Crimen organizado: el breve e intenso historial de corrupción en las instituciones

Tres suboficiales del Ejército detenidos en Aysén junto a un civil, acusados de traficar 11 kilos de marihuana, que fueron enviados por medio de una empresa de courier, es el último episodio que implica a uniformados en actos vinculados al narcotráfico y la corrupción en los últimos tres años.

En el caso de Aysén, se trata de una investigación realizada por el fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que detectó un tráfico desde Chillán hacia el extremo sur. De ese modo, se efectuó una entrega vigilada, que culminó cuando los detectives detuvieron en Aysén a los cuatro implicados, los cuales fueron formalizados el domingo.

Dos de ellos, el cabo del regimiento “Chiloé”, Alex Díaz Pacheco, y el civil Nelson Laurie Fica, quienes son los que llegaron hasta la empresa Chilexpress a retirar la encomienda que en su interior contenía 10 paquetes con la droga, quedaron en prisión preventiva, mientras otros dos funcionarios del Ejército (Sebastián Toledo Martínez y Víctor Valenzuela Carimán) fueron objeto de medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo, por lo cual la Fiscalía apeló, a fin de que se dicte la prisión preventiva de ambos.

Pocas semanas antes de eso, dos excarabineros, Jorge Luis Escobar Bascur y Elvis Giovanni Muñoz Monsalve, fueron condenados en Antofagasta por extorsión, después que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad le dieran la razón al Ministerio Público, el cual aseguró, en el juicio respectivo, que los dos exfuncionarios –que en diciembre de 2023 pertenecían a la Cuarta Comisaría de Tocopilla– decidieron ir a hacer controles a la Ruta B-1, sabiendo que esa noche no habría nadie en la garita policial que existe en ese sector.

De ese modo, decidieron fiscalizar a los pasajeros de un bus que detuvieron, forzando a descender a dos ciudadanos bolivianos, para introducirlos en la garita y, allí, revisar sus bolsos. 

Ambos portaban dinero en efectivo y, como dijo la Fiscalía, les indicaron que, si no se lo entregaban a ellos, serían acusados de narcotráfico. Ambos alegaron que eran trabajadores y que tenían cómo acreditar el origen del dinero, pero eso no importó. De ese modo, lograron que uno entregara 400 mil pesos y el otro 600 mil. Fue una noche redonda para ambos, pues cada uno se fue a su casa con medio millón de pesos, pero lo que no sospechaban los entonces policías era que poco después serían detenidos por personal de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar) y llevados a un juicio. 

El 23 de junio pasado, los sentenciaron a 5 años y un día de presidio efectivo. Quizá uno de los hechos más peculiares de ese juicio fue que en momento alguno negaron los hechos, aunque según sus abogados no se trataba de una extorsión, sino de un simple cohecho (que tiene una pena más baja).

Un largo historial 

Obviamente, ya no se trata de casos aislados, como dio cuenta Punto por Punto, de la Unidad de Investigación de El Mostrador. En mayo pasado, la misma policía uniformada detuvo a 14 carabineros (13 en servicio activo y uno en retiro) de la Subcomisaría de Huara, acusados de pedir coimas a los camioneros que llevaban mercancías ilícitas, y en junio de 2023 seis excarabineros, esa vez de la Unidad de Quillagua, fueron condenados a duras penas (uno de ellos recibió 20 años) por permitir a camioneros cargados con contrabando y drogas evadir el control de esa zona. 

Hay, por supuesto, otros casos incluso más llamativos, como el de dos excarabineros detenidos en la Provincia de Arauco, acusados de prestar servicios a la orgánica criminal “Resistencia Mapuche Lafkenche”. Al igual que lo que sucedió con el carabinero detenido en Puerto Montt, como miembro de la célula del Tren de Aragua conocida como “Los hermanos Cartier”, la función de todos ellos era muy básica: informar dónde están las fuerzas policiales, si hay operativos en curso, etc., aunque hay otros casos en que los policías cumplen misiones más complejas, como sucedía con el excarabinero Sebastián González, condenado a inicios de este año como miembro de otra célula del Tren de Aragua, Los Gallegos, en Arica, a los cuales el expolicía proveía de armas y vehículos.

A ellos se suman cinco excarabineros formalizados por ser parte de la banda que perpetró el robo en contra de la bodega de Brink’s, en Rancagua, así como seis funcionarios del OS-7 de San Felipe, formalizados por tráfico de drogas, y la docena de exfuncionarios conocidos como “Los Pulpos verdes”, acusados de extorsionar a ciudadanos chinos en el sector de Meiggs.

