La gran oportunidad que se abre a partir de la crisis del Poder Judicial

La crisis que vive el sistema judicial ofrece una gran oportunidad para quienes quieran tomarla. Como producto de los casos de corrupción y tráfico de influencias se han generado hasta ahora tres vacantes en la Corte Suprema y dos más en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los órganos encargados de designar a los nuevos ministros (la propia Corte Suprema, el poder ejecutivo y el Senado) pueden proceder a hacer lo que han hecho siempre y volver a dar lugar a los besamanos, la llamadas, las recomendaciones, los cobros de favores y agravios y demás prácticas tradicionales. En el mejor de los casos esto pasará bajo el radar y en el peor de ellos será objeto de atención de la prensa y se develará la enorme hipocresía de quienes han mostrado severidad con los ministros expulsados, pero no dudan en volver a las viejas mañas a la primera oportunidad.

La otra posibilidad, que en mi opinión representa una enorme oportunidad, es que sin esperar una nueva legislación, todos o algunos de los órganos que participan en los nombramientos adopten medidas administrativas que modifiquen sustantivamente las prácticas del proceso de designación y anticipen cómo podría funcionar un sistema distinto, basado en la transparencia, la evaluación de méritos y que excluya en la mayor medida posible el tráfico de influencias.

La Corte podría -con cierta facilidad- regular su tarea de confección de quinas y ternas. Podría, por ejemplo, establecer un formato estándar para la presentación de antecedentes de los candidatos y una pauta de evaluación de esos antecedentes. Asimismo, podría proscribir cualquier forma de acceso a información o conversación sobre los candidatos por fuera del proceso establecido, así como reglas de inhibición para los ministros que tengan relaciones de cercanía o compromiso con cualquiera de los postulantes.

El poder ejecutivo podría, por su parte, designar una comisión de alta credibilidad que emitiera un informe sobre la quina o terna, previa revisión de los antecedentes y una entrevista con los candidatos. Esa comisión podría también recibir impugnaciones a los candidatos de parte de cualquier ciudadano, así como realizar otras actividades de recopilación de información sobre su trayectoria que esté disponible.

La comisión debiera entregar públicamente su valoración de cada uno de los candidatos al Presidente de la República quien elegiría al propuesto al senado por medio de una resolución fundada, contando para ellos con toda la información recopilada por la comisión.

Finalmente, el Senado debiera abstenerse de cualquier involucramiento en el proceso en forma previa a la presentación de la propuesta presidencial y sobre todo regular de manera precisa la inhabilitación de los senadores que se hayan visto afectados por cualquier decisión de los postulantes o tengan con ellos cercanía o enemistad.

Estas son solo algunas ideas y es probable que haya otras mejores. Pero el punto central es que frente a la tremenda crisis de credibilidad las autoridades deben tomar medidas inmediatas. No se pueden excusar en la falta de una legislación para superar la practicas degradadas que el público repudia, que ellos mismos dicen reprobar y que han dado lugar a la salida de varios jueces.

Desde un punto de vista positivo esta es una gran oportunidad y estoy seguro de que quien la tome puede obtener un importante fortalecimiento de su credibilidad y una mejora en la confianza del público.