Sename: un cierre que es, sobre todo, un punto de partida

Hoy se cesa en sus funciones el SENAME y se completa el tránsito hacia un sistema compuesto por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que asume la responsabilidad en materia de justicia juvenil.

Este cambio no es solo de siglas, sino que expresa el consenso de que las respuestas del pasado fueron insuficientes e incluso dañinas, y que las nuevas instituciones deben basarse en el enfoque de derechos, la especialización técnica y la intervención centrada en los proyectos de vida de cada niño, niña y adolescente.

En estos años se han logrado avances relevantes: mayor visibilidad política de la infancia, nuevas exigencias de estándares a la red de protección y una arquitectura institucional que separa nítidamente la protección de la responsabilidad penal adolescente. A ello se suman importantes avances normativos, siendo el más relevante la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Con todo lo anterior, existe una idea por buena parte de la sociedad, de que el Estado no puede seguir delegando sin más la protección de la niñez vulnerada en el mercado de los servicios sociales, y que la supervisión, la información y la rendición de cuentas deben ser mucho más estrictas.

Sin embargo, sería un error declarar victoria. El sistema de protección especializada arrastra problemas estructurales: sobrecupos en residencias, listas de espera para ingresos y para programas reparatorios, dificultades para recibir de vuelta a niños y adolescentes con “perfiles complejos” y cierres de residencias que no siempre se acompañan de alternativas adecuadas.

A esto se suman denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia al interior de residencias, situaciones de abuso sexual, precariedad en las condiciones de cuidado y graves brechas en salud mental, que muestran que, pese a los grandes esfuerzos desplegados desde el Servicio Nacional de Protección Especializada, buena parte de la promesa de una “Mejor Niñez”, sigue siendo una tarea inconclusa.

Desafíos ineludibles

El primer desafío es dejar atrás, de manera real y no solo discursiva, la lógica de un sistema que “administra camas y cupos” para pasar a uno que construye trayectorias de vida seguras y dignas, con énfasis en la prevención, el fortalecimiento familiar y comunitario y la reducción efectiva del número de niños y niñas que requieren medidas de separación.

El segundo es hacerse cargo de las raíces estructurales de la crisis: un modelo de financiamiento y compra de servicios que sigue tensionando la calidad de la intervención; condiciones laborales frágiles para quienes cuidan; y una débil articulación con salud, educación, vivienda y seguridad social, que impide respuestas integrales a la complejidad de las biografías que llegan al sistema.

Finalmente, el servicio debe desarrollar una capacidad robusta de gestión de información y supervisión en terreno, que permita anticipar riesgos, intervenir de forma oportuna y corregir, con rapidez y transparencia, cualquier vulneración de derechos producida dentro de la propia red de protección.

Una exigencia mayor para el nuevo gobierno

El nuevo gobierno que asumirá en marzo de 2026 no recibirá una hoja en blanco, sino un sistema en tránsito, con avances innegables, pero también con una crisis de confianza y resultados que no se pueden relativizar.

Su vara de evaluación no será la comparación con el SENAME, sino el cumplimiento de los estándares más altos del derecho internacional de los derechos humanos y de las propias expectativas que el Estado ha generado ante niños, niñas y adolescentes que ya han esperado demasiado.

Como Defensor de la Niñez, la invitación al próximo gobierno, al Congreso, a los gobiernos locales y a la sociedad en su conjunto es a entender que este no es un problema “sectorial”, ni una cuestión de gestión de servicios, sino una prueba decisiva de cuánto valoramos, de verdad, la dignidad y el futuro de quienes hoy dependen del cuidado del Estado.