La permisología y el lugar justo de la política

El proyecto de ley para reformar los permisos sectoriales presenta un conjunto de medidas técnicas bienvenidas para reducir los plazos de tramitación y la arbitrariedad en los proyectos de inversión.

De inmediato, algunos consideran que el método propuesto es erróneo y que hace falta partir de cero. Dicen: Eliminar, derogar y reemplazar. Pero Elon Musk acaba de mostrarnos que lo que tal vez sirve para una startup no se aplica al Estado. La acción del Estado es compleja, con efectos sistémicos y, tratándose de servicios no mercantiles, no tiene el mercado y la competencia como mecanismos para dar un criterio de decisión. Hace falta muy poca energía para crear desorden, pero mucha energía para reconstruir un orden nuevo, nos dice la termodinámica.

Otros se oponen al uso de tal motosierra, pero quieren crear una agencia, una más, para controlar la calidad de la política pública, como si el tecnócrata tuviera la respuesta frente al burócrata. Los organismos de control y fiscalización ya existen y pueden, si es necesario, reforzarse.

En estas críticas tiende a olvidarse la dimensión política del asunto. La burocracia no solo plantea cuestiones de incompetencia o pereza de la administración, sino que refleja intereses divergentes y, en la mayoría de los casos, perfectamente legítimos. Y son estas divergencias mal resueltas las que provocan retrasos, obstrucciones y judicialización. Por lo tanto, también se trata de crear instituciones eficaces en las que se puedan alcanzar compromisos.

El caso ahora emblemático del proyecto de un supermercado en Zapallar lo ilustra bien. Unos quieren la comodidad de un supermercado, otros ven la pérdida de su pequeño comercio, otros la molestia de mayor tráfico en el barrio, etc. Como nuestras sociedades modernas nos han otorgado un número creciente de derechos –algo bueno, evidentemente–, nos resulta más fácil retrasar las cosas, considerarse injustamente tratado el asunto, llevar el caso a los tribunales, etc.

Ahora bien, el legislador, el tecnócrata o el directorio de una agencia se agotan especificando por ley, reglamento o informe anual lo que debe ser la solución en cada caso particular. Ya Montaigne lo decía de la Francia de 1580: “Pues tenemos más leyes que todo el resto del mundo junto. ¿Qué han ganado nuestros legisladores al elegir cien mil especies y hechos particulares, y al adjuntar cien mil leyes? Este número no guarda ninguna proporción con la infinita diversidad de las acciones humanas. Hay poca relación entre nuestras acciones que están en perpetua mutación, y las leyes fijas e inmóviles… Las más deseables son las más raras, las más simples y las más generales”.

Una solución en el caso de Zapallar sería, por ejemplo, una consulta o incluso un plebiscito popular a escala municipal, pues he aquí una “institución” que permite expresar opiniones y organizar el debate sobre una base racional. Ella pone la política arriba, en el buen sentido de la palabra, es decir, da capacidad para resolver las diferencias mediante compromisos mutuos.

Puede haber descontentos y quizás injusticias, pero es mejor evitar, al amparo del bien común, la injusticia mayor que sería una decisión diferente o costosamente aplazada. La instancia judicial para resolver la cuestión no interviene sino de forma última y, sí, pueden limitarse por ley sus plazos y modalidades.

Por supuesto, las cosas se complican cuando los daños y los beneficios no se perciben de la misma manera a nivel local y nacional. Pero procedimientos democráticos siguen siendo posibles.

Esto vale también para una empresa que, al alcanzar un cierto tamaño, suele padecer el mal de la permisología. Por ejemplo, puede abusar de una posición de poder para maltratar a sus proveedores, sus clientes o sus empleados.

El economista Herbert Simon señalaba que la mayor parte de las relaciones dentro de las empresas escapa al mercado y es de naturaleza administrativa, por lo que está sujeta a la permisología. ¿Dónde está el contrato comercial y el precio que rijan la relación entre la dirección de personal, la dirección de compras y la dirección financiera? La empresa puede perfectamente definirse como el lugar donde las transacciones no pueden adoptar la forma de relaciones comerciales. Por lo tanto, también es un lugar político donde hay que hacer que intereses potencialmente divergentes trabajen juntos.

Es el caso de las relaciones entre los empleados y la dirección de la empresa, particularmente difíciles en Chile, debido a su burocratización. Es el único país que conozco donde las negociaciones salariales son dirigidas por abogados, con leyes de una complejidad asombrosa y una competencia absurda entre sindicatos internos.

Se podría pensar en una institución más adaptada como eligen muchos países; es decir, un consejo de trabajadores (work council) que ayude a la negociación y a la búsqueda de compromisos. En lugar de empujar a los sindicatos hacia un papel puramente contestatario, se construye un lugar donde se elabora un enfoque colaborativo.

En resumen, un poco más de democracia en las empresas, en las administraciones y en las municipalidades, también es un remedio a la permisología.