Civiles y militares, persistencia de prejuicios y desconocimiento

Algunos síntomas del acontecer reciente demuestran que, lamentablemente, en la relación civil–militar persisten prejuicios y mucho desconocimiento.  Me refiero a las dificultades que provoca el notable rezago en la entrega de partidas presupuestarias (aprobadas por la ley), como también en la proliferación de exaltos oficiales como candidatos de algunos partidos políticos.

Las dificultades presupuestarias

Las FFAA se financian mediante la ley de presupuesto, que es aprobada año a año por el congreso.  Desde 1990 a la fecha la llamada Partida 11 es de continuidad; es decir, crece en proporción al costo de la vida.  Un desafío desde entonces ha sido incrementar el presupuesto destinado a operaciones y una disminución progresiva del llamado subtítulo 21,  la parte del presupuesto que va a sueldos y salarios. Otra línea de financiamiento es el que se emplea en la compra de sistemas de armas, financiada por la antigua ley del cobre, reemplazada por la llamada ley de capacidades estratégicas. Esta última heredó los fondos de la antigua ley y se reemplazó por un sistema de planificación cuatrianual, con entrega de cuotas anuales, todo manejado por el Ministerio de Hacienda.

La realidad de hoy en día es que la ley de capacidades estratégicas se ha visto interrumpida en la entrega normal de las cuotas anuales aprobadas en la planificación, lo que afecta el cumplimiento de contratos a largo plazo, como son las adquisiciones de defensa. En materia de sueldos, el camino de optimización ha sido la disminución de personal y de unidades, a cambio de elevar el componente tecnológico del material y elevar la capacidad del personal. Esto es coherente con la diminución del personal y el aumento de su nivel de profesionalización, unido al desarrollo tecnológico alcanzado.

El problema de hoy es que no solo se ha recortado el presupuesto, sino que este mismo, que está aprobado por el congreso, no se está ejecutando por demoras en las entregas. Pareciera que para algunos funcionarios rige el falso precepto de que “si tenemos paz, para qué necesitamos FFAA” y, por tanto, ven en el presupuesto de defensa un gasto innecesario o, en el mejor de los casos, secundario. Olvidan en esa mirada que, si gozamos de paz, es porque tenemos una política de defensa que se basa en FFAA potentes, entrenadas y bien equipadas.  La defensa no se improvisa y es la principal misión de las instituciones, pero pareciera que algunos funcionarios no solo desconocen estos elementos básicos de la Defensa Nacional, sino que además están saturados de prejuicios.

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando por decisiones del poder político se emplea a las FFAA en tareas no militares, como son las de seguridad interior (léase estados de excepción). Se puede entender que sean acotadas en el tiempo, pero cuando llevan más de tres años (sin sumar el periodo del gobierno anterior) queda claro que de excepción no tienen nada.  Peor aún cuando para cumplir estas tareas no se les entregan los medios financieros que se requieren, incluso cuando estos están aprobados por la respectiva ley de presupuesto. Una muestra es la incapacidad para operar el relevo del personal en la MZS porque no hay recursos para su traslado, entre otros factores, porque la FACH no tendría combustible.

El retorno de “los nuestros”

En tiempos de Pinochet, cuando el país estaba dividido, surgió la noción de “los nuestros”.  Se refería al sector civil que apoyaba al gobierno militar.  Por cierto, eran momentos anómalos en que las FFAA ejercían el poder político, Ejecutivo y Legislativo, mientras el Poder Judicial de entonces guardaba prudente silencio. Eran los tiempos de la guerra fría, la noción de “guerra interna” campeaba y Manuel Contreras perseguía a buena parte del arco político nacional, porque en su opinión se trataban de enemigos de la Patria.

A finales de la década de los ’80 operó el cronograma institucional y en medio de grandes convulsiones sociales, las FFAA tomaron progresiva distancia del ejercicio del poder político, retornando a sus misiones profesionales. Implicó también el cumplimiento del plebiscito de 1988, la convocatoria a elecciones en 1989 que abrió paso al primer gobierno civil después de 17 años. Se iniciaba la transición.

Uno de los mayores logros de todo ese período fue que los chilenos fuimos capaces de construir una salida política e institucional a los 17 años. La transición impidió una guerra civil y generó condiciones institucionales para la resolución de los conflictos. Estos no se acabaron, pero fueron manejados con prudencia y espíritu democrático.

