A 30 años de Beijing: el derecho a comunicar sin violencia sigue siendo una deuda en Chile

Esta semana, en el Congreso IAMCR 2025 realizado en Singapur, presentamos desde la Red Global Alliance on Media and Gender (GAMAG) una mirada crítica sobre el estado de cumplimiento de la sección J de la Plataforma de Acción de Beijing, que hace 30 años comprometió a los Estados a garantizar el derecho de las mujeres a participar plenamente en los medios de comunicación y las tecnologías de la información. A tres décadas de ese hito, en Chile y en Sudamérica, persisten profundas desigualdades que exigen atención urgente.

En nuestro país, como en el resto de la región, enfrentamos un ecosistema mediático marcado por la concentración de la propiedad, la escasa representación de mujeres en cargos de decisión, y una cultura digital crecientemente violenta hacia quienes se expresan desde miradas feministas o disidentes. La violencia simbólica y sociodigital no solo no ha sido erradicada, sino que ha mutado y se ha intensificado. Según un estudio del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales y GAMAG, existen más de 25 prácticas documentadas de violencia sociodigital, que van desde el doxing y el acoso coordinado, hasta los deepfakes y la sextorsión.

Frente a ello, los marcos normativos en la región –y también en Chile– siguen siendo insuficientes. En general, se centran únicamente en la difusión no consentida de imágenes íntimas, desatendiendo dimensiones clave como la vigilancia persistente o el impacto diferenciado por edad, clase o etnia. La respuesta estatal continúa siendo mayoritariamente punitivista, sin garantías reales de reparación ni prevención.

A esto se suma una falla estructural en la formación universitaria en comunicación. La perspectiva de género sigue estando ausente de manera transversal en la mayoría de las carreras de periodismo en Sudamérica. Como señalan Yanet Martínez, Lucía Vázquez y quien firma esta columna, los intentos de integrar el enfoque de género han sido técnicos, despolitizados y sin voluntad institucional sostenida (Martínez Toledo et al., 2023).

Frente a este diagnóstico, urge avanzar hacia políticas estructurales. GAMAG propone un modelo de corregulación en el que los Estados, las plataformas digitales y las organizaciones feministas compartan responsabilidades en la prevención y erradicación de la violencia sociodigital. Asimismo, necesitamos transformar los currículos universitarios desde un feminismo crítico, como plantea el Syllabus de la Red UNESCO-UNITWIN, promoviendo formación crítica, producción de conocimiento situada y alianzas internacionales.

A 30 años de Beijing, Chile tiene una decisión pendiente: o sigue perpetuando un modelo comunicacional patriarcal y excluyente, o se compromete con una comunicación democrática, diversa y libre de violencias. La oportunidad está abierta.