El deterioro de la democracia en las juntas de vecinos

En los barrios ya no se escucha el bullicio de las elecciones vecinales. Las juntas de vecinos –que alguna vez fueron la voz organizada del pueblo– están hoy en manos de directivas vencidas, que se aferran al poder como lapas a la roca. No rinden cuentas, no llaman a elecciones y, sin embargo, siguen siendo reconocidas por las autoridades locales. El resultado es un sistema comunitario paralizado, donde los vecinos han dejado de creer que su palabra cuenta.

En Peñalolén, por ejemplo, cerca del 85% de las juntas no tienen directivas vigentes. Son comunidades literalmente “secuestradas” por dirigentes que hace años no enfrentan el voto de sus bases. Esta situación no es un simple trámite pendiente: es un golpe al corazón de la democracia local. Porque cuando una directiva no se renueva, no solo pierde legitimidad, sino que bloquea la participación, impide gestionar proyectos y deja a los vecinos sin representación real.

El problema no se reduce a la inercia. Detrás de muchas de estas directivas hay redes de clientelismo y favores. Pseudodirigentes que se mantienen cerca del poder local no por vocación de servicio, sino por conveniencia. Se les escucha aún llamar “jefe” al alcalde, expresión que retrata de cuerpo entero el servilismo y la dependencia que corroen la vida comunitaria. La democracia no puede florecer donde reina el miedo o la sumisión.

Mientras tanto, la falta de transparencia se hace costumbre. Las actas no se registran, los dineros no se justifican y los acuerdos se toman entre pocos. La participación ciudadana se reduce a un grupo de allegados que gozan de beneficios a costa de la comunidad. Algunos de estos dirigentes, por su silencio o complicidad, terminan tapando los problemas que más duelen: el microtráfico, el alcoholismo, la violencia en los barrios. Prefieren esconder la basura “bajo la alfombra” antes que enfrentar la realidad.

Pero no todo está perdido. Si hubo una vez un impulso democratizador tras la dictadura, podemos y debemos retomarlo ahora. La pandemia nos dejó más aislados, pero también más conscientes de la necesidad de cuidarnos y organizarnos juntos. Es hora de un nuevo pacto vecinal: de devolverles a las organizaciones sociales la frescura, la transparencia y la legitimidad que las hicieron pilares de la vida popular.

Las reformas necesarias son claras y urgentes. Primero, una ley que obligue a la renovación periódica de las directivas, con plazos definidos y fiscalización real del proceso electoral. Segundo, mecanismos de rendición de cuentas públicos y accesibles, para que cada vecino pueda saber en qué se gasta el dinero y qué decisiones se toman en su nombre. Y tercero, una fiscalización municipal independiente de las lealtades políticas, que sancione el uso clientelar de los recursos y garantice que las juntas sirvan a la comunidad, no a los intereses del poder.

La democracia no solo se juega en el Congreso o en La Moneda. Se juega, sobre todo, en las sedes vecinales, en las ferias, en los comités de vivienda, en las asambleas donde los vecinos se miran a los ojos. Si dejamos que esas instancias se pudran, habremos perdido la raíz misma de nuestra vida republicana.

No podemos permitir que estos pequeños “dictadores de pasaje” sigan usurpando la voluntad popular. Recuperar las juntas de vecinos no es un asunto menor: es rescatar la escuela básica de la democracia. Que vuelvan las elecciones, que se abran los libros, que se escuche la voz del pueblo. Solo así podremos levantar de nuevo un país donde la representación no sea una farsa, sino un ejercicio vivo de participación y dignidad.