Desregular no es planificar: los riesgos de “liberar” el suelo y eliminar permisos

Quien está nominado a ser el próximo ministro de Hacienda del presidente electo José Kast, Jorge Quiroz, ha anunciado su intención de eliminar miles de instructivos, reducir drásticamente circulares en el sector construcción y avanzar hacia una llamada “liberalización del suelo”, bajo el argumento de destrabar la inversión, acelerar permisos y reactivar la economía. La intención declarada -agilizar procesos y dinamizar el crecimiento- puede parecer razonable en un contexto de estancamiento económico. Sin embargo, cuando se observa esta propuesta desde una perspectiva urbana, arquitectónica y territorial, los riesgos superan ampliamente los beneficios aparentes.

Las regulaciones arquitectónicas, constructivas y urbanas no son un capricho burocrático. Son el resultado de décadas —y en muchos países, siglos— de aprendizaje colectivo frente a errores, catástrofes, crisis sanitarias, desigualdades sociales y fallas del mercado. En el ámbito urbano, la experiencia internacional es clara: cuando el Estado abdica de su rol regulador y deja el desarrollo de la ciudad exclusivamente en manos del mercado, las consecuencias suelen ser ciudades más desiguales, más frágiles y menos habitables.

Reducir miles de instructivos y circulares a un puñado de normas “esenciales” puede sonar eficiente, pero en la práctica implica perder precisión técnica, criterios interpretativos y herramientas de control que permiten aplicar correctamente la normativa existente. En contextos complejos -como la edificación en altura, la densificación en áreas consolidadas o la construcción en zonas de riesgo- la simplificación excesiva no reduce la incertidumbre: la traslada. Y esa incertidumbre se paga luego con conflictos urbanos, judicialización, mala calidad constructiva o deterioro del entorno construido.

Uno de los argumentos más preocupantes es la idea de “desregular” el urbanismo y la construcción sin distinguir entre trámites administrativos redundantes y regulaciones sustantivas que protegen el interés público. La normativa urbana no solo ordena volúmenes o define alturas; garantiza acceso a luz, ventilación, espacio público, infraestructura, seguridad estructural y convivencia social. Debilitar estos marcos puede traducirse en ciudades más densas, pero no necesariamente mejores; más rápidas de construir, pero más costosas de habitar.

La experiencia internacional muestra que los procesos de liberalización del suelo, cuando no están acompañados de una planificación fuerte y de políticas públicas activas, tienden a profundizar la segregación socioespacial. En numerosos casos, la “libertad” del mercado ha producido entornos altamente densificados, con déficits de áreas verdes, servicios y equipamientos, donde la vivienda se reduce a un producto financiero y no a un derecho urbano. Los llamados ghettos verticales -como los de la comuna de Estación Central- no aparecen por exceso de regulación, sino por la ausencia de una visión integral de ciudad.

Además, en países sísmicos como Chile, la fortaleza de nuestro entorno construido no se explica solo por normas técnicas escritas, sino por un ecosistema institucional que incluye revisiones, controles, responsabilidades profesionales y fiscalización. Debilitar ese ecosistema, incluso de manera indirecta, puede erosionar estándares que han salvado miles de vidas. La seguridad no se garantiza únicamente en el cálculo estructural, sino también en la correcta aplicación, supervisión y coherencia del sistema completo.

Las ciudades no son una suma de proyectos individuales. Son sistemas complejos, donde cada edificio impacta en la movilidad, el espacio público, los servicios y la calidad de vida colectiva. Por eso, planificar no es frenar el desarrollo, sino orientarlo. Las economías más avanzadas del mundo no han crecido eliminando regulaciones urbanas, sino mejorándolas, haciéndolas más claras, más coordinadas y más justas, sin renunciar al rol del Estado como garante del bien común.

Reactivar la economía es un objetivo legítimo. Pero hacerlo a costa del futuro de nuestras ciudades es un error estratégico. Una ciudad mal regulada puede crecer rápido, pero también puede volverse más desigual, más vulnerable y más cara de corregir. Las decisiones que se toman hoy en materia de suelo, edificación y planificación urbana no solo afectan el ciclo económico inmediato: definen la forma en que viviremos durante las próximas décadas.

Desregular no es sinónimo de modernizar. Liberar el suelo no es lo mismo que construir ciudad y eliminar normas sin fortalecer la planificación es, en el mejor de los casos, una apuesta riesgosa; en el peor, una renuncia a la responsabilidad pública sobre el territorio.