Avanzar con el FES, perfeccionarlo desde el Senado

El proyecto de ley que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) representa, sin duda, un salto cualitativo para Chile.

Una de las mayores virtudes del FES es que elimina la deuda tradicional y la intermediación bancaria, liberando a los estudiantes de avales, tasas de interés y de la presión crediticia actual. De esta forma, acceder a estudios superiores ya no significa un endeudamiento obligatorio, sino un compromiso social con retorno, justo y equitativo, que fortalece la gratuidad con responsabilidad.

El sistema establece un modelo de retribución equitativo: los beneficiarios comienzan a retribuir al Estado 12 meses después de egresar, aportando hasta un 8% de sus ingresos por un periodo proporcional al tiempo de estudio, con un tope máximo de 20 años. Este mecanismo anticipa una sociedad que invierte en formación de alta calidad, consciente de que quien se formó aporta al bien común.

La reforma permitirá generar ahorros significativos al Estado: se proyectan cerca de $3 billones en 10 años, mientras que los egresados pagarán un 4% promedio en lugar del 14% actual. Además, el sistema elimina la complejidad de múltiples instrumentos (CAE, Fondo Solidario, etc.), consolidando una estructura más eficiente.

El FES se orienta a ampliar el acceso: cubre la duración formal de la carrera más un año adicional y permite un solo cambio de carrera (cubriendo hasta 1,5 veces la duración de la carrera más larga, más un año extra). Además, seguirá beneficiando a quienes ya están en sistemas como el CAE o el Fondo Solidario, evitando que alguien pierda continuidad.

Tanto el Consejo de Rectores (CRUCH) como la Corporación de Universidades Privadas (CUP) han analizado el proyecto con atención, señalando que esta transformación debería permitir repensar el financiamiento desde una perspectiva estratégica, territorial y de largo plazo. Esa mirada plural es esencial para asegurar que los beneficios lleguen de forma efectiva y sostenible a todas las instituciones y regiones del país.

El papel clave del Senado: afinar sin frenar. La Cámara ya expresó un apoyo mayoritario, pero es en el Senado donde se puede robustecer el FES.

Revisar el copago de deciles altos: si bien está previsto que el décimo decil pueda hacer un aporte voluntario, el Senado podría modularlo para asegurar recursos adicionales sin desalentar la equidad.

Asegurar la sustentabilidad institucional: especialmente para garantizar la atención a estudiantes de menores ingresos y para garantizar la investigación y docencia de alto impacto, podría autorizarse un modelo mixto con copago moderado, salvaguardando su autonomía financiera y calidad.

Cuidar la inclusión regional y equidad de género: algunos análisis advierten que ciertos grupos (como mujeres o estudiantes fuera de menores ingresos) podrían quedar rezagados si desaparecen becas selectivas. El Senado puede negociar incentivos para que estas poblaciones no queden fuera.

Mecanismos de control y transparencia: para evitar preocupaciones sobre concentración o restricciones de matrícula, se pueden instalar mecanismos claros de monitoreo y flexibilidad según el contexto regional o institucional.

El FES refleja una apuesta necesaria por una educación superior más digna, justa y eficiente. Esta reforma es un avance real hacia una sociedad donde estudiar no signifique endeudarse para siempre, y donde la formación superior se convierte en un bien público con retorno ético y social.

El Senado tiene una oportunidad histórica: no detener esta transformación, sino mejorarla desde la discusión reflexiva, ajustando detalles sin perder el norte de equidad, calidad y sostenibilidad.