Levantar el secreto bancario: una medida urgente contra el crimen organizado

A estas alturas, nadie puede dudar de que el crimen organizado no solo opera en las calles, sino también en el sistema financiero formal. Narcotráfico, corrupción y lavado de activos dependen de redes que blanquean dinero, ocultan patrimonio y hacen circular ganancias ilícitas como si fueran negocios legítimos. Por eso, resulta incomprensible que el levantamiento del secreto bancario haya sido eliminado del Proyecto de Inteligencia Económica en el Senado y que la derecha se siga oponiendo de manera contumaz en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aún más preocupante sería que el Gobierno decidiera no reponerlo.

En cualquier país serio que enfrenta al crimen organizado, esta herramienta no es un lujo, sino un estándar mínimo. Permitir que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder a información bancaria, bajo reglas claras y con fines estrictamente fiscales y de persecución financiera, es indispensable para seguir la pista del dinero que sostiene estas redes. Lo aplican sin complejos países de la OCDE, precisamente porque entienden que sin inteligencia económica toda estrategia contra el crimen es incompleta y, por momentos, ingenua.

Quienes conocemos las consecuencias de la inseguridad, porque las vemos en las comunas que representamos, también sabemos que esto no se resuelve solo con más patrullas. Es sentido común: si no se golpea la billetera del delito, todo lo demás es paliativo. Por eso es tan relevante que este tema esté hoy en el centro del debate presidencial, empujado con decisión por Jeanette Jara. Ella ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda, pero necesaria: no se puede combatir el crimen organizado mientras protegemos zonas de opacidad financiera que solo benefician a delincuentes y evasores.

Renunciar a esta herramienta sería, en los hechos, dejarle una autopista abierta al crimen organizado para que siga operando desde la comodidad de la banca, los paraísos fiscales y las estructuras societarias de papel. Es tiempo de decidir de qué lado está el Estado: del lado de quienes cumplen la ley o del lado de quienes la eluden, la esquivan o la corrompen.