El robo del Príncipe según Santo Tomás

En un 2025 que cierra con el Informe de Contraloría revelando irregularidades fiscales por más de $1,5 billones —pagos indebidos, fundaciones, etc.—, Chile enfrenta una escalada de casos de corrupción que tocan a 780 reparticiones públicas, incluyendo el propio Servicio de Impuestos Internos (SII).

El Índice de Percepción de Corrupción 2024 ubica al país con solo 63 puntos, rezagado tras Uruguay, mientras el gobierno insiste en subir impuestos, pese a un gasto público ineficiente que crece apenas 1,7% para 2026. ¿Pagamos tributos para el bien común? Ocho siglos atrás, Santo Tomás de Aquino ya lo advertía: la tributación justa es un pacto moral que se quiebra cuando el Estado traiciona su rol de administrador del bien público.

El Doctor Angélico, en su Suma Teológica y en De Regno, distinguía con precisión entre el impuesto legítimo y el “robo legal”. Para Tomás, los tributos son un deber moral del ciudadano hacia el gobernante, pero solo si cumplen cuatro causas esenciales: la causa final (destinados al bien común, como defensa, justicia y obras colectivas), la causa formal (regulada por una ley derivada de la natural, no arbitraria),; la causa material (un pago por servicios prestados, con roles claros para recaudadores y contribuyentes) y la causa eficiente (el gobernante como mero administrador, obligado a la transparencia y la restitución si falla).

El príncipe no es dueño de los fondos; es un administrador, instituido por Dios para velar por la utilitas communis. Si exige más de lo justo o lo desvía a fines personales, como en los casos de corrupción sistémica que CIPER denomina “redes de poder” comete hurto. “Ningún mal, aunque se haga con buena intención, debe ser excusado”, advertía el santo, usando el robo para alimentar pobres como ejemplo de acto sin rectitud moral. Aplicado a los impuestos: si el Estado no preserva la justicia (suprimiendo el crimen, financiando educación o salud), el contribuyente tiene derecho a la restitución ética. El impuesto deja de ser justo cuando el bien común se evapora, convirtiéndose en apropiación.

En el Chile actual, esta doctrina tomista resuena con fuerza ante la erosión de la confianza tributaria. La Contraloría denuncia un Estado que recauda más, pero gasta peor, con corrupción generalizada en el uso de fondos públicos que opaca prioridades como seguridad e inmigración. El SII, en tanto, ha endurecido controles, presumiendo delictividad en la constitución de sociedades y erosionando la presunción de buena fe del contribuyente —un principio ético tomista esencial, donde el Estado debe tratar al ciudadano como cumplidor, no como infractor potencial. ¿Y si el problema no es la evasión, sino la ilegitimidad de un sistema fiscal insostenible, donde los príncipes modernos desvían billones a actos irregulares?

Aquí entra el núcleo tomista: la justicia tributaria es deontológica, no solo práctica. El cumplimiento cooperativo, ese diálogo Estado-contribuyente basado en transparencia mutua exige que el recaudador actúe con rectitud. Santo Tomás lo ve claro: sin bien común, cesa el deber moral de pagar. La evasión no se justifica éticamente, pero la mala utilización de fondos, corrupción que perpetúa pobreza y desigualdad, podría minimizar el deber moral de cumplir. En términos modernos, es la base de la sostenibilidad tributaria: sin confianza, no hay recaudación voluntaria. Ejemplos como el “caso Hermosilla” o el caso Fundaciones muestran un ciclo donde el mal uso de impuestos alimenta resentimiento, no lealtad.

La lección de Aquino no es nostálgica; es un antídoto urgente. Los Gobiernos chilenos, atrapados en políticas fiscales debilitadas, deben recordar que los impuestos no son un botín, sino un cobro por servicios,  proporcionales, legítimos y destinados al bien común. De lo contrario, no recaudan lealtad, sino resentimiento.

En este noviembre de 2025, con informes de Contraloría que claman por reformas profundas, volvamos a Santo Tomás no como reliquia medieval, sino como faro ético. La tributación justa no es utopía; es el freno contra la tiranía fiscal. Si los príncipes modernos no administran con justicia, los pueblos (moral y legalmente) tienen derecho a exigir restitución. ¿Pagaremos por el bien común o por el mal ajeno? La respuesta define no solo economías, sino almas colectivas.