Recalificación de la transmisión: un debate abierto en el sector eléctrico chileno

La transmisión eléctrica en Chile enfrenta hoy un escenario de congestión y lentitud en su desarrollo, al mismo tiempo que se reabre un debate crucial: la necesidad de perfeccionar el proceso de calificación de las instalaciones. Este mecanismo, que determina si una línea es nacional, zonal o dedicada, impacta directamente en la estabilidad financiera de los proyectos y en la neutralidad del sistema. Actualmente, la Comisión Nacional de Energía (CNE) mantiene abierta una consulta pública para revisar estas reglas, en un momento en que la transición energética exige certezas y planificación.

La historia muestra un esfuerzo permanente por asegurar acceso abierto y evitar abusos de mercado, desde el DFL 1 de 1982 hasta la Ley Corta I en 2004. La génesis de muchas instalaciones estuvo ligada a proyectos de generación o consumo: las líneas eran concebidas como parte indivisible de los mismos, internalizando sus costos en ofertas de suministro o decisiones de inversión bajo la lógica marginalista. Pero la recalificación periódica, cada cuatro años, ha introducido volatilidad. La regla del 50% + 1 genera cambios frecuentes que afectan la certeza de las inversiones, y la Resolución N° 58/2024, al reducir el umbral para ser cliente libre, aumentó la inestabilidad, con efectos en la planificación de la red y en la transición hacia energías limpias. A ello se suma que algunos consumidores pueden optar entre ser regulados o libres, lo que impacta a quienes no tienen esa alternativa; por ello, resulta razonable que, para efectos de calificación, estos consumidores se consideren como regulados, otorgando mayor estabilidad.

Como Director de IESD y ex Jefe del Departamento Eléctrico de la CNE, estoy convencido de que el sistema es perfectible si se logra equilibrar neutralidad con estabilidad. Para ello es fundamental establecer períodos mínimos de permanencia en las calificaciones, robustecer los criterios técnicos con análisis de seguridad de suministro, ampliar la periodicidad de revisión a ocho años y proteger la lógica de las líneas dedicadas, con mecanismos de compensación cuando cambien de categoría.

El desafío no es eliminar la recalificación, sino perfeccionarla. Solo con reglas estables y alineadas con la descarbonización se podrá garantizar una transmisión capaz de sostener el futuro energético del país. La consulta pública en curso abre una oportunidad para avanzar hacia un sistema más seguro, limpio y sostenible.