¿Licitación o buena negociación?

Se ha cuestionado el acuerdo entre Codelco y SQM, sugiriendo que debió realizarse una licitación internacional. Vale la pena repasar las características del acuerdo, quiénes lo llevaron adelante y cuál es la alternativa que se propone.

El acuerdo establece las condiciones para la explotación del salar de Atacama a partir de 2031, pero también permite adelantar producción atribuible a Codelco desde ahora con SQM, que ya opera en el salar. Esa producción anticipada –de hasta 300 mil toneladas de litio entre 2025 y 2030– y las sinergias capturadas durante la transición del contrato actual y el contrato nuevo, tienen un valor para Codelco de entre USD1.200 millones y USD1.700 millones, dependiendo del precio del litio.

A partir de 2031, la asociación permitirá continuar la explotación hasta 2060, periodo en el que se proyecta un beneficio de entre USD3.500millones y USD4.200 millones anuales. El objetivo es maximizar el valor presente neto para el Estado, aprovechando la ventana de oportunidad en el mercado del litio.

No es la primera vez que se logra un acuerdo de este tipo. El pacto anterior entre Corfo y SQM –liderado por Eduardo Bitran– ha generado más de USD8.000 millones en ingresos fiscales entre arriendos e impuestos. Nadie ha conseguido algo comparable para el Estado de Chile en las últimas décadas. Con la nueva negociación, encabezada por el equipo Benavente-Pacheco-Bitran, según estimaciones de Codelco, el Estado capturaría entre USD 21.700 millones y USD 48.900 millones en valor presente, dependiendo del precio del litio (incluyendo impuestos, arriendos y dividendos), equivalentes al 79% de los beneficios del proyecto, mientras que SQM captaría el 21% restante. Este monto permitiría, para tener una referencia, eliminar el pago del Impuesto a la Renta por tres años.

Algunos proponen realizar una licitación internacional. ¿Cómo sería ese proceso? Primero, se debe convocar a la licitación para el uso de los salares. Luego, contratar –con fondos que hoy no existen– a un equipo de expertos nacionales e internacionales para diseñar las bases en seis meses. Después, Contraloría requerirá otros seis meses para su aprobación. Vendría un roadshow internacional (nuevamente, sin presupuesto), seguido por nueve meses para que las empresas preparen sus ofertas, y tres meses para evaluarlas.

Luego, el adjudicatario debe presentar garantías y documentación en otros tres meses. La nueva empresa tendría que estar estudiando al menos 2 o 3 años el salar, la información disponible y proponer un nuevo proyecto productivo. Finalmente, Contraloría debe tomar razón, lo que podría tomar seis meses adicionales.

En el mejor de los escenarios, pasarían más de 33 meses en temas administrativos y otros 24 si es una empresa nueva. También el proceso podría quedar desierto. O bien, una vez adjudicado, ser impugnado judicialmente por los perdedores, lo que implicaría otros tres años.

Así, la producción podría recién comenzar entre 2033 y 2036 o más tarde, con enormes riesgos de ejecución, ambientales y de financiamiento. Y si el adjudicatario no fuera SQM, ni Codelco ni Corfo tendrían acceso asegurado a las plantas, pozas, permisos, ni a la salmuera ya evaporada, lo que impediría iniciar producción sin construir nueva infraestructura, lo que se denomina “valle productivo”, donde, además, 3.500 personas perderían su empleo.

El acuerdo actual evita el “valle productivo”, estimado por Corfo en USD11.000 millones. El solo trámite de una nueva RCA y la construcción de nueva infraestructura tomaría entre 3 y 6 años.

¿Estamos dispuestos a postergar miles de millones de dólares por una licitación sin certezas, sin experiencia comparable y sin garantías de éxito? ¿Han liderado sus defensores antes un proceso licitatorio de esta magnitud, con miles de millones en juego y los riesgos administrativos, ambientales y judiciales que implica?

De un lado, tenemos a un equipo de servidores públicos con experiencia y resultados medibles, que presenta un plan viable, respaldado técnica y financieramente. Por el otro, a un grupo de críticos –muchos de ellos con intereses económicos propios y sin experiencia en licitaciones públicas o en la tecnología– que propone un camino largo, incierto y sin garantías. Esta decisión no debería ser ideológica. Debería ser pragmática: ¿qué camino genera más valor para Chile?