Sequía y género: el impacto silencioso sobre las mujeres rurales

Este fenómeno, conocido como “megasequía”, se ha traducido en déficits de precipitación sostenidos desde 2010 y en reducciones de caudales de hasta 90%, con efectos severos sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. Sus impactos visibles son claros: menos agua disponible y mayores costos para producir. Sin embargo, existen también otros efectos, menos evidentes, pero igual de relevantes, como transformaciones en el empleo agrícola y en las desigualdades de género.

En nuestra investigación sobre sequías y precarización del empleo femenino en la agricultura observamos que, en comunas afectadas por sequías, el empleo agrícola tiende a aumentar. Esto podría interpretarse como una señal de resiliencia o de adecuado apoyo estatal en crisis. Sin embargo, una mirada más detallada revela que tras este aumento se esconden importantes mecanismos productores de desigualdades:  mientras los hombres logran ampliar su participación y acceder a mejores posiciones, las mujeres ven reducida su participación como propietarias o empleadoras. En línea con los patrones generales de desigualdades de género, las mujeres se concentran en ocupaciones más precarias, como el autoempleo de pequeña escala o el empleo asalariado. En resumen, en tiempos de sequía las mujeres van perdiendo estabilidad laboral y control sobre los recursos.

Pero ¿qué sucede con los ingresos? ¿También se repite este mecanismo que ahonda las brechas de género? Si bien no encontramos una caída generalizada en el ingreso de las mujeres, sí identificamos un cambio significativo: las ocupaciones más vulnerables ganan peso relativo, mientras que aquellas con mejores remuneraciones pierden terreno. En concreto: aunque las empleadoras siguen siendo el grupo con mayores ingresos, su número se reduce y aumentan las mujeres en empleos peores pagados. 

Estos hallazgos muestran que la sequía no es solo un desafío climático y productivo, sino también un acelerador de procesos de precarización de las mujeres el empleo agrícola. Si bien las sequías no reducen el empleo, las mujeres que trabajan en la agricultura se ven empujadas a empleos más precarios y con menos ingresos, lo que obedece también a patrones históricos de desigualdad de género en relación al trabajo, control y propiedad de tierras productivas en el mundo rural. Esta combinación, de larga data, produce un efecto acumulativo que impide la superación de las brechas existentes, sobre todo en tiempos de crisis.

Ante este panorama, las políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático deben contener un enfoque de género en todas las fases: diseño, implementación y evaluación. Esto permitiría asegurar el acceso de las mujeres rurales a recursos productivos, crédito y capacitación, entre otras medidas orientadas a mitigar la precarización del empleo femenino. De igual manera, se hace central fortalecer su asociatividad y liderazgo en las organizaciones territoriales, garantizando su participación efectiva en los espacios de toma decisión claves, tales como  aquellos que establece  la Ley Marco de Cambio Climático.

Desde este marco, el desafío es doble: enfrentar la crisis hídrica y, al mismo tiempo, evitar que se agraven las desigualdades persistentes. Esto no es sólo un tema ético y de derechos humanos, sino también la pérdida de un grupo esencial para la seguridad alimentaria, la gestión sostenible del agua y la asociatividad de los territorios, como son las mujeres rurales.