Una esperanza de libertad para Venezuela

Recientemente, fuerzas militares de los Estados Unidos ingresaron en Caracas, atacaron objetivos militares y arrestaron al dictador Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico. Ese procedimiento pertenece al ámbito del derecho estadounidense y no será evaluado aquí. Nuestro interés es analizar la posible justificación de la acción militar en sí misma.

No nos centramos en las motivaciones del Gobierno norteamericano –económicas o judiciales–, sino en la acción misma de atacar a un régimen dictatorial, aun cuando esa no haya sido la razón invocada por Trump. Desplazar el debate hacia la cuestión de si Trump es moralmente virtuoso resulta irrelevante. Tampoco hace falta ser ingenuos: se trata de política internacional. No sería la primera vez que se hace lo correcto por motivos equivocados ni lo incorrecto por motivos aparentemente nobles.

Maduro es un dictador violento y un gobernante ilegítimo. Como tal, no está protegido por el principio de soberanía. Desde su llegada al poder, en 2013, ha construido una estructura criminal que excede el narcotráfico: represión sistemática, anulación de libertades básicas, persecución de la disidencia, violaciones masivas y persistentes de derechos humanos y manipulación fraudulenta de elecciones. En este sentido, la deposición de Maduro pareciera constituir, en principio, un avance para Venezuela y para la libertad en América Latina.

La soberanía no debe entenderse aquí como un principio meramente formal que protege al Estado en abstracto, sino como expresión de la titularidad política de los ciudadanos (uno de nosotros, Tesón, ha escrito extensamente sobre esta interpretación de la soberanía). Cuando un régimen agrede de modo sistemático a su propia población, negándole derechos elementales y sometiéndola a violencia injusta, los ciudadanos se convierten en víctimas frente a las cuales están moralmente legitimados a defenderse.

En tales casos, una intervención externa puede concebirse como una extensión de esa defensa; no será la defensa ideal, pero cuando un pueblo ha sido abandonado por la comunidad internacional y carece de medios efectivos para protegerse, no resulta razonable exigir estándares de pureza moral tan elevados.

Algunos juristas sostienen que esta acción constituye un mal precedente. Sin embargo, este argumento presupone que la intervención militar es peor para los venezolanos que la continuidad de la dictadura. Pero quizás el verdadero mal precedente sea dejar impune a un régimen que tortura, masacra y empobrece a su población, abriendo la puerta a la impunidad de dictaduras aún más sangrientas. Por sí solo, el argumento del mal precedente (o de la “mala señal”) presupone justamente aquello que debiera mostrar.

Con todo, una intervención militar benigna no se justifica solo por ser correcta en su origen. Podría incluso agravar la situación. Si, por ejemplo, deriva en una guerra civil –como ocurrió en Libia tras la intervención de 2011–, el resultado podría ser un país devastado o incluso otro régimen autocrático.

Por ello, la intervención solo será justificable si sus principales beneficiarios son los venezolanos. Aunque Estados Unidos obtenga ventajas estratégicas, judiciales o económicas, la acción debe conducir a la restauración de la democracia. Además, su legitimidad final dependerá de sus consecuencias, en particular del daño a civiles. Como advirtió Von Clausewitz, las guerras escalan fácilmente, y una intervención inicialmente justa puede tornarse injusta por la destrucción que provoca.

En suma, Estados Unidos y América Latina deben asegurar que esta acción promueva el bienestar de los venezolanos, respete estrictamente las convenciones de Ginebra, proteja a la población civil y facilite cuanto antes una transición democrática pacífica. Solo así podrá considerarse un paso genuino en favor de la libertad.

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