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Hubo un tiempo en que caminábamos hacia el futuro Opinión Archivo

Hubo un tiempo en que caminábamos hacia el futuro

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Álvaro Ramis Olivos
Por : Álvaro Ramis Olivos Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAcademia). Teólogo, doctor en filosofía
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No estamos ante una simple crisis del sistema internacional, sino ante su inversión histórica: el retorno explícito de la razón imperial, la primacía de la fuerza sobre el derecho y la legitimación de la dominación como principio organizador del mundo.


Recuerdo una época –no tan lejana– en que caminábamos hacia el futuro. No era una marcha lineal ni exenta de conflictos, pero estaba orientada por una promesa compartida: que la historia podía avanzar hacia formas cada vez más amplias de democracia, prosperidad y justicia social. Ese tiempo ya pasó. Hoy entramos en otro, que se presenta como novedad, pero que en realidad nos arrastra hacia una nueva forma de pasado: una involución histórica sostenida con esteroides tecnológicos de enorme potencia, capaz de amplificar viejas pulsiones de dominio, exclusión y violencia bajo el ropaje de la innovación.

La paradoja de nuestra época es que el vértigo tecnológico convive con una profunda involución política y moral. Inteligencia artificial, automatización y plataformas globales prometen eficiencia y control, mientras el orden internacional retrocede hacia un estadio previo a los grandes consensos que se forjaron tras la Segunda Guerra Mundial. No avanzamos hacia un futuro inédito; regresamos, acelerados, a un mundo donde la fuerza vuelve a imponerse sobre el derecho y donde la desigualdad se naturaliza como destino.

Tras la catástrofe de 1939–1945, la humanidad pareció extraer una lección fundamental: la barbarie no era un accidente externo a la civilización, sino una posibilidad inscrita en ella misma. Por eso, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la consolidación del sistema de Naciones Unidas, se prefiguró un horizonte distinto. Se apostó por un futuro basado en la promesa de democracia, desarrollo económico y justicia social; en la idea de que el progreso debía ser mundial y que los derechos humanos tenían vocación universal.

Ese proyecto exigía transformar radicalmente el mapa político. Se inició entonces un vasto proceso de descolonización que permitió a las tres cuartas partes de la humanidad constituirse en Estados propios e independientes. La Carta de las Naciones Unidas consagró principios destinados a limitar la violencia estructural del sistema internacional: la igualdad soberana de los Estados, el principio de soberanía, la intangibilidad de las fronteras, la no intervención y la libre determinación de los pueblos.

A la par, comenzó a edificarse un nuevo derecho internacional que, retomando la herencia de Hugo Grocio, extendió estos principios a la esfera global. Aplicados a las relaciones internacionales contemporáneas, los principios grocianos implicaban una idea radical: los Estados no debían regirse por la fuerza, sino por la razón. Se trataba de un verdadero Estado de derecho internacional, fundado en el principio de buena fe en los tratados (pacta sunt servanda), en la defensa de la libertad de tránsito de las personas y del comercio global y en la distinción entre guerras justas e injustas. Incluso en el conflicto, sostenía esta tradición, debían existir límites legales.

En esencia, se construyó un mundo que transformó a los Estados en sujetos obligados por normas jurídicas y no en actores soberanos sin restricción alguna. Esa fue la base de la convivencia pacífica y del orden internacional moderno: la convicción de que el poder debía someterse al derecho y que la violencia no podía seguir siendo el lenguaje normal de la política global.

Todo esto es lo que hoy ha terminado. La guerra de Rusia contra Ucrania, el genocidio en Gaza y la intervención norteamericana en Venezuela no son simples desviaciones del sistema, sino la evidencia de su colapso. En todos estos casos, los principios de soberanía, proporcionalidad, protección de civiles y respeto a los tratados han sido relativizados o directamente abolidos. El derecho internacional ya no opera como límite efectivo, sino como retórica selectiva, invocada solo cuando coincide con los intereses de las grandes potencias.

Avanzamos tecnológicamente, mientras retrocedemos normativamente. Miramos al futuro con herramientas del siglo XXI, pero con lógicas de poder que remiten a un mundo previo a septiembre de 1945, cuando la fuerza era el último argumento y la dignidad humana una concesión, no un derecho. La promesa de un progreso moral indefinido ha sido sustituida por una gestión permanente de la excepción, donde la guerra, la ocupación y la violencia estructural reaparecen como instrumentos legítimos de la política.

En este contexto, el papel de Estados Unidos resulta especialmente revelador. Con la explicitación del llamado “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, formulado en el mensaje presidencial America 250: Presidential Message on the Anniversary of the Monroe Doctrine (del 2 de diciembre de 2025), se abandona cualquier ambigüedad residual. Ya no se trata de una hegemonía ejercida bajo el lenguaje del multilateralismo o del orden liberal internacional, sino de la afirmación abierta de un proyecto imperial. América vuelve a ser concebida como esfera de influencia exclusiva y la soberanía de los demás Estados como un principio subordinado a los intereses estratégicos de Washington.

Ese giro externo tiene un correlato interno igualmente inquietante. La afirmación del poder sin contrapesos en el plano internacional se acompaña de una política doméstica crecientemente represiva hacia los oponentes políticos, los movimientos sociales y toda forma de disidencia. El Estado de derecho, que alguna vez Estados Unidos proclamó como valor universal, se erosiona desde dentro mediante la lógica del enemigo interno y la normalización de la excepción.

Así, el país que fue uno de los principales arquitectos del orden surgido tras 1945 contribuye hoy activamente a su desmantelamiento. No estamos ante una simple crisis del sistema internacional, sino ante su inversión histórica: el retorno explícito de la razón imperial, la primacía de la fuerza sobre el derecho y la legitimación de la dominación como principio organizador del mundo.

Ese tiempo en que caminábamos hacia el futuro ha quedado atrás. Lo que se abre ante nosotros es un pasado rearmado, tecnológicamente amplificado y políticamente más peligroso, que interpela a las sociedades democráticas a decidir si lo aceptan como destino o si aún están dispuestas a resistirlo.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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