Y el conteo no para: solo el año pasado, cinco suboficiales de la Prefectura de Iquique fueron acusados de cobrar coimas a camioneros bolivianos y otros cuatro funcionarios de Porvenir, incluyendo a dos oficiales, también fueron acusados de delitos semejantes.

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Fiscales, detectives y gendarmes 

En medio del avance de la corrupción en las Fuerzas de Orden y Seguridad nadie se salva: en el caso de la PDI, dos exoficiales fueron acusados por la Fiscalía Centro Norte como integrantes de la célula del Tren de Aragua que explotaba sexualmente a mujeres y niñas en la Plaza de Armas de Santiago y en departamentos del Portal Fernández Concha y otros lugares del centro. Para ambos, la Fiscalía está pidiendo presidio perpetuo. A fines del año pasado, en tanto, otro exdetective terminó condenado por lavado de activos, en medio del juicio en contra de una de las bandas de robo de autos más grandes de Chile, la encabezada por Yerko Silva.

En mayo recién pasado, otro oficial de la PDI, un inspector que trabajaba en Policía Internacional en el aeropuerto, fue detenido, acusado de haber permitido (a cambio de dinero) que delincuentes chilenos salieran y entraran desde Chile hacia Estados Unidos con identidades falsas, con el fin de robar en mansiones del estado de Pensilvania. 

Por el lado de la Fiscalía, una institución que recién lleva 20 años operando en todo el país, ya hay a lo menos tres investigaciones que dan cuenta de posibles lazos entre fiscales y crimen organizado: en Rancagua, de hecho, un fiscal fue destituido, acusado de favorecer penalmente a narcotraficantes, aunque llamativamente no ha sido formalizado por delito alguno. 

En Los Ángeles, la Fiscalía local fue allanada por la Fiscal Regional de Ñuble, que investiga una denuncia semejante en la que también esta implicada una jueza de garantía, y en Magallanes el exfiscal jefe de Puerto Natales fue acusado no solo de corrupción, sino también de haber avisado a un narco, en cuya casa vivía el entonces fiscal, de un operativo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Por cierto, en la misma comuna también terminó detenido el exdefensor penal público, igualmente acusado de corrupción.

Una exasistente de fiscal de la Región del Maule, en tanto, fue condenada a 12 años de presidio, acusada de manipular el sistema informático para favorecer a personas acusadas de distintos hechos, a cambio de un pago.

Es por ello que a tantas personas les cuesta creer la versión oficial del Poder Judicial, en orden a que la fuga del ahora capturado sicario del Tren de Aragua Alberto Mejía fue solo una sumatoria de errores, tanto en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago como en Gendarmería.

Dicha institución –que es quizá la más permeable, dado el contacto diario de sus funcionarios con criminales que muchas veces manejan cantidades siderales de dinero– no solo vio cómo a fines del año pasado eran detenidos nueve funcionarios en servicio activo y uno en retiro, acusados de tráfico de armas, sino que hace solo dos semanas la Fiscalía de Arica formalizó a tres gendarmes, uno de ellos un capitán, acusándolos de haber dejado que un reo fuera asesinado en el patio de alta seguridad de la cárcel de esa ciudad, un lugar donde la mayoría de los presos son miembros de bandas de crimen organizado transnacional.        

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Las FF.AA.

 En el caso de las Fuerzas Armadas, hubo mucha conmoción este año a consecuencia de dos hechos casi seguidos, a los que ahora se suma lo ocurrido en Aysén: el primero de ellos, la detención de seis ahora exfuncionarios del Ejército, acusados de traficar cocaína desde la Región de Tarapacá hasta Santiago, y la posterior detención de cinco suboficiales de la FACh, quienes fueron formalizados por intentar enviar cuatro kilos de ketamina desde Iquique a la capital, a bordo de un vuelo de la propia institución. 

Por cierto, hay más. En octubre de 2023 cuatro funcionarios del Ejército, incluyendo a un teniente, fueron detenidos vendiendo armamento de guerra que ofertaban por medio de Facebook y WhatsApp, incluyendo –entre otras cosas– municiones de fusil y tres lanzacohetes AT4.

Soluciones no hay muchas, a la vista. Algunos sostienen que subir los sueldos podría evitar que los militares y policías se vean expuestos a la tentación de la corrupción, pero expertos en crimen organizado como Pablo Zeballos sostienen que el problema no tiene que ver con los ingresos que perciben, sino con la formación que se les está entregando a los uniformados, aseverando que, si alguien está corrompido, aumentarle el sueldo seguramente redundará en un solo efecto: que este aumente lo que cobra por no fiscalizar, por dar “un dato” o por proteger a delincuentes.

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