Parte importante de todo esto fué que las tres ramas de las FFAA retomaron la doctrina de prescindencia de la contingencia, unida al compromiso vital con la defensa de todo Chile y de todos los chilenos. Se fue superando la división que implicaba la noción de “enemigo interno” que predominó en tiempos de la guerra fría.  Fueron años en que se avanzó en la declaración del “Nunca Más”, en el énfasis en que las FFAA “eran de todos los chilenos”, no solo de “los nuestros”.  También fueron años en que se consagró una revalorización de la democracia como forma de gobierno y convivencia.  Junto a ello emergió una comunidad de defensa integrada por civiles y militares que dieron forma y conducción al más importante desarrollo tecnológico y organizacional que han tenido las FFAA chilenas en toda su historia. Por cierto, solo los desinformados pueden sostener que en esos 30 años nada se hizo.

Dada esta trayectoria, llama la atención que hoy en día un grupo de exaltos oficiales postule a cargos políticos (congreso), la totalidad de ellos en partidos que representan a un solo sector del espectro ciudadano nacional. No estamos diciendo que los retirados no deban participar en tareas ciudadanas, bienvenidos si son a tareas nacionales o de índole estatal, sobre todo si aportan su experiencia profesional y técnica, pero si al hacerlo se identifican con una sola tendencia pareciera que intentasen resucitar a “los nuestros”.

Las prioridades de la Defensa

La defensa nacional es una política de Estado; es decir, no depende de un solo gobierno. Como se buscan objetivos permanentes y de largo plazo, su permanencia supera los márgenes de una administración. Eso, en general, ha sido respetado desde que el país retornó a la democracia. Esa visión de Estado permitió lo ya señalado: alcanzar en el presente siglo la mayor estatura estratégica que el país ha tenido en las últimas décadas.

Cuidemos lo construido, desde el potencial hasta el desarrollo tecnológico. Desde el desarrollo doctrinal, hasta el apoyo decidido del poder político a las tareas de la Defensa, especialmente en tiempos de cambios globales y de horizontes de incertidumbre.

Hoy en día vivimos una competencia por la hegemonía global entre las grandes potencias, a ratos eso no excluye el uso de la fuerza. La mayoría de las naciones se están rearmando. La Historia enseña lo que les pasa a las naciones que descuidan su defensa, aunque sean muy poderosas, como ocurrió con Roma. El empleo de la fuerza también es indispensable para colaborar en las tareas multilaterales de construcción o mantenimiento de la paz, tarea hoy en día reducida a menos que ínfima, dado el número de efectivos comprometidos.

Las FFAA también aportan al país en tareas no estrictamente bélicas, como el apoyo en casos de catástrofes, unido al desarrollo científico y tecnológico. En la región, nuestro país incluido, tenemos un nuevo desafío: recuperar el pleno control territorial amenazado por diversas bandas delictuales, algunas de ellas la conexión local de poderosos carteles del delito a nivel transnacional. Es una tarea policial, pero su combate implica que el Estado dé una respuesta multiagencial, tarea en la cual las FFAA ya desarrollan por años importantes apoyos, como el que vemos en las macrozonas.  Se requiere precisar mejor la misión, definir la consigna. Tareas propias del poder político, a la fecha pendientes, pues no todo es legislar (eso ayuda, pero demora) y, además de ello, los organismos deben ser tripulados con profesionalismo y experticia en todos sus niveles. Muchas veces necesitamos más gestión que nuevas leyes o nuevos organismos.

Conscientes de que estamos en momentos de escasez económica, se deben priorizar los esfuerzos.  Llama la atención el comprometer nuestros escasos recursos en organizar y financiar tareas como la reunión de fuerzas armadas de Oceanía. Sin negar su importancia, sinceramente pienso que la relación con Tonga, Papúa y territorios afines no es hoy la primera necesidad, menos aún es cuando no hay recursos para operar el relevo de nuestro personal en la Araucanía.  Justo es reconocer que no podemos achacar esta confusión de prioridades a la actual conducción del Ministerio, dado que se trata de tareas heredadas como otras.

También es de suma importancia la claridad de los objetivos político-estratégicos que nos guían, más aún en medio de los grandes cambios y desafíos globales. Para ello está la actualización de la política de defensa, que es aconsejable hacerla a inicios de una administración y no en su fase terminal. Qué decir en orden a que una política de defensa nacional debe tener un elemento central nacional de cohesión. Por cierto, a la fecha se desconocen los principales lineamientos de esa política, que está aún en gestación.

Chile y su defensa soberana es el objetivo permanente. Debe ser nacional, suprapartidaria, que incluya a todos los sectores de la sociedad y se arraigue en la sociedad en su conjunto, reconociendo diversidad, pero asumiendo que la persistencia de la Nación es indispensable para todos. Esa es una tarea estatal, ajena a la contingencia, pero indestructiblemente comprometida con Chile y su destino.