta narrativa ignora que la migración no puede ser detenida. Crea una retórica que supera las capacidades del Estado e, incluso, la misma realidad.

Asimismo, el paulatino enfoque que desde la izquierda ha posicionado el tema migratorio desde una perspectiva securitaria refleja un cambio significativo en la aproximación política y discursiva, al menos desde el sector oficialista. Si bien hace algunos años este sector promovió una visión humanitaria y garantista, en los últimos años ha adoptado un lenguaje más orientado al control, la fiscalización y la seguridad.

Esta transformación busca responder tanto a las exigencias de gobernabilidad como a la presión del debate público, en un intento por disputar la hegemonía discursiva que la derecha ha instalado sobre la migración.

En este contexto, en el plano nacional, los desafíos son diversos:

1. Personas empadronadas sin acceso a regularización: según cifras oficiales, cerca de 100 mil personas se registraron en el proceso biométrico de empadronamiento llevado a cabo el año 2023. Sin embargo, aún no se conoce cuántas de esas personas empadronadas han sido regularizadas. El proceso de empadronamiento generó expectativas que, en muchos casos, no se traducirán en residencia. En este contexto, el próximo Gobierno deberá definir mecanismos para evitar una nueva capa de irregularidad.
2. Gobernanza de las fronteras: una política migratoria moderna exige una gobernanza de fronteras que combine control eficaz con respeto irrestricto a los derechos humanos. Las medidas de fiscalización deben ir acompañadas de protocolos humanitarios claros, atención en salud, capacidades logísticas y tecnologías que permitan identificar riesgos sin criminalizar la movilidad. Fortalecer los puntos de ingreso –especialmente los no habilitados– es clave para reducir la migración clandestina y mejorar la trazabilidad de flujos, sin recurrir a medidas arbitrarias que solo agravan la precariedad de quienes migran.
3. Integración de sistemas de información migratoria: es fundamental construir una agenda regional que considere acciones de intercambio, consulta y verificación de información migratoria. Esto permitiría facilitar la movilidad de las personas entre sus respectivos territorios y fortalecer la cooperación para la prevención de delitos de orden transnacional. En concreto, se requiere contar con una solución tecnológica que permita la verificación de datos migratorios mediante un sistema de interoperabilidad adaptado a las necesidades de cada Gobierno. 
4. Transformación de comunidades locales: la llegada y el retorno de personas migrantes generan impactos directos en las comunidades receptoras. Para abordarlos adecuadamente, es fundamental contar con información actualizada sobre las dinámicas migratorias a nivel territorial y su incidencia en contextos locales específicos. Se requiere trabajar activamente sobre los procesos de cambio sociocultural que la migración implica, y promover modelos de patrocinio comunitario que preparen a las comunidades para el proceso de acogida.
5. Trata, tráfico y crimen organizado: la migración irregular se ha convertido en un terreno fértil para redes transnacionales de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y crimen organizado. Estas estructuras aprovechan vacíos institucionales y fronteras poco controladas para operar con impunidad, afectando tanto a migrantes como a comunidades locales. Enfrentar este fenómeno requiere una estrategia interinstitucional que combine inteligencia, persecución penal y protección efectiva de víctimas.
6. Nuevo relato sobre la migración: urge abordar con responsabilidad la asociación entre migración y crimen. Ambos son fenómenos transnacionales, pero su vinculación real en Chile es baja y responde más a un fenómeno cualitativo que cuantitativo. Es necesario que el nuevo relato se construya con base en un elemento clave: la evidencia.

Finalmente, cerrar el debate en torno a la migración sobre bases técnicas y humanitarias es uno de los mayores desafíos que tendrá quien asuma la Presidencia en 2026. Lo que está en juego no es solo el control de fronteras, sino también el modelo de sociedad que Chile quiere construir frente a la movilidad humana del siglo XXI.