Parlamento en campaña

En medio del debate sobre el proyecto de ley que busca restringir el uso de la Unidad de Fomento (UF) en contratos como arriendos, créditos hipotecarios, educación y salud, debemos considerar no solo los problemas de fondo, sino el riesgo que supone legislar un proyecto como este en un año de elección parlamentaria. 

La UF es en la práctica una herramienta diseñada para proteger contratos de largo plazo frente a la inflación, de hecho su existencia ha permitido que muchas familias accedan a viviendas mediante créditos con condiciones estables. En un contexto de constante alza del costo de vida, cobrar en UF cuando los sueldos se pagan en pesos, genera en los consumidores una legítima sensación de insatisfacción. Sin embargo, restringir el uso de la UF se ha convertido en un blanco fácil para solucionar dicho problema. El riesgo es que, en el afán de ser popular, se impulsen medidas que a largo plazo encarecen el crédito, reducen la oferta de viviendas y generan incertidumbre sobre las condiciones futuras de los contratos; debilitando la confianza en las reglas del juego.

Lo que se discute hoy en el Congreso no es una corrección técnica, sino una decisión que puede alterar las bases de ciertos equilibrios institucionales construidos con décadas de experiencia, justamente para controlar la inflación del país. Por eso preocupa que el impulso detrás de este proyecto, no haya sido un estudio serio sobre los efectos distributivos de la UF, sino más bien el cálculo de cuánto puede rendir políticamente una medida que se presenta como alivio “directo al bolsillo”. 

El populismo legislativo no siempre se viste de grandes promesas y discursos, basta con proponer proyectos de ley que sintonicen con el sentir de la ciudadanía en un momento particular, sin medir los eventuales efectos que estos pudieran generar. Este es uno de esos casos. Se propone restringir la UF en contratos sensibles sin contar con una alternativa robusta ni con un diagnóstico consensuado. ¿Qué pasará cuando los arriendos se pacten en pesos y deban reajustarse más seguido y de forma arbitraria? ¿Qué ocurrirá si los bancos restringen los créditos o aumentan las tasas para cubrir su exposición inflacionaria? Al final, eliminar la UF no soluciona el problema de fondo; solo nos deja sin una herramienta que refleja la inflación y, sin ella, será más difícil enfrentar el escenario económico del país.

No se trata de defender la UF como dogma, sino de advertir que desarmar una política pública sin una visión de reemplazo sólida, es una forma de precarizar aún más a quienes se busca proteger. El costo mayor no será para el mundo financiero, sino para las personas que hoy acceden a bienes esenciales gracias a condiciones que, con todos sus defectos, han dado estabilidad.

Una política responsable no ignora el malestar ciudadano, pero tampoco se somete a él sin filtro. El desafío está en traducir esas demandas en soluciones sostenibles, no en atajos legislativos que pueden aliviar un mes y afectar por años, ya que cuando se legisla con urgencia electoral, el país se empobrece en visión y en futuro.