La omisión lesiva del proyecto de ley de incendios

En una reciente columna publicada en El Mostrador, el exministro de Agricultura Esteban Valenzuela hizo una enérgica defensa del proyecto de ley de prevención de incendios forestales actualmente en trámite, criticando a quienes se oponen a él. En particular, la crítica va dirigida a la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón, pero también a la industria forestal y a todos quienes hemos criticado la iniciativa, con calificativos que nosotros no usaríamos. Sin embargo, no por insistir en los argumentos que en su momento expuso en el Congreso a favor del proyecto, estos pasan a ser válidos o pertinentes.

Efectivamente, el proyecto no combate la intencionalidad como origen de los siniestros. La columna no contradice esta afirmación. Habla de “mecanismos estructurales de coordinación de Conaf”. A qué se refiere con eso, cómo ello incide en la intencionalidad de los incendios, es algo que no profundiza. Luego menciona el botón rojo y un registro de quienes pueden participar en los combates, aspectos que no guardan relación con la intencionalidad. Finalmente, señala que existe en el proyecto una “mención explícita” a los patrullajes preventivos, pero mencionar patrullajes no es sinónimo de abordar la intencionalidad.

El artículo 31 del proyecto efectivamente menciona los patrullajes preventivos, simplemente señalando que en determinadas condiciones el Servicio Forestal deberá informar las zonas o áreas de mayor riesgo de ocurrencia de incendios a Carabineros de Chile, los que podrán disponer de patrullajes preventivos con la finalidad de vigilarlas y evitar la comisión de delitos de incendio.

Este artículo no agrega nada a las atribuciones con que ya cuenta Carabineros. Difícilmente alguien podría sostener que esa mención es una real medida para enfrentar la intencionalidad que, no olvidemos esto, asciende a más del 50% de los incendios en las regiones del Biobío y La Araucanía y, en promedio, puede quemar entre dos y cinco veces más superficie que un incendio negligente.

No hay en el proyecto mención alguna a recursos incrementales para patrullajes en zonas de alta intencionalidad o medidas adicionales en áreas de riesgo en las que los brigadistas o las aeronaves de combate son atacadas a balazos; ni el desarrollo de programas especiales de persecución de la intencionalidad, con reforzamiento de equipos de control territorial o policías especializadas. Los incendios forestales en Chile no son desastres naturales: todos son causados por el hombre, siendo una buena parte de ellos provocados con dolo. El proyecto de ley no contempla esta realidad.

El exministro menciona el trabajo de la Fiscalía, pero esta no es responsable de la prevención de los delitos. La hipótesis central de la columna es que los incendios se producen por culpa de los propietarios que omiten gestionar la vegetación de sus predios y es a ellos a los que se debe someter a nuevas regulaciones,  desentendiéndose de quienes producen los incendios.

El proyecto convierte a la víctima en culpable, persiguiendo a quien se quema y no a quien quema. Esta hipótesis, que se desentiende de la intencionalidad como factor relevante del fenómeno de los incendios forestales en Chile constituye, en efecto, una omisión lesiva.

Por otra parte, señalar que indemnizar por las medidas expropiatorias impuestas a propietarios con predios en la interfaz urbano-forestal, sería análogo a que el Estado comience a subvencionar la conducción eléctrica cuando se le exige limpieza bajo las torres de alta tensión, es desacertado, por tratarse de situaciones completamente distintas. Las líneas de transmisión eléctrica generan un riesgo inherente a su funcionamiento. Ese riesgo demanda medidas de gestión de la vegetación en la franja de servidumbre que deben realizar los responsables de la operación de las líneas, máxime cuando se trata de un negocio que genera ingresos para dichos responsables.

Ninguna semejanza tiene lo anterior con propietarios de predios forestales o agropecuarios en la interfaz o en cualquier área considerada de amenaza alta o crítica de incendios. Esos propietarios no generan el riesgo del incendio en sus operaciones, muchos de ellos ni siquiera tienen operaciones económicas vinculadas a esa vegetación y de hecho muchos pueden incluso no vivir en dichos predios.

A pesar de la enérgica defensa del proyecto de ley, este sigue siendo deficiente y apresurar su votación no solucionará los problemas de los incendios forestales en el país, mucho menos los de la actual temporada.