Error en las tarifas eléctricas: ¿solo un problema aislado o la punta del iceberg?

En estos días nos hemos enterado de situaciones que resultan inaceptables: la revelación de errores en el cálculo de las tarifas de electricidad que regula la Comisión Nacional de Energía (CNE), de los cuales nadie se dio cuenta hasta ahora y que mantienen a millones de consumidores pagando sobrecostos, y donde las únicas beneficiadas parecen ser las empresas de generación y de transmisión eléctrica.

Aquí no sólo falló la institución técnica estatal encargada de los cálculos; las empresas de generación también podrían tener responsabilidad, porque cuesta creer que sus equipos de expertos y asesores no se hayan dado cuenta de un error que las beneficiaba.

La duda que surge es legítima: ¿qué habría pasado si ese error las hubiese perjudicado? Si guardaron silencio ante un beneficio ilícito su falta ética sería mayúscula, porque el enriquecimiento indebido no es un simple error: es un quiebre de la confianza con sus clientes y con el país en su conjunto.

Más aún, en una entrevista reciente, el director ejecutivo del gremio de las generadoras, Camilo Charme, señaló que ellos no habían incumplido la ley, dando a entender que no les correspondía restituir lo cobrado en exceso. Si esa fue su intención, me parece que está completamente equivocado, porque la devolución de un dinero mal habido no solo es una obligación legal, sino que también es una obligación ética ineludible.

Para que en este caso haya justicia, se debe restituir cada peso cobrado de más a todos y cada uno de los consumidores, en el más breve plazo y con los intereses que correspondan.

La propuesta preliminar de la CNE es que dichas restituciones se concreten a través de una baja en la tarifa de la energía eléctrica, de aproximadamente un 2% promedio, a partir de enero de 2026.

Emplazamos a las empresas de generación eléctrica para que se pronuncien con transparencia sobre esta propuesta. La eventual impugnación del proceso tarifario en curso, por parte de ellas, solo confirmará su intención de conservar un beneficio que no les corresponde. La ley, la ética y la responsabilidad social empresarial las obligan a hacer las devoluciones que correspondan. Solo así lograremos avanzar hacia un mercado eléctrico más transparente y más justo para todos.

El caso de la empresa de transmisión fue algo distinto, porque fue esta la que se dio cuenta del error –no así la CNE–, “autodenunciándose” ante el organismo y, de acuerdo a la informado, según entendemos, devolverá a los consumidores el dinero cobrado en exceso.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar que lo ocurrido no es un problema aislado: más bien parece ser la punta del iceberg. En efecto, en el sector eléctrico no existe un mercado competitivo, que favorezca a los consumidores, sino una regulación que con el transcurso del tiempo se ha vuelto anacrónica y sumamente compleja y que, en definitiva, ya no sirve a los intereses del país.

Los subsidios indebidos a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), la descarbonización forzada de la matriz energética nacional, los contratos antiguos de suministro eléctrico a las distribuidoras (en virtud de los cuales las generadoras compran energía solar y eólica casi a costo cero, para revenderla como si fuera generada mediante gas natural, carbón o petróleo), la integración vertical de la empresa de transmisión con las distribuidoras (expresamente prohibida por la ley) o los modelos tarifarios excesivamente complejos y poco transparentes que emplea la CNE para calcular las tarifas reguladas, son solo algunos ejemplos de otros factores que también podrían estar elevando los precios de la electricidad en Chile, situación que se podría corregir rápidamente y, en gran medida, tornando competitivo al mercado eléctrico, tal como ocurre desde hace ya muchos años en los países más avanzados del mundo.

Disponer de energía eléctrica abundante y barata es fundamental para el desarrollo futuro del país. Por lo tanto, nuestro llamado a las autoridades que asuman la conducción del país en marzo de 2026 es a que se atrevan, de una vez por todas, a ponerle el cascabel al gato, terminando con toda esa regulación anacrónica y errada que nos está ahogando.