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A un año de la Ley Karin Opinión

A un año de la Ley Karin

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La Ley Karin exige mucho más que el cumplimiento formal de un protocolo: demanda un compromiso social e institucional con el cuidado del trabajo y de quienes lo sostienen. Sin embargo, también deja en evidencia que una disciplina, por sí sola, queda corta para abordar la complejidad de la violencia.


Este mes se cumple un año desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin”. Su implementación ha marcado un hito en la regulación de las relaciones laborales en Chile, al reconocer explícitamente la violencia y el acoso en el trabajo como factores que deben prevenirse, investigarse y sancionarse. Pero su mayor aporte, a nuestro juicio, no es solo jurídico: la Ley Karin ha abierto la puerta a un cambio cultural sin precedentes en la forma en que entendemos el trabajo, las relaciones y el cuidado en los espacios laborales.

Según cifras de la Dirección del Trabajo, desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2024 ingresaron 21.864 denuncias de las cuales un 42% fueron clasificadas como Ley Karin. De estas, la mayoría corresponde a acoso laboral, seguidas más atrás por violencia y acoso sexual. Este dato no refleja un aumento del conflicto, sino su visibilización: lo que por años fue normalizado o silenciado hoy puede nombrarse, atenderse y también prevenirse y gestionarse al interior de las organizaciones.

Aun cuando persisten algunos discursos que caricaturizan la ley como una “cacería de brujas” o un exceso regulatorio, con el tiempo, se han ido abriendo espacios para potenciar su eje preventivo y las posibilidades que ésta ofrece a nivel de atención y abordaje interdisciplinar, obligando a las organizaciones a repensar sus prácticas, establecer protocolos, evaluar riesgos psicosociales y fomentar relaciones laborales fundadas en la dignidad, el respeto y la corresponsabilidad. Finalmente, una nueva Ley nos ha recordado —y exigido— como sociedad y en cada espacio de trabajo, la necesidad de volver a poner en el centro a las personas: su dignidad, su derecho a un trato respetuoso y a desarrollarse en ambientes laborales libres de violencia.

De este modo, desde la prevención y formación, se ha abierto un espacio de encuentro único para la Psicología, el Derecho y el Trabajo Social. Es por ello que, en nuestro deber formativo, y con la colaboración del Centro de Desarrollo Docente UC, hemos desarrollado una propuesta interdisciplinaria de formación universitaria que busca preparar a futuros profesionales para enfrentar este fenómeno y los desafíos que conlleva. En ella, uno de los aprendizajes más valiosos ha sido constatar cómo el trabajo conjunto permite romper con prejuicios disciplinares y generar marcos comprensivos mucho más robustos del fenómeno del acoso y la violencia en el trabajo.

La Ley Karin exige mucho más que el cumplimiento formal de un protocolo: demanda un compromiso social e institucional con el cuidado del trabajo y de quienes lo sostienen. Sin embargo, también deja en evidencia que una disciplina, por sí sola, queda corta para abordar la complejidad de la violencia y el acoso en los espacios laborales.

Éste no es un problema exclusivamente jurídico, ni psicológico, ni organizacional: requiere de un enfoque verdaderamente interdisciplinario, capaz de comprender sus múltiples dimensiones y de articular respuestas integrales. Sus alcances son profundos -afectan la salud mental, la cultura organizacional, la productividad y la confianza en las instituciones- y sus efectos no se limitan al marco legal. Por eso, más que una obligación normativa, esta ley nos plantea un desafío ético y cultural: hacernos cargo colectivamente del tipo de relaciones y ambientes que promovemos en el trabajo.

Porque construir espacios laborales respetuosos y libres de violencia no es solo tarea de las empresas, los trabajadores y las organizaciones sindicales, sino un esfuerzo de toda la sociedad. Un compromiso que debe comenzar en los espacios educacionales, en la formación de liderazgos, en las prácticas cotidianas, y en la manera en que nos relacionamos y reconocemos mutuamente desde etapas tempranas de la vida.

Desde las Ciencias Sociales, y específicamente el Trabajo Social, esto implica fortalecer los vínculos, el reconocimiento y la pertenencia como dimensiones clave del bienestar laboral. Desde el campo jurídico, supone entender el derecho no solo como norma, sino como herramienta que incentiva, protege y encauza situaciones y conflictos. Y desde la psicología del trabajo, exige dejar atrás la idea de que el malestar es un problema individual, para reconocer su raíz estructural y relacional.

A un año de su promulgación, la Ley Karin representa una oportunidad para salir del miedo, los sesgos y la ignorancia, y avanzar hacia una cultura del trabajo más justa, segura y saludable. No se trata de perseguir: se trata de cuidar. Porque prevenir el acoso es fortalecer el vínculo social, promover el cuidado y aprender a convivir.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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